Por Rodrigo Islas Brito
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), afirma haber recibido con grave preocupación información de fuentes fidedignas sobre una denegación gubernamental del acceso a tratamiento médico sobre Librado Jacinto Baños Rodríguez, defensor de derechos humano, asesor comunitario, abogado y fundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Esto a pesar, señala el escrito del Observatorio, “a pesar de la gravedad del estado de salud, y de los malos tratos y el hostigamiento judicial en contra el señor Baños Rodríguez”.
Argumentan que Librado Baños fue detenido de manera ilegal y arbitraria el 25 de agosto del 2013, cuando un operativo mixto de policías, ejercito y marina entró a su domicilio sin orden de cateo ni de aprensión.
“Los elementos registraron el domicilio, sustrajeron objetos de valor de la familia y se llevaron al defensor con importantes niveles de violencia en contra suya y de su hijo menor de edad. Su detención y procesamiento parecen estar motivados por su activa defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, particularmente sus derechos a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda”.
El Observatorio comenta que el hoy preso se enfrenta a cargos por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de insignias y siglas de uso reservado para una corporación policial, privación ilegal de libertad en modalidad de secuestro y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
“A partir de su detención, las irregularidades procesales han sido constantes. La etapa de instrucción del proceso judicial que se encuentra en el Juzgado octavo Federal de Distrito con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez está por cerrarse”.
“El defensor sigue detenido en el Penal de Santa María Ixcotel del Estado de Oaxaca. Es importante destacar que dicha detención fue declarada como arbitraria en la Opinión 19/2015 de 13 de Julio de 2015 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria”.
El Observatorio reitera que Librado Jacinto Baños Rodríguez ha experimentado un grave deterioro de su salud y la casi pérdida de la vista ante la negativa de las autoridades de Oaxaca de garantizar su derecho a acceder a tratamiento médico adecuado.
“La situación actual es producto directo de varias violaciones de derechos humanos en su contra por parte de funcionarios del Penal de Santa María Ixcotel en junio de 2015. Cuando el Sr.
Baños Rodríguez fue operado de su ojo derecho el 26 de junio de 2015, fue golpeado por los guardias del penal, fue sometido a aislamiento y le fue denegado el tratamiento médico que necesitaban sus ojos para que la operación cumpliera su función de detener la pérdida de visión”.
“Gracias al apoyo del médico particular, se le aplicó la inyección intraocular necesaria y se recetaron los medicamentos para detener el deterioro y por consiguiente la pérdida de visión. Sin embargo, pese a que los medicamentos se entregaron a las autoridades del centro penitenciario éstos no fueron entregados al defensor hasta después de la intervención del organismo autónomo, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), lo cual nos habla de la clara negligencia de éstas autoridades”.
El Observatorio argumenta en su escrito mostrar gran preocupación por la inaceptable falta de actuación por parte de las autoridades de Oaxaca que, en un cúmulo de despropósitos, no sólo va en contra de los estándares internacionales en materia de condiciones de reclusión de personas privadas de libertad, sino también de la propia legislación mexicana, en contra de medidas de protección dictadas por instancias estatales y de decisiones judiciales en México, y en contra de la Opinión 19/2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que, aparte de requerir su liberación, impuso a las autoridades mexicanas la atención inmediata de la salud del Sr. Baños Rodríguez.
Recuerda que en el Artículo 30 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca dispone que “el servicio médico deberá ocuparse del estudio, tratamiento y control de los reclusos”, incluyendo tratamiento médico-quirúrgico y tratamiento dental”.
Además, recuerda que “el defensor cuenta con una Medida Cautelar emitida desde el año pasado por la DDHPO que no está siendo implementada dado que el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de su representación en la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, no ha cumplido los compromisos adquiridos en las mesas de seguimiento.
“Ante la grave situación de salud, la DDHPO volvió a solicitar el pasado 30 de abril de 2016 “que el defensor sea ingresado a un hospital hasta que se recupere del padecimiento que le aqueja”, a lo cual las autoridades de Oaxaca reaccionaron alegando por enésima vez que la petición debería dirigirse al juez.
“Sin embargo, esta falta de actuación por parte del Estado de Oaxaca también va en contra de lo dictado por el propio sistema de justicia mexicana puesto que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca mediante auto de fecha 18 de agosto del 2015 notificó al estado que “por lo que hace a su integridad física y mental el salvaguardo de dicha circunstancia corresponde a la autoridad penitenciaria del centro donde se encuentra recluido”.
El Observatorio dice mostrar su preocupación por la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras de derechos humanos en represalia por su labor, y de no implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
Detención Arbitraria, cuando éste emite su Opinión
“Este patrón se ha repetido en hasta cinco ocasiones en el lapso de un año y afecta a otros 4 defensores y defensoras: Damián Gallardo Martínez, Pedro Celestino Canché Herrera, Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García”.
