Por La Crónica
Los familiares de centroamericanos en tránsito por territorio nacional podrán levantar denuncias ante el Ministerio Público Federal sin salir de su país. Una vez captada la denuncia, los delitos que sufran sus familiares en México serán investigados por la Procuraduría General de la República, a través de un Ministerio Público especializado, e incluso podrán ser sujetos de pago por reparación del daño.
Hasta ahora, los delitos contra migrantes que van con dirección a los Estados Unidos han quedado sin atención debido a que los familiares acuden a las autoridades centroamericanas y éstas se declaran incompetentes para atender algo ocurrido en México; las familias de las víctimas generalmente no pueden cubrir los gastos para viajar a nuestro país y presentarse ante el Ministerio Público, aun en casos como homicidios o secuestros.
El círculo de impunidad se cerraba así, perfecto, en este vacío jurisdiccional e incluso llegaba a prolongarse más allá de la muerte misma.
Recientemente, cuatro migrantes murieron en un accidente en Veracruz. Los cuerpos fueron repatridos a Honduras gracias al apoyo económico de instancias gubernamentales; a pesar del pago del servicio, los cadáveres no recibieron preparación en la funeraria contratada.
“La familia terminó peor: los chicos, así como habían caído en el zacatal donde murieron, así venían, con zacate, con lodo”, rememora Rosa Nelly Santos, presidenta del Comité de Familiares de Migrantes de Progreso, Honduras, en plática telefónica con Crónica. Esta mujer, una de las que encabezó las marchas de madres centroamericanas que atravesó el istmo centroamericano y arribó hasta México, se pregunta cómo podría ponerse una denuncia sobre este hecho que, después del fallecimiento, atenta contra la dignidad del migrante y de su familia, “si hasta ahora hay que viajar hasta México, la familia no puede pagar”.
La imposibilidad de la denuncia convierte en víctimas ideales a una masa de más de 150 mil personas cada año. La Procuraduría General de la República (PGR) pretende remediar con la emisión del Acuerdo A/117/15 que crea una Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes.
El acuerdo de la procuradora Arely Gómez, publicado el 18 de diciembre pasado, no alude explícitamente a un origen de la migración, pero la medida puede considerarse excepcional justamente porque, a diferencia de otras recomendaciones internacionales, el gobierno mexicano optó por seguir a pie juntillas las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis en torno a la migración procedente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
El titular de esta Unidad, confundido en ocasiones con un fiscal para localizar migrantes desaparecidos, será nombrado en unos días y se convertirá en el ejecutor de un “Mecanismo de Apoyo Exterior” que es, en realidad, la piedra angular de lo que intentará el gobierno mexicano.
La fiscalía convertirá a las agregadurías de PGR en “la puerta de entrada para que las familias y víctimas migrantes puedan acceder, desde el país donde se encuentren, a las instituciones del Estado mexicano encargadas de investigar los delitos que se cometan en territorio mexicano contra la población migrante”.
El objetivo es que se pueda “ejercer su derecho al esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, incluido también su derecho a la reparación de los daños causados por el delito” sufrido, lo que incluye la compensación económica.
Como instancia federal, la Unidad encabezará las indagatorias en torno a delitos de este fuero, pero participará en aquellas del fuero común que se liguen, por ejemplo, a crimen organizado y todos aquellos casos en donde la autoridad del fuero común pida su colaboración.
El Programa Especial de Migración 2014-2018 indica que percibe
una tendencia a la alza, particularmente de nacionales salvadoreños, lo que indica que la alternativa de migrar sigue siendo percibida por muchos centroamericanos como la única opción de vida.
De los migrantes centroamericanos devueltos a su país de origen en 2013, 23 por ciento manifestó haber enfrentado en México falta de agua y alimento, insolación, caída del tren, extorsión y robo
La Organización Internacional para las Migraciones estima en 150 mil el número de centroamericanos que cruzan la frontera sur de México e inician la ruta en territorio nacional rumbo a EU.
Los cruces informales de Centroamérica a México se estiman en un cuarto de millón cada año. Ese es el número potencial de personas que pueden sentirse tentados a emprender la ruta al norte.
