Por Notimex
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones contra nueve partidos políticos por casi 39.4 millones de pesos, tras revisar los informes de ingresos y gastos ordinarios de esos organismos correspondientes a 2014.
El instituto político más multado es el Partido del Trabajo (PT), con 10 millones 953 mil 686.07 pesos; seguido del de la Revolución Democrática (PRD), con 9 millones 216 mil 778.73 pesos.
El Revolucionario Institucional (PRI) fue sancionado con 8 millones 859 mil 117.57 pesos y Acción Nacional (PAN), con 3 millones 436 mil 130.89 pesos, según se dictaminó, durante la sesión extraordinaria del instituto electoral.
Le siguen Encuentro Social, con una pena de 2 millones 644 mil 270.54 pesos; Morena, con un millón 623 mil 374.65 pesos; Movimiento Ciudadano, con un millón 419 mil 656.31 pesos; Humanista, con un millón 286 mil 065.80, y Nueva Alianza con mil 345.80 pesos.
El consejero electoral Ciro Murayama Rendón explicó que en total se revisaron 7 mil 880 millones de pesos entre ingresos y egresos totales de los partidos, de los que la Unidad Técnica identificó 192 observaciones sancionatorias que ascienden a casi 39.4 millones de pesos.
Explicó que las multas aplicadas obedecen a que no se identificó gasto sin objeto partidista, cuentas por pagar y por cobrar con antigüedad mayor a un año, omisión para destinar un porcentaje a actividades específicas y egresos no comprobados, así como irregularidades contables de otros tipos.
La suma de sanciones representa menos de un punto porcentual de los recursos fiscalizados; por ello se puede decir con toda claridad que los partidos políticos cumplen en lo fundamental con las disposiciones legales aplicables respecto a los ingresos y egresos con que operan sus actividades ordinarias”, expuso el consejero.
Además, deja claro “que el dinero es bien habido y que tiene un buen destino. Creo que esos datos van a contracorriente del discurso que quiere identificar a la política y a los actores de la política con dispendio y mal uso de los recursos”, externó.
Murayama Rendón mencionó que un análisis detallado también demostró que el grueso del comportamiento de los actores políticos en el sistema plural de partidos en México es honesto, riguroso y se apega a sus obligaciones de rendición de cuentas y transparencia.
El consejero recordó que la reforma electoral se publicó el año pasado y, “al estar vigentes al iniciar el ejercicio 2014, fue la que aplicamos a los partidos políticos”.
Refirió que “de hecho 2014 será el último año en el cual las cuentas de los partidos políticos a nivel local no serán analizadas por el INE, sino por las autoridades locales”.
Antes, el pleno del Instituto Nacional Electoral aprobó el modelo y la impresión de la boleta que se utilizará en los comicios extraordinarios del 17 de enero de 2016, cuando se renovará la gubernatura de Colima.
Además, aprobó el modelo de mascarillas en escritura Braille para la boleta electoral, con el fin de que las personas con discapacidad visual puedan marcar su papeleta por sí mismos, si así lo desean.
Las boletas electorales estarán adheridas a un talón foliado, del cual serán desprendibles, en tanto que el talón contendrá datos como entidad federativa, distrito electoral, tipo de elección, así como el número consecutivo del folio que le corresponda.
El cuerpo de las boletas electorales no estará foliado e incluirá la leyenda “elecciones extraordinarias”, entidad, distrito, municipio, el cargo para el que se postula al candidato o candidatos, el emblema a color de cada uno de los partidos nacionales que participan con candidatos propios.
De igual forma, si se trata de coalición, datos como apellidos paterno y materno, nombre completo y, en su caso, el sobrenombre del candidato o candidatos; las firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo del Instituto y el espacio para candidatos.
El proyecto aprobado establece que las boletas electorales deberán contener medidas de seguridad a fin de evitar que sean falsificadas, las cuales se darán a conocer hasta que se lleven a cabo los mecanismos de verificación que en su caso apruebe el Consejo General.
