Proceso.
Tres exgobernadores surgidos de las filas del PRI se disputarán la gubernatura, a menos de que el candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, dé la sorpresa por el “efecto López Obrador” y el apoyo de los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).
Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, reza un conocido refrán. Y en la jornada electoral del próximo 5 de junio se jugaran el todo por el todo los exgobernadores José Murat Casab, que apoya a su hijo Alejandro Murat Hinojosa como candidato del PRI, y por el otro Diódoro Carrasco Altamirano y Ulises Ruiz Ortiz, quienes apuntalan la candidatura de otro expriista, José Antonio Estefan Garfias, abanderado del PAN-PRD.
Las recientes encuestas de Reforma y El Financiero dan una ventaja de nueve puntos al priista Murat Hinojosa sobre el candidato del PAN-PRD, Estefan Garfias, y en tercer lugar ubican al candidato de Morena, Jara Cruz, además de 20% de votantes indecisos.
Sin embargo, a ese panorama debe agregarse el factor de la sección 22, que la víspera hizo un llamado a la base magisterial a votar en contra de los partidos que aprobaron las reformas estructurales y a vigilar los comicios con brigadas ‘cazamapaches’, con el fin de denunciar a los “delincuentes electorales”.
El líder magisterial Rubén Núñez Ginez declaró: “Hoy tenemos que dar la lucha no solamente en las calles, también en las casillas para ejercer nuestro voto. Tenemos que hacer el llamado de manera presencial e ir a las casillas electorales a depositar de manera consciente el voto que garantice el seguimiento de la práctica política, ideológica, jurídica y pedagógica (de la CNTE)”.
Sin mencionar al partido Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que los resolutivos de su Congreso Político son conformar brigadas en los 37 sectores para “orientar el voto” el próximo 5 de junio en contra de PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, así como del Trabajo, Unidad Popular, Renovación Social y Social Demócrata, por apoyar las reformas estructurales.
Cabe mencionar que el magisterio ha sido definitorio en las elecciones desde el 2006, debido a que cuando decide boicotear los comicios gana el PRI, sin embargo, cuando se trata de dar “votos de castigo”, la balanza se ha inclinado a la oposición, a tal grado que fueron artífices de que Gabino Cué haya ganado en el 2010, o de que en la elección presidencial de 2012 ganara López Obrador en Oaxaca.
El presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Gustavo Meixueiro Nájera, y el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Edgar Humberto Arias Alba, informaron que este domingo se instalarán 5 mil 167 casillas en la entidad donde habrán de sufragar dos millones 791 mil 746 ciudadanos para elegir gobernador, 25 diputados de mayoría relativa, 17 plurinominales y 153 presidentes municipales que se rigen por la vía de los partidos políticos.
Ley de Herodes
A la judicialización de la elección, las “campañas negras”, la intromisión de los exgobernadores Diódoro Carrasco, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz, así como del aún mandatario Gabino Cué, las traiciones y la violencia electoral, se suman las candidaturas de verdaderos caciques, personajes porriles y hasta sujetos presuntamente vinculados al crimen organizado.
De esta forma en la tierra de Benito Juárez se impone la “ley de Herodes”: “O te chingas o te jodes”.
Así, a los candidatos no les importa utilizar discursos mesiánicos como que traerán la modernidad y la justicia social al pueblo cuando en realidad ven como botín el llegar a la gubernatura, el Congreso local y las presidencias municipales.
Como en la película de Luis Estrada, el proceso electoral de Oaxaca está entrecruzado por acusaciones de corrupción, las instituciones al servicio de unos cuantos privilegiados y personajes como Juan Vargas (alias Varguitas) a los que les dan una pistola y la Constitución para gobernar con la llamada “ley de Herodes”.
Ahí están personajes de “horca y cuchillo” como candidatos del PRI, entre ellos Fredy Gil Pineda Gopar; Rodolfo León Aragón, Sofía Castro Ríos, Martín Rosado Chávez, Gustavo Díaz Sánchez, Teófilo Manuel García Corpus y Heriberto Ramírez Martínez.
A ello se suman los perredistas Carol Antonio Altamirano, Alejandro López Jarquín, Hugo Jarquín, José Julio Antonio Aquino, Gloria Sánchez y Eva Diego Cruz, exdiputada federal, hija de la actual diputada federal Eva Cruz Molina, sin contar con los caciques políticos que colocaron a sus “Juanitos” o “Juanitas”, como Amador Jara Cruz, Roberto López Rosado, Raymundo Carmona Laredo y Pedro Silva Salazar.
