La Jornada
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que por no cumplirse los requisitos de procedibilidad, determinó el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa iniciada en contra de Emilio Álvarez Icaza, la cual inició a partir de una denuncia promovida por el abogado José Antonio Ortega Sánchez, dirigente de la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal.
El Ministerio Público Federal informó que “con relación a la averiguación previa iniciada el pasado 15 de marzo en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoría, por el supuesto delito de fraude, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal”.
Ortega Sánchez aseguró que Emilio Álvarez Icaza en su calidad de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habría incurrrido en el delito de fraude presuntamente por alrededor de 2 millones de dólares al haber acordado el pago de este dinero para que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes colaboraran con las autoridades mexicanas en la investigación relacionada con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El Ministerio Público Federal señaló que la notificación de esta determinación fue informada formalmente a la Secretaría de Gobernación en su carácter de representante del gobierno federal desde ayer.
Una vez que se conoció la promoción de esta denuncia penal la CIDH a través de James Cavallaro descartó que existiera un conflicto de interés por parte de Álvarez Icaza en el llamado caso Iguala. En tanto que el secretario ejecutivo de la CIDH señaló que en su contra se presentó una denuncia “temeraria e infundada” y que “México se está colocando en una regresión autoritaria”.
De esta manera fracasó el intento de Ortega Sánchez porque se enjuiciara a Emilio Álvarez Icaza ya que con esta determinación la acusación fue desechada.
