Por Comunicado
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 2/2016, dirigida a la Fiscalía General de Justicia del estado, por haber extraviado la averiguación previa258/EC/2007, en la que se indagaba el delito de homicidio culposo y daños, pérdida que vulnera los derechos al debido proceso, a una investigación diligente, así como los derechos de las víctimas y sus familiares a la justicia.
En agosto de 2013 compareció ante la Defensoría la ciudadana B. G. G. B. para presentar su queja contra el agente del Ministerio Público de Ejutla de Crespo, pues desconocía el estado de la averiguación previa 258/EC/2007 que se inició en 2007, dentro de la cual se investigaban los delitos de homicidio culposo y daños en agravió de J. J. G. B. y R. A. E.
La agraviada agregó que cuando fue a preguntar por la indagatoria 258/EC/2007, el funcionario le dijo que la había sido remitida al entonces Procurador General de Justicia del Estado, en febrero de 2009, pero que formalmente no se había recibido, por lo que estaban buscándola.
La Defensoría pudo corroborar que la investigación fue enviada por el agente del Ministerio Pública de Ejutla de Crespo a la entonces Procuraduría, así como que por medio de la mesa de correspondencia de esa dependencia, el documento fue enviado de regreso a Ejutla de Crespo.
La Defensoría detalló que durante el proceso de envió de la Procuraduría a las oficinas del agente del Ministerio Público de Ejutla, la mesa de correspondencia lo hizo por medio de la oficialía de partes del gobierno del estado, usando sobres ordinarios, sin que se pueda corroborar que efectivamente se realizó la entrega de la averiguación previa 258/EC/2007.
El organismo defensor señaló que hasta el momento se desconoce la ubicación de la averiguación previa 258/EC/2007, y tampoco se tiene certeza de que continúe en integración por medio del duplicado correspondiente, pues hasta octubre de 2013 el agente del Ministerio Público no había realizado las acciones correspondientes por el extravío de la indagatoria, necesarias para continuar el procedimiento.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca considera que es evidente la falta de mecanismos de control efectivos para prevenir la perdida de indagatorias.
La institución autónoma comprobó que se violentó el derecho el derecho humano al debido proceso de la agraviada por parte de servidores públicos dependientes de la hoy Fiscalía General del estado, ya que al extraviar éstos la averiguación previa 258/EC/2007, la agraviada no pudo hacer valer sus derechos ni defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal.
La Defensoría también corroboró la existencia de violaciones al derecho de la víctima y sus familiares a una investigación judicial que tenga por objeto la identificación y sanción de las personas responsables, así como la reparación del daño correspondiente, pues a más de ocho años de iniciada la investigación, a causa de su extravió la agraviada no ha podido acceder a la justicia, ya que no se ha sancionado a los posibles responsables de los delitos que motivaron la averiguación, ni ha podido acceder a una reparación de daños.
Ante esto, el organismo defensor recomendó a la Fiscalía que se inicie averiguación previa en contra de los servidores públicos responsables del extravío del documento citado, y de ser procedente, se ejercite la acción penal respectiva.
La Defensoría requirió a la Fiscalía que se resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad originado por la pérdida de la averiguación previa, y que de manera inmediata gire instrucciones para que se realicen las acciones necesarias para que los delitos que dieron origen a dicha averiguación previa no queden impunes.
El organismo autónomo solicitó que en caso de que ya haya prescrito la acción penal de la averiguación previa, se indemnice por los daños que sufrieron las victimas fallecidas a sus familias, además de que se realicen las gestiones para que se les proporcione una rehabilitación o tratamiento psicológico a fin de revertir las consecuencias traumáticas por la violación a sus derechos.
La institución defensora recomendó a la Fiscalía que realice un acto de reconocimiento de responsabilidad a favor de las víctimas, y que instruya a los ministerios públicos y auxiliares administrativos encargados de recibir documentación para que realicen sus funciones con estricto apego a la ley y con enfoque de derechos humanos.
Finalmente, la Defensoría solicitó que, como garantía de no repetición, la Fiscalía capacite por medio de procesos de formación a todo el personal ministerial en materia de derechos humanos para que puedan proporcionar una servicio de mayor calidad y apegado a la ley.
