Por Rodrigo Islas Brito
Marcos Leyva, director y fundador de EDUCA Oaxaca (Servicios para una Educación Alternativa A.C), define como una “situación muy preocupante” que el Congreso Federal este por votar el dictamen de una reforma de ley, que le permitiría al presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, el despojar de sus garantías individuales a cualquier ciudadano que bajo su criterio signifique por sus acciones un peligro a la paz social.
“En el entorno en que se da, de desaparecidos, de fosas clandestinas, de un crimen organizado incrustado por todos lados, con Ayotzinapa todavía muy presente en el ánimo nacional. El que ahora exista una reforma a la ley que pueda poner al presidente en facultades de suspender garantías individuales, nos habla de que las cosas ya están muy mal”.
Vía telefónica, Leyva no duda en señalar que este dictamen a ser votado por el Congreso significa “un retroceso muy grande en materia de derechos humanos en un escenario en el que el país está viviendo la mayor crisis de derechos humanos de su historia”.
El activista señala inmediatamente que lo que hay que hacer en caso de que esta reforma represora y autoritaria se cristalice es “exigir inmediatamente la derogación de la ley”.
Habla de Puebla y el Estado de México como ejemplos de estados del país donde ya existen leyes represivas que van contra la igualdad y la libre manifestación de poblanos y mexiquenses.
“Estamos ya en un escenario represivo naturalizado de manera institucionalizada. Acorde con el ritmo autoritario al que va el país”.
Leyva puntualiza una situación que a él le parece fundamental.
“Esta ofensiva autoritaria del poder se está encontrando con una sociedad movilizada, expresando que no se va quedar en sus casas”.
El activista comenta que las actuales movilizaciones sociales son una manera de expresión para gritar todo lo que está mal en un país en donde cada vez todo parece descomponerse más.
Cita a grupos cada vez más movilizados de campesinos, de maestros de la sección 22, de opositores a las eólicas, incluso a asociaciones de mezcaleros a los que hoy les quieren quitar la palabra mezcal de su producto, como ejemplos de una sociedad consciente y que no ha perdido su libertad para salir a las calles.
Entonces, ¿esta sociedad consciente, movilizada y polarizada como la de hoy en día, no está en riesgo de chocar a un más en su movilización, contra un gobierno que parece pretender imponer la suspensión de garantías individuales, como una política pública?.
Leyva responde a la pregunta con ciertos visos reflexivos.
“Están colocando un escenario de represión, con la posibilidad de un estallido social, con una sociedad que seguramente se movilizara y radicalizara sus acciones en enfrentamientos relacionados con la violación a los derechos humanos”.
Cita a Guerrero y Puebla como dos estados cuya vida pública está determinada por los intereses de la clase política en el poder.
De las y los diputados de casi todos los partidos políticos, exceptuado MORENA, que resucitaron una propuesta del 2013 para activar este dictamen sobre las garantías individuales de todos los mexicanos, comenta que “son sus intereses particulares los que los han aliado con el poder”.
“Actúan ya en la lógica de prácticas, intereses y conveniencias. Con intereses de partido o de grupo con los que negocian la aprobación o no de las leyes y reformas”.
Leyva observa que este tipo de tácticas ejecutivas y legislativas “van encaminadas en imponer primero un escenario de represión en las comunidades organizadas en la protección y preservación de sus recursos naturales”.
“Son garantías para la entrada de empresas transnacionales. Mensajes para decirles que su inversión va en tiempo y forma”.
Dice que lo que viene a continuación contra esta reforma para terminar de transformar a la Constitución en un ente persecutorio y represor es “juntarnos como sociedad”.
“Generando acciones jurídicas, ante todo por la vía civil, por la vía de la política y la movilización. Buscando escenarios para que estas se den”.
¿Estamos entonces los mexicanos ante la posibilidad de entrar de lleno en un escenario de represión institucionalizada brutal del tipo de las dictaduras militares del Chile de los setentas o de la Argentina de los ochentas?, se le cuestiona a Leyva.
“Son momentos históricos diferentes, pero van en ese marco. Lo que si te puedo decir es que con este tipo de leyes hay rasgos ya para que el gobierno de Enrique Peña Nieto se convierta en una dictadura”.
