El gobierno de Guerrero destinó de septiembre a diciembre pasado más de 66 millones de pesos a empresas privadas, algunas de ellas “fantasma”, para adquirir uniformes y equipamiento de la Policía Preventiva Estatal (PPE).
No obstante, durante ese periodo y en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, los elementos de la corporación solo han recibido una dotación de dos uniformes y un par de calzado durante el festejo del Día del Policía en enero de este año.
A través de procedimientos poco transparentes, el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez y el actual mandatario Héctor Astudillo Flores adjudicaron 24 contratos millonarios a tres empresas y un particular, indican documentos oficiales consultados por Apro.
De acuerdo con la relación de “contratos y pedidos realizados” de la dirección general de Adquisiciones y Servicios generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), se indica que el principal beneficiado durante el interinato de Rogelio Ortega fue el empresario de origen colombiano Miguel Caballero, quien recibió 60 millones 568 mil 688 pesos por 13 contratos.
En la administración de Ortega, que se caracterizó por los señalamientos de corrupción y desvío de recursos, también destacan las empresas Battery Network, con nueve contratos por casi tres millones de pesos y Ala del Noroeste con un contrato por dos millones.
Mientras que el gobierno de Astudillo otorgó el 22 de diciembre pasado un contrato de casi un millón de pesos a un particular identificado sólo como Claudia Montserrat López Matías.
De esta forma, el gobierno estatal erogó en cuatro meses –de septiembre a diciembre de 2015–, 66 millones 653 mil 640 pesos para adquirir uniformes, calzado, chalecos blindados, equipo antimotín y fornituras destinados a la PPE, indican los informes oficiales que las autoridades tuvieron que hacerlos públicos vía acceso a la información.
Empresas dudosas
No obstante, las autoridades se niegan a difundir las actas constitutivas y no informó sobre el procedimiento de adjudicación que benefició a las empresas.
Durante una revisión de las empresas que recibieron más de 66 millones de pesos para uniformar y equipar a la policía estatal, destaca el hecho de que el empresario Miguel Caballero denunció públicamente que en Guerrero están plagiando el nombre de su marca para vender productos de seguridad al gobierno estatal.
A través de su portal oficial, la empresa colombiana que se asume como creadora de la industria fabricante de prendas blindadas y una de las principales compañías productoras de chaleco táctico a nivel mundial, informó que en Guerrero y específicamente en la ciudad de Acapulco “han sido vendidos chalecos de otras marcas utilizando como método de acercamiento y venta el nombre de esta empresa”.
Por su parte, en el caso de Battery Network, informes del gobierno federal la clasifican como una empresa dedicada a la venta de aparatos electrónicos y se encuentra afincada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
De la empresa Ala del Noroeste no existe registro público alguno y de Claudia Montserrat López Matías sólo se indica que ha vendido mangueras al gobierno de Guerrero en noviembre de 2013 por lo que recibió un contrato por casi 100 mil pesos.
En contraste con la importante inversión económica del gobierno en empresas privadas y particulares, ayer los elementos de la PPE realizaron un paro en esta capital para exigir beneficios laborales.
Entre las demandas de los uniformados destaca la exigencia de la entrega de uniformes de buena calidad y equipamiento básico para desempeñar sus funciones.
Consultados por Proceso, un grupo de policías que pidió el anonimato, aseguró que durante la administración de Rogelio Ortega no recibieron uniformes ni equipo alguno, y señalaron que en los siete meses del gobierno de Astudillo sólo han recibido dos uniformes y un par de calzado.