Además, se encuentra el caso de la candidata panista Eufrosina Cruz, quien desde el 2010 ha sido diputada local y federal por la vía plurinominal, es decir, ha ocupado curules sin ganar un solo voto en las urnas.
También destaca el caso del expriista Cipriano Flores Cruz y actual candidato del Partido Unidad Popular, quien fue presidente del Instituto Estatal Electoral y posteriormente colaborador de Ulises Ruiz Ortiz. Incluso se le acusó de desvíos de recursos y operar en las elecciones de 2010 a favor del PRI.
De igual forma, el ulisista José Escobar va como candidato del Verde Ecologista de México; Octavio Torres Castillo por el PT, y Guadalupe García Almanza, de MC, cuñada de José Soto, compadre de José Murat.
Los Varguitas
El diputado local del PRI, Fredy Gil Pineda Gopar, es actual candidato a la presidencia municipal de San Pedro Mixtepec. Antes ya fue edil de Santos Reyes Nopala en dos administraciones.
Este porro surgido de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca no sólo ha sido encarcelado por asesinatos, lesiones, represión y sublevación contra autoridades estatales, sino que ha protagonizado zafarranchos en el interior del Congreso local para “abortar” iniciativas, comparecencias o informes.
Además, en la región chatina, es temido por contar con grupos paramilitares e imponer autoridades en diferentes municipios para mantener el control político.
En diciembre de 2014, un grupo de porros, encabezados por 12 diputados del PRI tomó por espacio de 16 horas el Congreso local para exigir recursos para supuestos proyectos agropecuarios, situación que retrasó la sesión para la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos de 2015.
El grupo porril, que ingresó al recinto legislativo con la anuencia de Pineda Gopar, colocó cadenas con candados en todos los accesos y en varias ocasiones agredió a la prensa con piedras y botellas.
Pineda Gopar también fue acusado de meter a su escolta armada al Congreso, de golpear a periodistas y al diputado del Panal, Jefte Méndez Hernández.
En julio de 2015, una nube de gas lacrimógeno mezclada con el polvo de los extintores dispersó a los legisladores que tomaron por asalto la tribuna del Congreso local para evitar la aprobación de las leyes secundarias de la reforma electoral.
Ocultos en el recinto legislativo, porros del diputado Pineda Gopar accionaron granadas de gas lacrimógeno y los cilindros de los extintores para “reventar” la sesión. Y fieles a su origen, decidieron tomar por asalto la tribuna, azuzados por su líder camaral, Alejandro Avilés Álvarez. Incluso, en un arranque pendenciero, Fredy Gil intentó derribar la mesa del presídium y arrancar los micrófonos.
Antes, en febrero de 2013, el priista Fredy Gil Pineda Gopar creó una supuesta “policía comunitaria” en Santos Reyes Nopala en protesta por las acciones que realizó la Base de Operaciones Mixtas (BOM), donde fueron detenidos dos guardias municipales que portaban armas de uso exclusivo del Ejército.
Una vez que llevó a cabo un pase de lista a la supuesta “policía comunitaria”, conformada por unos 200 encapuchados, el entonces edil instaló un retén en el camino que comunica a Santos Reyes Nopala con San Gabriel Mixtepec, con el fin de impedir la entrada a la zona de las fuerzas federales.
Apenas el 24 de abril, habitantes de San Pedro Mixtepec denunciaron que el diputado y actual candidato Fredy Gil Pineda Gopar desalojó violentamente al grupo que bloqueaba la carretera federal 131 para evitar que el candidato del PRI a la gubernatura, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, se percatará de la problemática que existe en ese municipio de la región de la costa.
No sólo eso, pues en 1995 Fredy Gil fue encarcelado un año y ocho meses por el asesinato de un policía, y en mayo de 1997 nuevamente fue detenido por delitos contra la salud.
La Comisión de la Verdad también vincula a Fredy Gil con las “caravanas de la muerte” que utilizó el entonces gobernador Ulises Ruiz contra los integrantes del movimiento sociopolítico de 2006.
Y el Frente Popular Revolucionario (FPR) acusó a Fredy Gil de ser el responsable de la desaparición y asesinato de su militante Lauro Juárez, cometida en diciembre de 2007.
En noviembre de 2014 golpeó al diputado de Nueva Alianza, Jefte Méndez, quien lo hizo responsable de cualquier atentado.
En este sistema de corrupción e impunidad también se encuentra Rodolfo León Aragón, candidato a la presidencia municipal del Puerto de Salina Cruz, a quien se vincula en el expediente penal 232/2012-A que se ventila en el Juzgado Penal Quinto del estado de Jalisco, por la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida el 24 de mayo de 1993.
