Por Alberto Alonso Criollo
ISONOMÍA
Poder diluido, complejidad y desarrollo democrático en Oaxaca.
Trazos para un debate necesario
El proceso electoral en Oaxaca es un espacio de oportunidad para dar respuesta a los grandes desafíos y problemas que vive nuestra sociedad. La pobreza, la desigualdad; el subdesarrollo económico y político; la profundización de la brecha entre expectativas y demandas ciudadanas versus estrategias de los partidos y actores políticos; además de los fenómenos de diferenciación social, incluida el aspecto cultural, son temas cruciales en el contexto histórico de la sociedad nacional y la mundial, de la información y el conocimiento.
En ese escenario mundial y nacional se construye nuestra coyuntura electoral 2016 como espacio en donde debería generarse el proyecto de desarrollo en Oaxaca atendiendo a los límites, desafíos y oportunidades que el contexto general impone. Comprender ese complejo entramado de estructuras, proyectos y prácticas en donde se desarrolla la competencia electoral local, debía ser la vía para articular el proyecto que necesita el estado; pero sobre todo, el que necesita nuestra gente.
Uno de los clásicos del estructural funcionalismo de corte crítico, Nico Poulantzas, ( Poder político y clases sociales; Siglo XXI editores; 1969) definía a la política como “el espacio en donde se condensan y se resuelve la totalidad de contradicciones de la unidad social”. Al margen de la postura crítica, la afirmación recupera el profundo significado de la política como esfera trascendente, privilegiada de la unidad social y su lugar en la síntesis del entorno nacional y mundial.
Dicho en cristiano, se entiende la importancia de la esfera política en la construcción de proyectos que afectarán millones de personas que se integran en la sociedad. Al mismo tiempo, destaca los impactos que las temáticas mundiales y nacionales dejan en el desenvolvimiento de las luchas locales y claro, en la particularidad del desarrollo institucional y de las prácticas de los actores.
En el límite del espacio y del tiempo disponible había que entrar en materia. Tal parece que una guía provechosa (no la única) para comprender el conjunto de cambios que caracterizan la escena nacional es el concepto de Poder diluido, ampliamente expuesta por el profesor Danilo Zolo y Jesús Timoteo Álvarez (Véase Universidad Complutense de Madrid FISEC 2004).
En esta exposición, el concepto articula dos tendencias fundamentales; la de la influencia desmesurada de los medios masivos en la política y el desarrollo creciente de un estado que ya no es capaz de controlar las distintas variables de la acción política ante el desarrollo de la diferenciación social y política de grupos e instituciones que son capaces de incidir, por la vía formal o no, en la toma de decisiones del aparato gubernamental.
Aún más, el concepto o el planteamiento teórico recupera la importancia de los poderes fácticos de los grupos de poder en la acción no institucional, incluidas las corporaciones e incluso los grupos del crimen organizado. Todo esto como parte de la diferenciación señalada, incluida la complejidad de los tendenciales procesos de autorreferencia o alejamiento de partidos y actores políticos, incluidos los cuerpos de gobierno, con respecto a la demanda y expectativa ciudadana.
En rigor el concepto de “Poder diluido en las democracias post representativa” añade un tercer elemento que merece un análisis detallado. El que refiere un fenómeno en donde el poder se genera en buena parte en los grupos fácticos de poder, en la contraparte del modelo clásico de la democracia representativa en donde los gobiernos son producto de la voluntad ciudadana y absorben o se esfuerzan por atender la necesidad y claro, la expectativa ciudadana.
Bajo esta suposición a partir del 2000 con la alternancia nacional se genera un importante cambio en el modelo de competencias políticas y en el funcionamiento general del sistema que deja ver con claridad la creciente influencia de esta diversidad de poderes fácticos. El poder diluído, se traduciría en este caso en un fenómeno de dispersión del poder del estado acotado por la capacidad y el poderío de grupos de poder fáctico.
Y por supuesto que no se trata de una dispersión positiva del poder público con proyectos creativos de beneficio para la sociedad mexicana; al contrario, estos poderes se constituirían como obstáculos para el desarrollo económico y político. Por ejemplo, los monopolios de telecomunicaciones o los grupos del crimen organizado, etc.
Esta problemática percibida por la clase política nacional, en una expresión de su autonomía relativa, fue confrontada parcialmente, en la reforma del 2012 en materia de medios y campañas electorales; además de las reformas del 2013 en materia de regulación de competencia en materia de monopolios; la que corresponde al campo de las telecomunicaciones y la de naturaleza fiscal.
No puede negarse que esas medidas servirán para paliar la injerencia excesiva de algunos grupos de poder fáctico como los propietarios de los medios de comunicación de telecomunicaciones en general (Trejo Delabre, R.: Telecomunicaciones: nueva diversidad, primeros pasos. mediocracia.wordpress.com/ febrero 1 de 2016) o los grupos delincuenciales del crimen organizado, etc.
Estas reformas que tratan de fortalecer al estado y construir escenarios más parejos de competencia política y económica al mismo tiempo; en la medida de su reciente puesta en marcha, apenas y están dejando ver sus efectos que en principio parecen positivos. Sin embargo, están lejos todavía de mostrar la contundencia que reclama la cantidad de variables existentes en la actualidad y que funcionan para entorpecer la competencia democrática y el desarrollo político.
De hecho la perversión del juego político ha convertido algunas de estas reformas, prácticamente en su contrario. Es el caso de la Reforma electoral que so pretexto de fortalecer la hegemonía del estado nacional; incurre en un centralismo que sin ambages, ha partidizado en exceso los órganos electorales. Esta es parte de la crisis del modelo de democracia representativa que se traduce en la estructuración de instituciones autónomas que no representan el interés ciudadano sino el de los partidos o de los grupos gobernantes.
Bajo esta lógica las Reformas estructurales implementadas por el Gobierno de Peña Nieto estaría destinadas básicamente a recuperar la hegemonía del estado en la definición estratégica del desarrollo del país. A cuenta gotas y en altibajos las medidas parecerían positivas aunque totalmente insuficientes. Por lo demás, las cloacas de la corrupción; la penetración de la política por los grupos delincuenciales y la multitud de fosas clandestinas indican colosales tareas pendientes.
Con todo este proyecto del grupo en poder nacional, despide un fuerte tufo centralista y autoritario, en la medida que es un arreglo entre élites gobernantes que no comparten el poder ni satisfacen las necesidades y las expectativas ciudadanas. No se orientan a empoderar a la contraparte de la clase política: los ciudadanos que integran a la sociedad civil.
Ni las políticas públicas ni los proyectos de educación y mucho menos, los medios de comunicación, están orientados a fortalecer realmente el poder ciudadano que debería ser la verdadera contraparte del poder político y del respeto al estado de derecho. Al contrario, todos estos elementos están al servicio de la lucha por el poder excluyente que hace a un lado el interés ciudadano al mismo tiempo que convierte a los partidos y las elecciones en empresas de poder.
Finalmente estas variables de la conformación del contexto político mencionado, aquí trazado sólo en líneas gruesas, es la circunstancia del entorno que incide en el sistema local; aunque no lo determine de manera unívoca. Por supuesto que en la lectura correcta de ese contexto se encontrarán, indiscutiblemente, elementos para el discurso y la estrategia que deberán seguir los contendientes electorales.
Al último queda claro que el proceso electoral oaxaqueño 2016, el primero después de la alternancia del 2010, ha construido la peculiaridad de sus procesos en el contexto aludido y en una cambiante correlación de fuerzas y actores políticos que trataremos de analizar en las próximas entregas.
