Por Proceso
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Programa de Educación Inicial (PEI) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), vulnera tratados y convenios internacionales firmados por México que “velan y resguardan” derechos de los pueblos originarios, provocando la pérdida de raíces entre niños indígenas de cero a cinco años.
Así lo reveló un informe del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en el que difundió los resultados de la investigación titulada Análisis y propuestas para el fortalecimiento del Programa de Educación Inicial del Conafe.
“El estudio muestra que el PEI centra su función educativa en la preparación de las y los niños para su ingreso a la escuela desde una visión del desarrollo infantil eurocéntrica y subordina la participación de las familias a los objetivos de la escolarización”, destaca el texto.
De acuerdo con la investigación del CIESAS, a cargo de la doctora María Bertely Busquets, realizada a petición de UNICEF, el programa oficial es “limitado” y excluyente.
“El proceso de formación de los cuidadores de los menores indígenas excluye, entre otras cosas, los estilos de socialización y métodos de crianza del que son portadores.
“La participación de todos los integrantes de las unidades de parentesco, así como de las y los sabios y demás comuneros y comuneras en los procesos educativos destinados a la infancia indígena, no es sólo un derecho sino una obligación y condición indispensable para su formación integral”, escribe la especialista.
Ejemplifica: “Se encontró que desde el embarazo, y hasta que los menores cumplen cuatro años, el PEI hace dudar a las mamás acerca de los conocimientos y valores transmitidos generacionalmente. Ellas se preguntan a quién deben obedecer, al PEI o a la sabiduría y espiritualidad indígena”.
Para Bertely, el plan gubernamental provoca “efectos perversos” al imponer un concepto de autonomía infantil “definido como la capacidad que adquieren las y los infantes de resolver sus propias necesidades en solitario, mientras para las comunidades indígenas el ser autónomo se asocia con la capacidad progresiva de hacer, colaborar, asumir responsabilidades sociales e involucrarse de manera paulatina en las actividades familiares y comunitarias”.
Realizado en los estados de Chiapas, Coahuila, Hidalgo Oaxaca y Yucatán, el trabajo hace énfasis en diferenciar el concepto de “colaboración” al de trabajo infantil en las poblaciones indígenas.
“Para las comunidades indígenas, un menor de edad que no colabora con la familia es un niño que no se ha convertido en persona. Y aunque la Convención sobre los Derechos del Niño sanciona sus derechos culturales, algunos de estos entran en conflicto con las maneras en que son educadas las personas en las comunidades indígenas: se cuenta con legislaciones que regulan los derechos de pueblos indígenas, legislaciones a favor de la diversidad, pero faltan instrumentos jurídicos que establezcan, más allá de la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos específicos de la infancia indígena”.
El análisis concluye que para el diagnóstico, planeación, desarrollo y evaluación de su programa, la Conafe debería incluir conocimientos, valores y actividades educativas de las familias y comunidades indígenas.
“Este proyecto demostró que con una estrategia metodológica adecuada se podría involucrar más a las madres, abuelas y a los cuidadores de los niños, para que enriquezcan los programas, porque mientras avance la educación sin tomarlos en cuenta, el niño indígena se irá fragmentando y desarraigando cada vez más”, advierte el CIESAS.
