Conasami ignora propuesta de 86 pesos y mantiene el salario mínimo por debajo de la línea de pobreza

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A partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo que por ley se pague a un empleado en México será de 73.04 pesos por jornada laboral.

Una cifra que, si bien implica un aumento de 2.94 pesos (4.2%), ha supuesto un frenazo para quienes veían factible un alza por encima de los 80 pesos; especialmente, tras la reforma constitucional del 19 de noviembre que acordó liberar al salario mínimo de ser una referencia para el pago de multas, derechos, o de intereses crediticios. Motivo por el que organizaciones civiles vislumbraban, por primera vez en décadas, la posibilidad de discutir un alza más allá del factor de la inflación, y sin la preocupación de provocar incrementos en tarifas y multas.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunció ayer viernes que su Consejo de Representantes –integrado por 11 representantes del sector obrero, otros 11 del sector empresarial, y un presidente que representa al Gobierno federal- decidió el incremento de 2.94 pesos tomando de nuevo como referencia la inflación, la cual “será de alrededor del 2.0%”, según datos del Banco de México.

Con este anuncio se pasó por alto la propuesta que apenas el pasado miércoles 9 de diciembre presentó el Gobierno del Distrito Federal (GDF) a la Conasami, en la que se planteó un aumento de 16 pesos con 23 centavos diarios para el salario mínimo, para alcanzar así los 86 pesos con 33 centavos.

Salomon Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de México aseguró tras la reunión que tuvo el miércoles con Basilio González, presidente de la Conasami, que presentaron elementos que mostraban la viabilidad de ese aumento que, agregó, permitiría cubrir las necesidades básicas de la población y reducir la pobreza.

“Esos 16 pesos se irían a ir a comprar un litro de leche, a comprar un kilogramo y medio de tortilla; esos 16 pesos inmediatamente se inyectarán en la economía”, remarcó Chertorivski.

Además, el funcionario capitalino argumentó que con la liberación del salario mínimo fruto de la reforma del pasado mes de noviembre “se carece de pretexto para no incrementarlo, ya que no elevará impuestos, hipotecas ni multas”.

En la misma línea que el GDF, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza planteó previo al anuncio de la Conasami que el salario mínimo estuviera, al menos, en el mismo nivel de la “línea de bienestar mínimo” que establece cada mes, a partir de datos del INEGI, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo público que mide la pobreza en el país.

Rogelio Gómez, integrante de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, recordó en entrevista con Animal Político que la Constitución mexicana, en su artículo 123, establece que el salario mínimo “debe ser suficiente para sostener a un trabajador y su familia en sus necesidades básicas”.

A pesar de este mandato, en la actualidad el salario mínimo se encuentra por debajo del costo de la canasta básica. Es decir, por debajo de la línea de pobreza.

En este sentido, Gómez detalló que para octubre de este 2015 el Coneval estableció el costo de la canasta básica en 2 mil 638 pesos al mes para zonas urbanas. Esto es, 86.88 pesos al día, mientras que el salario mínimo en el país se ubica en 70.10 pesos, dando una diferencia de casi 17 pesos diarios, o 508 pesos al mes.

“Es una flagrante violación a la Constitución que el salario mínimo esté por debajo de la línea de pobreza que estable el Coneval”, denunció Rogelio Gómez, quien además recalcó que el salario mínimo en México “es el más bajo en la OCDE y de América Latina”, según datos del Banco Mundial y de la propia OCDE.

“Con aumento de 16 pesos, muchas industrias no podrían sobrevivir”

A pesar de los argumentos del GDF y de la propuesta de establecer el salario mínimo a partir de la línea de pobreza que marca el Coneval, tanto el presidente de la Conasami, Basilio González, como los representantes del sector obrero y empresarial en el Consejo de Representantes, José Luis Carazo y Tomás Natividad Sánchez, defendieron el incremento de 2.94 pesos en función de la inflación, en lugar de los 16 pesos con 23 centavos planteados.

“Aumentar un 22% el salario mínimo implicaría que muchas empresas no pudieran sobrevivir. Por eso estamos privilegiando la creación de empleo y la captura de más inversiones para el país, que son las partes que más interesan a los trabajadores”, dijo José Luis Carazo.

Tomás Natividad Sánchez señaló que la corrección del poder adquisitivo del salario mínimo se hará “paulatinamente” para cumplir con el mandato constitucional, pero sin acudir a “argumentos políticos, ni demagogos”.

“Un aumento del salario mínimo sin sustento en la productividad puede tener efectos negativos en la economía, en la inflación, en el empleo, y en que México deje de ser competitivo. Por eso tenemos que ir a paso a paso”, resaltó el representante empresarial.

“Porque la economía se mueve por hechos reales –agregó-, y cuando se incrementan los gastos de operación de una empresa, al empresario sólo le quedan dos caminos: o sube los precios, que no es fácil; o desemplea a gente. Así de sencillo. Por lo que si tienes cinco trabajadores, y de repente te implantan una subida del salario mínimo del 22% en lugar del 4%, pues sacas tres empleados y te quedas con dos”.

Por su parte, cuando se cuestionó al titular de la Conasami para cuándo visualizan “una recuperación significativa del salario mínimo” más allá de un alza de 2.94 pesos, éste recordó que en el incremento de los salarios entran en juego tres factores: que el Producto Interno Bruto (PIB) “crezca lo máximo posible y por un periodo largo”; que las tasas de inflación sean bajas “también por periodos largos”; y que se incremente la productividad del país.

Ante la posible inconformidad por este aumento que no llega a tres pesos -en su cuenta de Twitter, Chertorivski acusó ayer a la Conasami de “volver a violar la Constitución”-, Basilio González dijo que continuarán estudiando “la forma de avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, tomando en consideración la productividad, y sin que se afecte el empleo y las demás variables económicas”.