Por NoiteSe
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) declaró admisible la demanda internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra el Estado de Chile por prohibir a la profesora, Sandra Pavez, impartir clases en razón de su orientación sexual.
En comunicado de prensa, Movilh refiere que en 2007, la Iglesia Católica chilena negó a Sandra un certificado de idoneidad que la autorizaba a hacer clases de religión, a menos que fuera a un psiquiatra para revertir su homosexualidad, siendo dicha medida luego refrendada por un fallo de la Corte Suprema.
Para su cometido, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, se valió del Decreto 924, el cual fue creado en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet. El Decreto faculta a las iglesias a decidir quiénes son “idóneos” para dictar clases de religión, incluso en colegios laicos.
En este marco, para la CIDH, Chile es presuntamente responsable de violar la Convención Americana de Derechos Humanos, todo en el marco de una acción emprendida por la Iglesia Católica en virtud de facultades otorgadas por el propio Estado.
“La CIDH considera que los alegatos de los peticionarios relacionados con el alegado retiro del certificado de idoneidad con base a la orientación sexual de la presunta víctima, efectuado por las autoridades religiosas en uso de las facultades delegadas por el Estado mediante un decreto, requieren de un análisis en la etapa de fondo para evaluar su compatibilidad” con la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo la instancia la declarar la admisibilidad.
Añadió que Chile sería responsable de violar 4 artículos de la Convención: el número 8 sobre el debido proceso; el 11 sobre la no injerencia en la vida privada; el 24, referente a la igualdad ante ley y la no discriminación y el 25, que garantiza un recurso sencillo y rápido frente a la violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La determinación fue firmada en Washington por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine; por el primer vicepresidente, James L. Cavallaro; por el segundo vicepresidente, José de Jesús Orozco y por los miembros de la comisión Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo Vannuchi. La notificación a las partes fue suscrita por el Secretario ejecutivo de la Comisión, Mario López-Garelli,
Junto con anunciar que la admisibilidad del caso será incluida en el Informe Anual de la Asamblea General de la OEA, la CIDH dio un plazo de cuatro meses para que el Estado y el Movilh presenten argumentos de fondos o expresen alguna intención de solución amistosa.
Sandra Pavez
Tras conocer la noticia, la docente se declaró “emocionada por la determinación de la CIDH. Han sido 8 años de espera y tristeza porque no he vuelto a hacer clases. Espero que Chile sea sancionado para volver a mi trabajo, que lo amo”.
Añadió que “nunca pensé que mis capacidades profesionales; que nunca estuvieron en cuestión por ningún otro colega, alumno o apoderado; serían menospreciadas por un aspecto de mi vida privada, que no tiene relación alguna con la docencia”.
También dijo estar consciente de que “la admisibilidad de la CIDH es solo un paso más en esta larga lucha que es bien difícil, pues no sólo estamos hablando de la homofobia del Estado. También hablamos de la homofobia de la Iglesia. Es decir es una lucha contra la Iglesia y el Estado donde espero triunfe la no discriminación”.
Reacciones
La organización Alliance Defending Freedom, vinculada al catolicismo, presentó ante la CIDH un “amicus curie” para argumentar que no se vulneraron los derechos de la profesora.
El grupo cuenta con dos mil 700 abogados, con 200 organizaciones aliadas en todo el mundo y con oficinas en México, Nueva York, Ginebra, Bruselas, Nueva Delhi, Viena y Washington. Al mismo tiempo, Alliance Defending Freedom está acreditado en la OEA, en el Parlamento Europeo, en la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, además de contar con el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
El grupo argumentó que “muchas de las calificaciones que se requieren para ejercer una profesión, tiene que ver con la vida privada. En este sentido, la vida privada, toca el ámbito de la público y por ende no se está trastocando la esencia de la privacidad, sino únicamente el punto en donde convergen”.
A su juicio en el caso de Sandra “su vida privada estaba estrechamente relacionada con su profesión (…) En otras palabras, el obispado de San Bernardo no intervino en la esencia de la vida privada de la demandante, sino únicamente en la parte de la vida privada que se relacionaba directamente con su trabajo”.
En uno de los párrafos el grupo llega hasta a calificar de “buena fe” la exigencia de la Iglesia para que Sandra fuese un psiquiátra.
A la profesora le indicaron que “con su conducta estaba poniendo en peligro su idoneidad (yendo en contra de lo que establece el canon, norma pre-establecida), e incluso se le ofreció ayuda. Una ayuda que era de buena fe y de acuerdo a las creencias” de la iglesia, dijo el movimiento dando señales de los futuros argumentos que en este caso se irán poniendo sobre la mesa para negar el derecho de Sandra a ejercer la profesión que ama.
