Comunicado
Juan Maldonado Vargas, coordinador de Derechos Humanos en materia de Libertad de Expresión del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, informó que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de sus periodistas y de sus familias.
Lo anterior derivado de la Recomendación Número 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de fecha 8 de febrero de 2016, en donde se constata la nula respuesta del Estado mexicano para respetar la libertad de expresión, así como su incapacidad para aplicar el Estado de Derecho traducido en el castigo a las agresiones a los periodistas en México.
Durante la charla presidida en el Auditorio “La Tormenta” de la Universidad José Vasconcelos por el dirigente estatal del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Alfredo Marínez de Aguilar, de manera especial se hizo énfasis en la demanda de justicia a nuestro compañero Fernando Palacios Cházares, director del Portal Ruta 135; agredido salvajemente por las autoridades municipales de Teotitlán de Flores Magón.
A la fecha existen libradas 22 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables, lamentablemente el Juzgado Octavo de Distrito y la Policía Federal Ministerial han incumplido hasta ahora con la ejecución de las mismas, dado que los inculpados son maestros de la Sección XXII de la CNTE.
La CNDH informó que de enero del 2015 a esa fecha se tenían registrados 126 casos de agresiones en contra de periodistas, las cuales conjugan la Recomendación Número 24 de la CNDH, fundamentada en anteriores encomiendas emitidas para los estados de Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.
Además, refirió que los homicidios en contra de periodistas comprendido del 1° de enero de 2000 al 31 de enero de 2016 este Organismo Nacional ha documentado 109 casos integrados en 1049 expedientes de queja, relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en los que las agresiones por parte de autoridades y la ineficacia en el desarrollo de las investigaciones ministeriales resultan ser una constante.
El caso de Oaxaca, envuelto en un conflicto social vigente desde hace ya algunas décadas, pone de manifiesto un ejemplo más de incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores. Los periodistas, al desarrollar sus actividades, resultan víctimas de amenazas y agresiones directas no sólo por parte de la delincuencia organizada, sino también por autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno e, incluso, por parte de grupos civiles organizados.
De 2000 al 31 de enero de 2016, casi seis de cada diez homicidios de periodistas en el país han sucedido en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca en los que se concentra el mayor número de homicidios. Los estados de Sinaloa, Durango y la nueva Ciudad de México seguidos de Nuevo León y Michoacán.
En Veracruz, por ejemplo, se cometieron en 2014 más de tres homicidios en promedio cada día, y es el Estado en el que más periodistas fueron asesinados, con 16 homicidios contabilizados desde 2005. Es también la tercera entidad con más secuestros, con 239 casos del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015. Los altos índices de delincuencia y una deficiente labor de prevención del delito propiciaron la vulnerabilidad de periodistas y medios de comunicación.
Con base en información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 1° de enero de 2014 al 31 de agosto de 2015, Guerrero y Chihuahua ocupan el segundo y tercer lugar nacional, en homicidios dolosos. En Tamaulipas ocurren tres de cada diez secuestros del país, convirtiéndose en el Estado con la mayor cuantía de ilícitos de este tipo, con 779 casos registrados durante el periodo referido.
El común denominador en estas entidades federativas es un contexto de inseguridad y violencia, por ello la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CmIDH ha destacado que los países tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación.
También ha señalado que esta obligación resulta particularmente importante en situaciones concretas en que las autoridades saben que existe un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.
De esta manera es posible comprender la magnitud y la modalidad de los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, lo cual resulta ser una condición fundamental para poder implementar políticas efectivas de prevención, como por ejemplo, el diseño de mapas de riesgo confiables.
Obligaciones Jurídicas del Estado
El Estado, para cumplir satisfactoriamente con tal deber, se encuentra obligado, de conformidad con el artículo 1°, tercer párrafo de la Constitución General, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; asimismo, ante posibles violaciones, estos deberes se traducen en la obligación de investigarlas, con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones correspondientes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.
El derecho a la integridad y la seguridad personal, por otra parte, se encuentra establecido en preceptos de instrumentos internacionales y regionales, entre los que destacan los artículos 7°, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3°, 5°, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2° del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 1.2 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El ejercicio de la libertad de expresión en México enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años. Así lo han puesto de relieve diversos documentos de organismos
internacionales como el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las amenazas y hostigamientos son una característica regular del ejercicio del periodismo, principalmente del periodismo local que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública, entre otros.
A esto se suma que muchas de las agresiones contra periodistas locales no se denuncian formalmente por la falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades, por lo que desde el año 2000 México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.
