Por Excelsior
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a 10 ordenamientos jurídicos y constitucionales que integran la denominada “Miscelánea Penal”, que prevé la implementación de un sistema acusatorio y oral, a más tardar el 18 de junio de 2016.
El pleno de la Cámara de Diputados avaló esta minuta que envió el Senado de la República, con 403 votos a favor y 24 abstenciones, y también aprobaron en votación económica un adenda con cambios adicionales a los que los diputados en la Comisión de Justicia ya habían realizado a la propuesta legislativa.
En los posicionamientos se destacó que gracias a esas medidas se podrá establecer un acceso a la justicia de forma gratuita, expedita, transparente y moderna.
La discusión inició a las 16:40 horas, en una sesión que comenzó a las 11:00 horas y que continúa, y no terminará hasta que se agoten los asuntos de la orden del día y se expongan las 17 reservas que presentaron diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Morena, por lo que sigue la discusión en lo particular.
Este viernes los diputados continuarán en lo que se espera que sea la última sesión de este segundo periodo de sesiones del primer año de los tres de la LXIII Legislatura.
El dictamen contiene 232 reformas a 10 ordenamientos que son: Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
Así como Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
También reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.
Para la elaboración del dictamen se recibieron aportaciones de todas las bancadas y de las organizaciones de la sociedad civil como Alto Secuestro y Renace.
Además se analizaron en conjunto con las instituciones federales, con lo que se fortaleció el documento y se privilegiaron los consensos de todas las fuerzas políticas.
El objetivo es armonizar los distintos ordenamientos que tienen relación con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral para superar las reminiscencias del sistema inquisitorio que aún existe.
Entre los puntos más sobresalientes están que se garantiza el respeto de los derechos humanos de la víctima o el ofendido y se brinda una figura más activa del asesor jurídico, y se fomenta la utilización de medios electrónicos durante el procedimiento.
Asimismo, se establecen mecanismos especiales para el trato de niños víctimas de 12 años de edad, se le da mayor celeridad a los procedimientos y se garantiza el respeto a los derechos del imputado, se estableció el mecanismo a seguir en caso de que el imputado carezca de un abogado particular o se niegue a designar uno.
También se establece con claridad la función de la policía que arribe a una escena donde se haya cometido un ilícito.