Según el portal Reporte Índigo, a León Aragón se le cita en al menos 17 ocasiones dentro de la averiguación previa penal AP/SE/001/95, la que instruyó la PGR tras la declaración de Benjamín Arellano Félix, el 14 de abril del 2011.
Sobre “El Chino”, como también se le menciona en el legajo al que fuera el director de la Policía Judicial Federal hace 23 años, pesa el señalamiento de haber sido el facilitador del complot para la muerte del cardenal Posadas, caso que a la fecha no se ha podido esclarecer.
Pese a ese historial, el PRI lo premió como candidato a la presidencia municipal de Salina Cruz.
El pasado 8 de mayo, el candidato de Morena a la presidencia municipal en ese municipio costero, Mariano Vicente Martínez, acusó al candidato del PRI, Rodolfo León Aragón, de haber iniciado una campaña en su contra, e incluso sospechó que es el actor intelectual de un intento de “levantón”, pues “desde hace 15 días nos hostigan y persiguen en los eventos donde realizamos los actos, es una muestra de la desesperación del PRI y de su candidato”, acusó.
En tanto en la región de la Cuenca del Papaloapan, la presidenta municipal de Cosolapa, Carmina Álvarez García, acusó al priista conocido como “El Gato” de contratar gente de Veracruz para tomar el palacio municipal en diciembre de 2013 con la intención de encubrir actos de corrupción durante su administración como edil.
En julio de 2015 fue denunciado penalmente el actual diputado local, Gustavo Díaz Sánchez, por amenazas de muerte al director de la Policía Municipal de esa población, Juan Martín Rocha, todo porque éste detuvo a uno de sus trabajadores.
Y en noviembre del mismo año, en el portal de noticas El Piñero de la Cuenca, se informó que el diputado Gustavo Díaz Sánchez fue amenazado de muerte a través de un mensaje:
“Las ocho lacras que dejamos en Cosolapa eran escorias que cobraban piso, secuestraban y asesinaban a gente trabajadora por órdenes de El Lalo y El Gato, quien presume de político y es asesino de periodistas protegido por el gobierno federal y estatal. Sigue mandando más para regresártelos como se merecen; asesinaste a Armando Saldaña y a Octavio Rojas y nadie ha hecho justicia. Lalo, pensaste que poniendo el dedo a nuestro comandante Picoreta te ibas a quedar con la plaza, pensaste que mandando a tus ocho matones me iban a sorprender, pero no, y tus días están contados. A ti Fernando Maza, quien le sigues pagando piso y te sigues reportando con El Gato utilizando el dinero de los cañeros del ingenio La Providencia, donde te has hecho rico con el sudor y la sangre de los líderes que has mandado a matar con la gente de El Lalo, pronto se te va a cobrar la factura, ya encendiste tu infierno con la gasolina que has robado de los ductos de Pemex y así como traicionaste al Pequitas, tu gente te va a poner con nosotros y te vas a quemar en el fuego de tu propio infierno, y a ti Gustavo Díaz Sánchez, El Gato, tu última vida se está acabando, pronto te vas a ahogar con tu sangre”. “Atentamente comandante Chichis”. “La plaza es mía”. “Por el honor del comandante `Picoreta´”.
A su vez, la exdiputada federal Sofía Castro Ríos fue denunciada por un presunto fraude con una planta productora de mezcal, a la que elevó sus costos a casi al triple y puso a nombre de su hermano José Castro Ríos.
La actual candidata a diputada por el distrito de Tlacolula, Sofía Castro, formó la unión de sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, denominada Magueyeros Chontales y Zapotecos de Yautepec, el 19 de enero de 2004 y protocolizado ante el notario público número 35, Jorge Winckler Yessin.
En el gobierno de Ulises Ruiz se firmó un convenio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la unión de productores para la operación de la planta por un monto de 100 millones de pesos, contratación que se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa, cuando el monto a financiar era únicamente de 37 millones pesos.
Antes, en 2010, en el Congreso de la Unión, las entonces diputadas federales Sofía Castro y Margarita Liborio zarandearon al panista Guillermo Zavaleta, al que tundieron con un lenguaje vulgar por apoyar a la alianza PAN-PRD y la candidatura de Gabino Cué.
Y el cacique de San Miguel Soyaltepec, Heriberto Ramírez, es candidato a diputado del PRI por el distrito electoral de Acatlán de Pérez Figueroa.
En los 20 años ha sido tres veces presidente municipal en forma alternada y ha impuesto a otros tres para tener el control de San Miguel Soyaltepec.
