Si bien en Oaxaca la problemática de la desaparición forzada no se ha dado en los niveles en los que ocurre en Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Estado de México y Morelos, la entidad no es ajena a este fenómeno debido a los flujos migratorios, expuso el doctor Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un encuentro con servidores públicos de las instancias de la procuración y aplicación de justicia, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el especialista expresó que uno de los códigos penales que presentaba errores sobre este tema, era precisamente el de Oaxaca, sin embargo con la reforma realizada en el año 2013 se corrigió.
Al dar la bienvenida a los asistentes, la coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruzvillegas, señaló que ha sido interés del Gobernador Gabino Cué Monteagudo que los servidores públicos se sensibilicen en temas como éste.
Agregó que se busca realizar una labor preventiva que permita generar los sistemas de coordinación entre las diversas instancias, toda vez que el estado no es ajeno a esta problemática.
La desaparición de personas, delito que registra altos índices en México
El especialista con más de 12 años de trabajar en el tema, señaló que “el cliente” más frecuente de desapariciones forzadas es México, por lo que es importante saber qué hacer para prevenir la comisión del delito y ayudar en el contexto nacional a que esto cese.
Expuso que diversos instrumentos internacionales, definen la desaparición forzada como la privación de la libertad en cualquiera que fuere su forma, con la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, seguida de la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona interesada, substrayéndola de la protección de la ley.
Cabe señalar que la desaparición no necesariamente comienza con la privación ilegal o arbitraria de la libertad, sino que puede comenzar aún con un acto legal, ya que en ocasiones las personas son detenidas, pero no son presentadas ante las autoridades competentes para que resuelvan su situación jurídica, sino que son llevadas a otro lugar para obtener información, generando así el delito.
La desaparición forzada es un hecho ilícito cometido por el Estado, no es cometida por particulares solos, sino que éstos tuvieron que contar con la intervención de éste.
Corcuera Cabezut precisó que una característica propia del delito, es que es de carácter continuo o permanente y no termina hasta que se conoce la suerte o paradero de la persona.
“Lamentablemente el problema de la desaparición forzada, es que no hay descanso para quien no sabe dónde está su familiar o conocido”, refirió, al tiempo de reconocer que han sido las víctimas y familiares de estas, quienes han generado la atención al tema.
Contexto histórico de la atención al tema
Al hacer un recuento histórico de este delito, el académico recordó que en 1980 se conformó el primer Grupo de Trabajo de la ONU, el cual se construyó por mandato de la Comisión de Derechos Humanos del organismo para evaluar la situación de este problema en todo el mundo.
De este trabajo surgió el primer instrumento internacional de la ONU, conocida como la “Declaración para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”. En 1994 se retoma la definición en la Convención Interamericana Sobre Desapariciones Forzadas.
En 1998 se creó un instrumento jurídico penal conocido como el Estatuto de Roma, mediante el cual se originó la Corte Penal Internacional, del que México es parte a partir de la reforma constitucional en la administración del presidente Vicente Fox Quezada.
Sin embargo, es hasta el año 2006 cuando se cuenta con un instrumento jurídico vinculante de la ONU, es decir un instrumento universal que puede retomar cualquier integrante de la organización, puntualizó el integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En la conferencia celebrada en el auditorio del Palacio de Gobierno, estuvieron presentes los Vice Fiscales de Atención de Víctimas y de la Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Marta María López Contreras y Jorge Octavio Aquino Reyes, respectivamente.
