Alfredo Martínez de Aguilar.
El tiempo nuevamente nos da la razón. Las acciones de sabotaje en marcha de las elecciones por la mafia CNTE-EPR confirma nuestros señalamientos. La terca realidad finalmente termina por imponerse.
La medida del éxito o fracaso de la reforma educativa se dará en Oaxaca. Lo hemos dicho de manera más que reiterada. Es nuestra convicción, a partir de elementos de juicio objetivos. A la vista de todos.
Oaxaca será la medida del éxito o fracaso de la reforma educativa. Está en disputa el proyecto de nación. No es asunto menor. Sin educación de calidad jamás se consolidarán las reformas estructurales.
Y a querer o no, guste o no, el éxito o fracaso de éstas aterrizarán en las elecciones presidenciales de 2018. Para los enemigos del PRI-gobierno será la madre de todas las batallas electorales.
Ésta es la explicación simple y sencilla, no simplista, del intenso golpeteo al presidente Enrique Peña Nieto. Detrás de la campaña de denostación hay intereses nacionales y extranjeros. Son los eternos enemigos de México.
El magnate Carlos Slim Helú y Manuel Andrés López Obrador (MALO) y Morena, son instrumentos del imperialismo yanqui. Indigna a su gobierno el acercamiento de Peña Nieto a los chino. Éstos se convierten en los nuevos amos del mundo.
En política no hay simples casualidades ni caso fortuito, ni azar del destino ni generación espontánea. Hay causalidades. Causa y efecto. Es un axioma. Verdad incuestionable, universalmente válida y evidente.
A partir de esta realidad política, no es nada casual el paro indefinido de la mafia CNTE-EPR.
De ninguna manera es coincidencia con el proceso electoral local. Y menos con la jornada comicial del 5 de junio.
Su estrategia presión-negociación-presión es ya de sobra conocida. Abrogar la reforma educativa es el pretexto. Buscan tomar el poder por asalto. Son fanáticos fundamentalistas marxista-leninistas.
A ello obedece la radicalización de sus acciones revolucionarias. Al igual que en 2006 operan comandos de la guerrilla urbana. Mañana viernes tomarán instalaciones estratégicas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Tienen planeado escalar la provocación a la fuerza pública. El objetivo es detonar la violencia y obtener lesionados y muertos. Serán elevados a los altares de la revolución como mártires y enarbolados como bandera de lucha.
Nada nuevo, en realidad, son las acciones terroristas recomendadas en el Manual del Guerrillero Urbano, escrito en 1969 por el revolucionario ultraizquierdista brasileño Carlos Marighella. Pero el Gobierno de México lo olvida.
El mayor problema es que los marxista-leninistas del Cártel de la Sección XXII de la CNTE son fanáticos fundamentalistas. Su primera victoria es lograr el diálogo para imponer sus demandas. En caso contrario, denuncian cerrazón.
La única solución es la aplicación irrestricta de la Ley. Es el único argumento legítimo, lícito y válido ante su intolerancia. El manipuleo del respeto a los derechos humanos no debe inhibir la supervivencia del Estado de Derecho.
Están pendientes de ejecución más de 20 órdenes de aprehensión. Los comandantes guerrilleros del EPR son conocidos, como Rogelio Vargas Garfias. Igual que los asesores de los dirigentes como Chico Pelón. En este caso Jesús Sánchez Alonso, entre otros.
Sus acciones forman parte de la Guerra Popular Prolongada (GPP). Es un plan debidamente preconcebido y fielmente acatado. Quienes incumplen son ‘purgados’ por comandos de ajusticiamiento revolucionario.
Los dos últimos casos conocidos son la ejecución de Rafael Vicente Rodríguez Enríquez y la desaparición de Carlos René Román Salazar, ambos ex dirigentes del Cártel de la Sección XXII de la CNTE.
Mucho sabe al respecto el ex secretario general Azael Santiago Chepi. Carlos René Román era su alter ego. Ésta es la razón por la que urge al nuevo rico magisterial buscar el fuero constitucional para garantizarse impunidad.
Ambos trabajadores de la educación, Rafael Vicente y Carlos Román estaban vinculados al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Eran operadores financieros del EPR. Pero les perdió la ambición y robaron dinero de la guerrilla.
Rodríguez Enríquez, ex secretario de Organización y Propaganda de la Sección XXII de la CNTE, era el jefe del comando guerrillero encargado de realizar secuestros para financiar a la guerrilla.
El jueves 25 de julio de 2002, Rodríguez secuestro al niño Óscar Rodríguez Guzmán, hijo del comerciante Gonzalo Rodríguez, en la calle Hornos, en el fraccionamiento Indeco Xoxo.
Gonzalo López Cartas, contratado por Román y Sergio Hernández, confesó su participación en el plagio y reveló la identidad de sus cómplices y el domicilio donde acordaron llevar al niño.
En la calle Rosales 111 de la colonia Mi Ranchito, en Santa Cruz Xoxocotlán detuvieron a Pedro Castillo Aragón e Isabel Almaraz Matías, y encontraron muerto a Rubén Ramírez Jasso.
Isabel Almaraz, originaria de San Agustín Loxicha, Pochutla, dijo que varios de los participantes en el secuestro habían sido fundadores del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En sus confesiones surgió el nombre de Roberto Torres Ramírez o Andrés Torres Ramírez, quien resultó ser Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, ex dirigente de la Sección XXII de la CNTE.
Rafael Vicente participó activamente con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y hasta antes de su muerte dirigía el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO).
Rodríguez, ejecutado el 24 de diciembre de 2011, estaba casado con Gloria Manzano Sosa. Uno de los detenidos en el secuestro de los niños Álvarez Benfield es Luis Gutiérrez Saldívar, pero en la investigación se descubrió que su verdadera identidad es Leonel Manzano Sosa, hermano de Gloria.
Como parte de las investigaciones también se demostró que la voz del negociador David Vargas Araujo coincidía con la que se tenía grabada en el caso de Calixto Saúl Bravo Martínez, quien había sido secuestrado en septiembre de 2012.
Vargas Araujo en su declaración aceptó ser asesor de la diputada federal del PRD por Acapulco, Guerrero, Rosario Merlín García; reconoce haber organizado el secuestro de los niños junto con Luis Gutiérrez Saldívar, en realidad, Leonel Manzano Sosa y Mario Olivera Osorio, funcionario por la Sección XXII del Instituto de Educación Pública de Oaxaca.
Gloria Manzano Sosa, viuda del ejecutado dirigente magisterial Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, es hermana del secuestrador Leonel y de Gustavo Manzano Sosa, secretario Técnico de la Sección XXII. Familia guerrillera dedicada al secuestro.
Otra detenida, Sara Altamirano Ramos, fue candidata del PRD a presidenta municipal de Jalapa del Marqués y dirigente de la Sección XXII. Vargas Araujo también identifica a los demás miembros de la banda y dice también que por lo menos dos de los detenidos participaron en otro secuestro en Otumba, en el Estado de México.