La región de la Cuenca del Papaloapan es controlada por el líder estatal del PRI, Alejandro Avilés, acusado de vender candidaturas hasta en dos millones de pesos; además del diputado federal Antonio Amaro Cancino, ambos de Acatlán de Pérez Figueroa; junto con Beto Ramírez (de Soyaltepec) y Gustavo Díaz (de Cosolapa).
En los Valles Centrales, el extitular de Sagarpa, Manuel García Corpus, va por su enésima legislatura y ha sido acusado de desviar recursos federales y de defraudar con cajas de ahorro a campesinos.
Esto sin contar que participó en el conflicto sociopolítico de 2006 cuando fue secretario general de Gobierno con Ulises Ruiz Ortiz.
Y Martín Rosado, candidato del PRI a la presidencia de Xoxocotlán, fue acusado por Morena, PT y PRD de mandar a golpear con porros a sus opositores, ya que temen perder “la plaza” y no poder comprobar los más de 120 millones que ha desviado el edil Héctor Santiago Aragón.
Aunque en el PRD tampoco “cantan mal las rancheras” con el candidato a diputado por Oaxaca sur, Hugo Jarquín, quien fue grabado en estado de ebriedad, discutiendo con autoridades y policías federales que custodian la sede del Consejo Distrital 08 en Oaxaca.
En el video difundido en la plataforma de Youtube se observa al entonces legislador federal con su credencial de diputado en mano, donde alega que le prohíben la entrada, “¡siendo diputado federal!”, y presume además que “cuento con fuero”.
Hugo Jarquín, aunque es secretario del PRD en Oaxaca, ha servido a los intereses del PRI, ya que en el 2006 participó con los grupos de choque para atacar al plantón magisterial y a cambio le permitieron invadir con su organización Ocho Regiones los espacios públicos del Parque del Amor.
Además, en el 2013 se postuló como candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez por el Partido Unidad Popular y permitir que el PRI recuperara esta capital.
Mientras que el dirigente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, va como candidato del PAN a la diputación de Salina Cruz. El expriista fue relacionado con un desvío millonario en la legislatura LXI.
A su vez, el actual candidato a la presidencia municipal de Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, fue acusado de enriquecimiento ilícito durante su cargo como diputado local en la LXI legislatura.
En la cuenta donde era depositada la nómina del exlegislador y que en este proceso electoral pretende obtener la presidencia de Xoxocotlán, se llegó a acumular hasta 14 millones de una manera injustificada.
De acuerdo con datos proporcionado por Comuna, la cuenta de López Jarquín en el periodo de 2011 a 2013 registró ingresos que eran retirados instantes después de que eran depositados, con depósitos superiores a los 100 mil pesos, en los primeros dos años hasta llegar a acumular 14 millones 700 mil pesos.
César Mateos detalló que la cuenta fue aperturada con 12 mil pesos en 2011 y que, al concluir el año, la cuenta registró un monto de un millón 800 mil pesos, para el 2012, López Jarquín duplicó el dinero de la cuenta manteniendo 3 millones 400 mil pesos, sin embargo, para el último año de gestión en la cuenta se ingresaron 10 millones 204 mil pesos, dando como resultado 14 millones 747 pesos, aproximadamente.
En esa misma situación se encuentra José Julio Antonio Aquino, quien busca la diputación por la vía plurinominal a pesar de ser acusado de violar los derechos humanos.
En octubre de 2012, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 09/2012 al edil José Julio Antonio Aquino, al resolver que se violaron derechos humanos de un grupo de periodistas y otros ciudadanos por parte de elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán durante un operativo policial el día 6 de marzo.
Aunque representantes de los medios de comunicación de El Imparcial, Noticias y La Jornada“fueron agredidos por elementos de la policía municipal de dicha localidad”, el entonces edil se negó a aceptar la recomendación e ignoró las denuncias.
A su vez, Gloria Sánchez López, candidata a presidenta municipal de Juchitán, se vio involucrada en el enfrentamiento que se registró el pasado 14 de mayo que dejó un muerto y cinco heridos.
Habitantes de la comunidad Álvaro Obregón que se oponen a las elecciones y a la instalación de parques eólicos acusaron a los caciques Héctor Sánchez López (hermano de la candidata Gloria Sánchez López) y el actual presidente municipal, Saúl Vicente Vásquez, del enfrentamiento.
Y la expriista Eva Diego Cruz impuso a su madre Eva Cruz Molina, mientras que ella disputa una curul en el Congreso local.
A estos casos hay que agregar “los Juanitos y Juanitas” que impusieron los caciques políticos Amador Jara Cruz, Roberto López Rosado, Raymundo Carmona Laredo y Pedro Silva Salazar.
