Por Rodrigo Islas Brito
En el actual sexenio estatal que está a un año de terminar, 418 mujeres y niñas han perdido la vida por la violencia feminicida y machista, registrándose en el 2014 la desaparición de 37 de ellas, además de que haciendo un recuento, de 1998 a noviembre de 2015, 1129 mujeres han sido a asesinadas en el estado de Oaxaca.
“El gobierno ha hecho caso omiso y oídos sordos, al grado que se ha incrementado la impunidad con la que se cometen estos delitos. La violencia feminicida en Oaxaca como a lo largo del país, ha ido creciendo ante la indiferencia de las autoridades, esto trastoca a los tres niveles de gobierno”.
Comentó en conferencia de prensa la activista Ana María Hernández, durante la presentación del “Informe Ciudadano Ausencias, Violencia Feminicida y Feminicidio en Oaxaca, cuarto año de gobierno de Gabino Cué Monteagudo”, redactado por 37 organizaciones sociales.
La integrante de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad, agrego que las tareas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de violencia de género no se han cumplido.
“Reprobamos y rechazamos el ejercicio gubernamental porque no ha garantizado para nada la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas”.
La activista recordó que diversas organizaciones han introducido reformas legislativas en la actual y la pasada legislatura local, buscando una condición de legalidad para perseguir los delitos, que simplemente no han prosperado ante la indiferencia y talante político de los legisladores.
“Reformas que tienen que ver con un mejor cumplimiento de las ordenes de protección para poder sacar a las mujeres del riesgo en casos de violencia familiar, y una renovación de la Ley Estatal de Violencia contra las mujeres y las niñas”.
“El gobierno estatal ha hecho promesas que no se han traducido en actos contundentes. Hay dos caras de este gobierno. Recibe a altos comisionados de derechos humanos, pero por otro lado no hace nada”.
“En las redes se presumen las redes de trata de mujeres y de niñas, ¿y qué respuesta hay de la autoridad ?”.
Durante la conferencia, donde también se dieron cita representantes de organizaciones civiles como Mujer Nueva, Red Nacional de Jóvenes Católicas por el Derecho a Decidir, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y Palabra Radio, se recordó que violencia sexual se define como todo maltrato que ejerce presión en el ejercicio de la sexualidad, mediante el uso de la fuerza, la amenaza, la intimidación y la agresión.
Además que de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de enero de 2014 a septiembre de 2015 se registraron 35285 denuncias de violación en todo el país, mientras que en el mismo periodo en Oaxaca se registraron 552 casos.
Cifras que a la larga no representa la verdadera dimensión del problema pues se estima que solo el diez por ciento de las agresiones sexuales se denuncian.
Se trataron por otra parte en la conferencia , temas como la violencia obstetricia a las mujeres por parte de las instancias de salud del Estado, situación que ha desembocado en casos como el Irene Cruz Zuñiga, a quien un cesárea mal practicada la dejo discapacitada y con un daño neuronal permanente.
Destacando además el hecho de que las instancias medicas estatales no están hoy en día comprometidas con garantizar acciones de no repetición ante estas negligencias medicas.
Se habló de las defensoras y activistas, de cómo estas han sido violentadas a través del robo de su información digital, de sus correos electrónicos, sus contraseñas y mensajes de texto.
Con amenazas, con allanamientos de morada donde lo que curiosamente desparece son los equipos con los que las defensoras y activistas llevan a cabo su trabajo.
Resaltando la friolera de que con la nueva Ley Telecom, las empresas de telefonía están obligadas a mantener la información digital de sus usuarios por dos años y después mandársela al gobierno.
Ana María Hernández dijo que el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y la Fiscalía especializada en delitos de violencia de género, órganos gubernamentales estatales, tienen buenas intenciones, pero que estas no bastan ante la falta de presupuesto y la ausencia de una verdadera voluntad política.
En la conferencia de prensa estuvo presente Zoila Bengochea, madre de Dafne Carreño, a quien su novio y hoy preso Alejandro Rivera López le quitara la vida a cuchilladas hace casi dos años.
“Hoy hay un intento legal por reclasificar el delito que este tipo cometió contra mi hija. En este intento de su abogado apellidado Varela, ha involucrados dinero, impunidad y tráfico de influencias”.
Bengochea recordó que se reunió dos veces con el gobernador Cué Monteagudo quien le prometió justicia para su hija asesinada, pero que hoy sobre el asesino de su hija, el dictamen de sentencia va muy lento y que a dos años del crimen la justicia prometida no aparece por ningún lado.
