Por Rodrigo Islas Brito
El informe final de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregado ya al poder ejecutivo y legislativo del estado de Oaxaca, da cuenta de la existencia de diferentes y posibles centros de tortura e inhumaciones humanas usadas por grupos de choque y represión gubernamental durante el conflicto social que concentró a Oaxaca durante 2006 y 2007.
En su apartado 1.3, referente a “Desapariciones Forzadas” se establece que en una comunicación hecha llegar a la CVO el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR da una serie de indicios sobre cinco lugares (que acompaña con ilustraciones y fotografías) en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habría realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social”.
El informe dice que uno de los lugares referidos es en los alrededores de una sede institucional y explica que “el teniente de navío Manuel Moreno Rivas y el teniente de fragata José Manuel Vera Salinas agentes del Cisen fueron parte de comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del movimiento popular magisterial”.
“Son conocedores de que algunas personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, atrás de este cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación”.
Afirmando que esta información la tienen los ex presidentes municipales de Santa María Coyotepec Jorge Pablo Jiménez (2005-2007) y Gerardo Guzmán de la Rosa (2008-2010), pues en este pueblo se afirma hubo una de las más crueles represiones.
El informe especifica que en febrero de 2016., miembros de la CVO volvieron a ese y los demás lugares referidos para constatar que, pese a haber hecho desde noviembre de 2015 la denuncia correspondiente tanto en la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), el lugar se encontraba sin resguardo alguno ni había sido inspeccionado como el caso lo ameritaba.
Otro domicilio referido es una casa particular que tampoco fue resguardada ni inspeccionada, y que en el informe se da cuenta de ella como “la casa del teniente de fragata Manuel Vera Salinas que ya vendió su mujer, en la Privada de Naranjo Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del exgobernador José Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones, donde residen la burguesía y los políticos de oficio de la Ciudad de Oaxaca y hoy, el gobernador Gabino Cué Monteagudo”.
Un domicilio particular ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, en donde actualmente opera una asociación civil también es señalado.
“Una casa con membrete de asociación civil utilizada para rehabilitación ubicada pasando el pueblo de Ánimas Trujano en la curva antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera Nº 175 rumbo a Puerto Escondido, esta casa operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.
Otro de los sitios es un predio de uso gubernamental, lugar sobre el que el informe de la CVO considera “que fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006”.
“En la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec que está rumbo a Ocotlán pasando la “Y”, en donde se divide la carretera para ir hacia Zimatlán”.
El informe menciona aquí el supuesto caso de un operador de una retroexcavadora que generalmente permanecía en ese sitio y que trabajaba en dicho basurero y que al poco tiempo descubrió restos humanos y por ese hecho fue amenazado y sin haber participado en los crímenes cometidos, fue asesinado. De este posible testigo y víctima, el informe no menciona nombre.
Pero asegura que esta información también la tienen Margarito Pedro Castillo (2005-2007) y Agustín Antonio Manzano (2008-2010) ex presidentes municipales de San Bartolo Coyotepec, los de Santa María Coyotepec y los del Distrito de Zaachila.
El quinto sitio es señalado como “propiedad particular del actual director de Seguridad Pública de Zimatlán, quien fue el comandante en jefe de los grupos especiales capacitados por el Ejército mexicano en 1997, después del alzamiento del EPR en Oaxaca”.
De acuerdo con testimonios recibidos por la CVO, Pedro Hernández Hernández, es un jefe policial que recibió capacitación directa del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército en las instalaciones de la Séptima Zona Militar. En su rancho, actualmente, se dedica a la cría de ganado, incluyendo búfalos:
Pedro Hernández Hernández subdirector operativo de la policía ministerial del Estado (MPE) quien hizo de su rancho en el pueblo de Vigallo, perteneciente al distrito de Zimatlán, un cementerio clandestino y su ex chofer Ángel Reyes Cruz.
