El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez acusó que en los últimos cinco años “60% de las autoridades destinatarias de recomendaciones” no han cumplido con ellas a pesar de haberlas aceptado plenamente.
En conferencia de prensa, anunció que notificará a autoridades de los tres niveles de gobierno sobre el incumplimiento de más de 300 recomendaciones.
Acompañado de la directora general de Planeación y Análisis Laura Gurza, el ombudsman resaltó que a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, de ese año a marzo de este año, de las 530 recomendaciones emitidas sólo han sido cumplidas 210, mientras que el resto sigue en trámite de cumplimiento.
El dato resulta relevante si se considera que desde el nacimiento de la CNDH, en 1990, de las 2 mil 567 recomendaciones emitidas a 3 mil 102 autoridades, aún están pendientes por cumplir 361.
Al señalar su disposición y la de su equipo para reunirse con las autoridades morosas en el cumplimiento de recomendaciones, el ombudsman puntualizó que hoy en día las autoridades “mayoritariamente aceptan las recomendaciones, a partir de la reforma de 2011, pero lo que hemos observado es que ahora su cumplimiento es más demorado, es importante decirlo, puede tener igual consecuencia que una no aceptación”.
Entre las dependencias que tienen el mayor número de recomendaciones en trámite están la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) con 46, Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) con 29, Procuraduría General de la República (PGR) con 23, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 15 y el gobernador del estado de Guerrero con 14.
“La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en el incumplimiento de las recomendaciones, puede ser igual de grave que la negativa a aceptar las mismas”, insistió González Pérez.
Señaló que en el caso de la CNS, por ejemplo, la situación es muy grave si se considera que tiene además dos recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, una referente a hechos ocurridos en diciembre de 2012, en que estudiantes de Ayotzinapa fueron reprimidos sobre la carretera en Chilpancingo, y otra sobre acontecimientos de 2015, en Apatzingan, en el que se detectó por lo menos una ejecución extrajudicial y el uso excesivo de la fuerza.
González Pérez señaló que los puntos recomendatorios pendientes de cumplimiento están en su mayoría vinculados a las garantías de no repetición en 39% de los casos, atención a las víctimas 29% y los procesos para determinar responsabilidades en los ámbitos penal y administrativo de los servidores públicos responsables de las violaciones a derechos humanos en 25%.
El presidente de la CNDH puntualizó que el incumplimiento “constituye, por sí mismo, una nueva violación a los derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de violaciones que dieron origen a la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita nuestro Estado de Derecho”.
González Pérez recordó que “no es justificación el cambio de autoridades en los niveles o poderes públicos (para no acatar las recomendaciones) porque estas son responsabilidades son institucionales”.
Aunque reconoció que hay recomendaciones de gran complejidad como la 26/2001, referente a las víctimas de la guerra sucia de la década de los 60 y 80, lamentó que “no se haya procedido ni siquiera a reparar los daños a todas las víctimas, la reparación es insuficiente y tenemos que seguir trabajando en la identificación con otras victimas, para dar las garantías de no repetición y para ello se requieren aspectos normativos, está en la mesa, para que se pueda reanalizar y modificar la ley federal de víctimas para facilitar la incorporación de otras victimas de ese periodo”.
En la conferencia de prensa, el ombudsman señaló que de 1990 al 15 de marzo de 2016, las entidades federales que mayor número de recomendaciones han recibido destacan la PGR con 222, IMSS con 146 y Sedena 123; en tanto que por autoridades en las entidades federativas sobresalen Guerrero con 136, Oaxaca 134, Chiapas 127, Ciudad de México 100 y Veracruz con 93.
González Pérez informó que el año pasado, la CNDH recibió tres mil escritos de queja más que el año anterior, una tendencia de crecimiento registrada desde 2010, de manera que de 2010 a 2015, hubo un incremento de 64% de los escritos de queja y de 44% de las quejas formales.
Al señalar que como parte de su gestión pretende abatir el rezago de las quejas –el año pasado resolvieron más denuncias que el número de escritos– el ombudsman dijo que el informe sobre las recomendaciones incumplidas es un primer “corte de caja” para las autoridades que no han atendido los escritos de la CNDH.
“Vamos a abrir un programa especial, vamos a dar un tiempo razonable a las autoridades para evaluar con ellos la forma en que pueden cumplir a favor de las víctimas, y si no ocurre así, vamos a dar cuenta a los medios de comunicación. Estaremos haciendo cortes permanentemente para decir cómo se encuentra el cumplimiento de las recomendaciones”, alertó.
