No obstante, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aún tiene el recurso de impugnación, que podría extenderse más allá del próximo 8 de febrero, fecha en la que pierden vigencia los permisos federales de los que goza este complejo inmobiliario de 58 hectáreas en el centro de Cancún.
En caso de confirmarse la suspensión definitiva y ello derive en la cancelación del proyecto, Fonatur advirtió que tendría que pagar 3,000 millones de pesos en demandas para resarcir a los empresarios que adquirieron terrenos “de buena fe” para la construcción de 22 diversos proyectos inmobiliarios en un total de 43 predios, además de que se cancelaría la posibilidad de captar 11,563 millones de pesos en inversión.
Malecón Tajamar tiene una densidad máxima autorizada de construcción de 2,583 nuevas unidades de alojamiento, conforme al Programa de Desarrollo Urbano de Cancún de 2005.
La defensa
Fonatur está alegando para echar abajo el recurso, que el desmonte en el Malecón es ya un hecho consumado de imposible reparación, por lo cual los demandantes carecerían de interés legítimo en la defensa de ese hábitat en particular, explicó Isabel González, abogada de los activistas que promovieron los recursos contra la devastación.
El Fonatur también está alegando que el juez no fijó la fianza que corresponde para resarcir a los terceros afectados, en este caso las 22 empresas que ya compraron 43 terrenos en el complejo.
La abogada aseguró que se trata de una pequeña victoria pero aún tendrán que seguir litigando, puesto que esta sentencia no resuelve el amparo de fondo. En lo inmediato tendrán que esperar la resolución del Tribunal Colegiado, que tendrá que definir con base en el desahogo de pruebas si el juez procedió de manera correcta en su resolutivo. Recordó que de manera paralela también se tienen que resolver los recursos interpuestos en los juzgados tercero cuarto y quinto con sede en Cancún.
Ven efectos negativos
El hecho generó diversas reacciones a nivel empresarial, académico y social.
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Quintana Roo anticipa que el caso no sólo tendrá repercusiones para los directamente involucrados, que son los 22 empresarios inversionistas, sino que se está enviando un mensaje negativo que podría desembocar en la cancelación de otras inversiones, derivado de la incertidumbre jurídica que se genera con este tipo de decisiones.
Eloy Peniche Ruiz, dirigente de Coparmex, dijo que si prospera la suspensión definitiva, el caso en tribunales puede tardar de uno hasta cuatro años antes de que llegue a la última instancia, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nueva visión
El presidente del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Lorenzo Rosenzweig, dijo en Cancún que se trata de un caso que evidencia que el modelo de desarrollo turístico e inmobiliario en México está chocando con otra visión de desarrollo más armónica con la naturaleza.