“Otros testimonios recolectados por la CVO —incluyendo informantes de los cuerpos de seguridad pública— también señalan los lugares mencionados por el PDPR-EPR como sitios en los que pudieron haberse cometido inhumaciones clandestinas”.
Un sexto lugar es el panteón municipal de Puerto Escondido, lugar en el que, en mayo de 2012, se llevó a cabo una diligencia especial por parte de la Procuraduría General de la República, en coordinación con familiares de Edmundo Reyes Amaya y Carlos Cruz Sánchez, quienes solicitaron la participación de peritos independientes:
El informe señala que las víctimas que pudieran encontrarse en estos sitios no necesariamente son Cruz Sánchez y Reyes Amaya, miembros del PDRP-EPR, detenidos entre el 24 y 25 de mayo de 2007 y partir de entonces sometidos a desaparición forzada.
En la misiva hecha llegar a la CVO, el PDRP-EPR hace los siguientes señalamientos:
“Quienes están obligados a declarar dónde están los desaparecidos de este movimiento popular y nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado (MPE), quien hizo de su rancho en el pueblo de Vigallo, perteneciente al distrito de Zimatlán, un cementerio clandestino y su exchofer Ángel Reyes Cruz; Ardelio Vargas Fosado, comisionado de la Policía Federal Preventiva; el comandante de la 28ava. Zona Militar de Oaxaca general Juan Alfredo Oropeza Garnica, Ulises Ruíz Ortiz, gobernador; y Heliodoro Díaz Escárraga su asesor; ya que ordenaron personalmente los delitos de lesa humanidad cometidos contra todos y ,en particular, contra nuestros compañeros, quienes fueron detenidos y torturados, los trajeron al Campo Militar núm.1 y se encuentran encarcelados, en una de sus tantas mazmorras militares”.
“Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio [Jorge] Franco Vargas y los dos tenientes, de navío que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del Gobierno del estado”.
“Por tal motivo, solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaría de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que, de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del Estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general”.
En otro parte informativo, (Milenio, 5 de mayo de 2008), “el mando militar afirma que Franco Vargas opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado, en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial y una cantidad no precisada de elementos de la Policía Preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos”
“En el documento se indican también una serie de domicilios, que hasta el día de hoy, nunca han sido investigados con la diligencia requerida. La CVO constató la existencia de estos y tomó gráficas de los domicilios en la actualidad. Estos son:
Bungalows, Los Cárdenas en avenida Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coordinador general de Seguridad Publica Vialidad y Tránsito Municipal de Oaxaca.
Domicilio en avenida Guadalupe Hinojosa de Murat s/n. en el fraccionamiento Casas Geo de Xoxocotlan, Oaxaca propiedad del teniente de navío Manuel Moreno Rivas
Domicilio en calle José López Alavés esquina con Prolongación Naranjos, colonia Reforma, propiedad del tte. nav. José Manuel Vera Salinas”.
Cabe finalmente señalar respecto a esta filtración del informe final de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) que los únicos nombres acreditados de formalmente desaparecidos son los ya mencionados Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
Que se habla de gente y supuestos luchadores sociales desaparecidos en los centros de inhumación y tortura mencionados, pero no se da nombre alguno, y que es aquí donde una de tantas preguntas que pueden resultar de las revelaciones de la CVO:
A diez años de haber ocurrido el 2006, ¿Por qué ningún familiar ha salido a denunciar la desaparición forzada de alguna de estas posibles víctimas?.
Finalmente cabe señalar que el comisionado presidente de la CVO, Alejandro Solalinde, anunció que la versión final del informe de la Comisión estaría disponible a partir de este 28 de abril en la página web de la CVO, sin que hasta el momento haya sucedido así.
Además de que dijo que la presentación final del informe tendrá lugar quince o veinte días después de pasadas las elecciones que hoy concentran la vida pública de Oaxaca, es decir en poco más de mes y medio, cuando el primer anuncio había sido que se presentaría todo este 16 de abril.
