Por Francisco RAMÍREZ
El Fiscal Especializado Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, reconoció que el “Turismo electoral” es un lastre para la democracia en México, no solo por la afectación que causa al Registro Federal de Electores, sino por el uso que se da a la marginalidad poblacional.
Al estar presente en la capital del Estado para la firma de un convenio de colaboración con el gobierno del estado, reconoció que esta práctica va en aumento, detectándose a 22 años de la creación de la FEPADE, más de 6 mil casos de este tipo.
Nieto Castillo reconoció que en el próximo proceso electoral Oaxaca para la dependencia, como para la Procuraduría General de la República (PGR), tiene una especial importancia, sin embargo todas las elecciones que se registrarán en el país durante este año son relevantes.
En este caso y al referir algunas cifras, como también su presencia en la entidad es para dar un seguimiento especial al proceso en Oaxaca, señaló que la dependencia inició 71 averiguaciones previas por delitos electorales en el 2015, de las cuales 36 están relacionadas con alteraciones al Registro Federal de Electores, entre ellos se tiene abierto una una carpeta de investigación relacionada con el “turismo electoral”.
Así mismo dijo que la FEPADE en este momento da seguimiento a cuatro temas relacionados con el proceso electoral 2016; dos por condicionamiento de programas sociales y dos relacionadas con la posible compra de votos, sobre las cuales se negó a proporcionar mayores detalles para no violar el sigilo de las investigaciones.
El fiscal no descartó que durante la jornada del primer domingo de junio, como antes del proceso, habrá un despliegue importante de funcionarios del Ministerio Público Federalpara dar certeza y seguridad a los ciudadanos y estos a su vez puedan presentar sus denuncias sobre cualquier acto ilícito que se presente.
Por otra parte, Nieto Castillo señaló que hasta el momento la Fiscalía ha recibido 12 vistas de parte del INE relacionadas con financiamiento ilícito a candidatos o partidos políticos, lo cual no significa que sean recursos de procedencia ilícita, sino que se viola alguna de las normativas previstas dentro de la Ley y que tiene que ver en el uso de prerrogativas.
