Por Proceso
“De frente, dando la cara, con acciones firmes y hechos contundentes”, así se resolverán las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, prometió este martes el titular de la Secretaría de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.
Durante la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que si en el cumplimiento del deber se incurre en excesos, se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes a cualquiera que quebrante la ley.
“Hoy más que nunca dejamos en claro que los problemas que se susciten en nuestras filas los resolveremos de frente, dando la cara, con acciones firmes y hechos contundentes”, declaró el funcionario federal, quien además hizo un llamado a la sociedad para que evite juicios anticipados hacia quienes buscan cumplir con su deber, hasta que un juez determine su responsabilidad legal.
Enfatizó que seguirán esforzándose para impedir actuaciones que en algunos casos tienen como consecuencia “que los verdaderos criminales queden libres y continúen dañando a la sociedad”.
Y aseveró que las fuerzas armadas seguirán dando cumplimiento al mandato constitucional de coadyuvar en operaciones de seguridad interior, lo que de ninguna manera significa “que hemos tomado la ley en nuestras manos, menos aún la vida y dignidad de otros”.
A su vez, el ombudsman nacional señaló que las fuerzas armadas y el Ejército no deben permitir violaciones a los derechos humanos por parte de sus elementos, ya que al ser dos instituciones encomendadas a combatir el crimen organizado deben de garantizar la vida e integridad de los habitantes.
“Ante la coyuntura critica que atraviesa nuestro país, en la que el Ejército y la Marina han sido llamadas al servicio para dar a nuestra sociedad la seguridad y condiciones de convivencia pacífica que otras instancias no están en capacidad de proporcionar, a nadie conviene que se menoscabe o debilite a nuestras instituciones armadas”, dijo.
Asimismo, reclamó el máximo rigor de la ley al momento de sancionar a los violadores de derechos humanos, y que los mismos paguen las consecuencias de sus delitos conforme lo dispongan las leyes.
Al referirse a las recomendación emitida sobre el caso Tlatlaya –donde 22 civiles fueron ejecutados a manos de militares en 2014–, sostuvo que dentro de las instituciones que integran al Estado Mexicano “no hay adversarios ni debe haber confrontaciones”, y todas las instituciones de la República –apuntó– comparten objetivos e intereses comunes.
El presidente de la CNDH afirmó que “cuando se determina una violación a los derechos humanos no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”.
