Por Agencias
Un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió el viernes el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a un puesto en el gabinete federal en medio de una investigación por corrupción, al llamarlo un claro intento por ayudar al alguna vez popular ex líder a sortear sus crecientes problemas legales.
Era probable que la decisión del juez Gilmar Mendes avivara las de por sí altas tensiones, ya que se produjo poco después que decenas de miles de simpatizantes del gobierno centro-izquierdista brasileño se movilizaron para respaldar a Lula y su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff. Las manifestaciones contra el gobierno durante el fin de semana llevaron un estimado de 3 millones de personas a las calles en todo el país.
“El objetivo de la falsedad está claro: evitar el cumplimiento de una orden de detención preventiva” contra Lula da Silva que está siendo considerada por un tribunal menor, escribió Mendes en su fallo.
Hace dos semanas, Lula fue interrogado como parte de una extensa investigación sobre presuntos pagos de sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras. Si se convierte un ministro del gabinete, sólo podría ser procesado por una decisión de la Corte Suprema.
La decisión de Mendes deja a Lula y al país más grande de Latinoamérica en el limbo. El gobierno seguramente apelará el fallo, que a la larga tendrá que ser decidido por el pleno del máximo tribunal. Sin embargo, con la Semana Santa en puerta, podría pasar algún tiempo antes de que el pleno del tribunal se reúna.
La agitación política ocurre mientras Brasil se prepara para albergar los Juegos Olímpicos en agosto y cuando la nación más poblada de América Latina enfrenta crisis en muchos otros frentes. El país es el centro de un brote del virus del zika, que científicos creen está ligado al nacimiento de niños con una extraña malformación congénita que hace que las cabezas de los bebés sean más pequeñas de lo normal. Y su economía, motor de las de los países vecinos, se ha contraído en un 4%, la inflación ha aumentado y los anuncios de despidos masivos atemorizan a la población y se han vuelto parte de la vida cotidiana.
La decisión de Mendes, quien criticó el nombramiento de Lula a principios de esta semana, fue la última volea en lo que se ha convertido en un juego legal de ping-pong toda la semana. El viernes por la mañana, una corte de apelaciones detuvo en seco un segundo intento por suspender el nombramiento de Lula como jefe de gabinete, al tiempo que miles de sus partidarios salieron a las calles a respaldar a un gobierno cercado por varias crisis.
Lula da Silva tomó juramento el jueves como jefe de gabinete del gobierno de Rousseff, un cargo que le da al carismático líder la oportunidad de ayudar a bloquear un juicio político que se sigue en contra de la mandataria, y que también dificulta las indagaciones en contra del propio ex presidente en relación con sobornos en la compañía petrolera estatal.
Los partidarios de Lula, uno de los líderes políticos más famosos del mundo como presidente de Brasil de 2003 a 2010, se reunieron en mítines en diversas ciudades del país, en especial en el sur industrializado, donde el ex trabajador metalúrgico y sindicalista tiene su fortín político. Muchos vestían camisetas y gorras rojas, y entonaban el cántico “¡Lula, el ministro de la esperanza!”.
La respetada agencia encuestadora Datafolha calculó que 95 mil personas participaron en el mitin, mientras que la policía consideró que habían sido 80 mil.
Cuando Lula apareció encima de un enorme camión con bocinas para dirigirse a la multitud, fue recibido con sonoros vítores y gritos de “¡Lula, Lula!”.
“La semana próxima, si no hay impedimento, comenzaré a servir a la presidenta Dilma y al pueblo brasileño”, afirmó.
“Voy de vuelta para ayudar a la presidenta Dilma a hacer lo que debe hacerse: reestablecer la paz y la esperanza. En este país no hay espacio para el odio”. Concluyó su discurso de 20 minutos con una mirada fija a la multitud y un grito: “¡No habrá golpe de Estado!”.
Mientras la oposición acusa a Rousseff de querer ayudar a Lula a evitar un cerco legal que se cierne sobre él, sus partidarios tienen otra lectura: dicen que la habilidad del expresidente de 70 años para llegar a consensos podría ayudar a que Rousseff evite un juicio político en el Congreso y a que vuelva a encarrillar la economía del país, que parece ir a un abismo.
La presidenta, cuyos índices de popularidad se desplomaron al 8%, libra una lucha contra los intentos por echarla ante denuncias de mal uso de fondos fiscales en una investigación que no está relacionada con los presuntos malos manejos de Petrobras. La maniobra para realizarle un juicio político dio un paso importante el jueves con el nombramiento de una comisión especial en la cámara baja del Congreso.
Tanto Lula como Rousseff han negado insistentemente que hayan cometido cualquier irregularidad.
En una carta pública el viernes, Lula dijo que las dos últimas semanas han estado marcadas “por episodios tristes y vergonzosos” que les han hecho daño a todos los brasileños.
Como a menudo lo hace, Lula echó mano de sus orígenes humildes y de la poca educación formal a la que tuvo acceso. “Pero como ser humano sé distinguir entre el bien y el mal, y entre la justicia y la injusticia”, afirmó.
Cuestionó también la legalidad de la sorpresiva revelación de unas grabaciones telefónicas entre él y una serie de prominentes figuras públicas, incluida Rousseff.
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación por la entrega de presuntos sobornos en Petrobras, dio a conocer las escuchas telefónicas el miércoles por la noche, poco después de que Lula fuera nombrado jefe de gabinete, y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del ex presidente.
Rousseff dijo que la divulgación de las cintas es ilegal y que su revelación fue un “intento por traspasar los límites que impone un estado democrático”.
En su decisión del viernes, Mendes también dictaminó que la investigación de Lula se quedaría en manos de Moro. Los simpatizantes de Lula y su Partido de los Trabajadores acusan a Moro de estar en una cacería de brujas con motivos políticos, y han intentado que sea retirado del caso.
