La aritmética y las presiones en las bancadas y en el seno de la cúpula empresarial le funcionaron al coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
El Senado aprobó por 94 votos a favor y 23 en contra una Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin que se hagan obligatorias la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses públicos, así como las declaraciones fiscales de los servidores públicos, que formaron parte medular de la #Ley3de3, propuesta con el apoyo de más de 600 mil firmas de ciudadanos.
Asimismo, en lo particular se desechó por 59 votos en contra (52 del PRI, seis del Partido Verde y un independiente), 51 a favor (34 del PAN, 16 del PRD y un independiente) y 17 abstenciones (cuatro del PAN, tres del PRD, tres del PRI, seis del PT y uno del Verde) la máxima publicidad de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, tal como se propuso en la #Ley3de3.
El punto medular de la discusión estuvo en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Públicas. El PRI y el Partido Verde incorporaron un “adéndum” al artículo 29 de esta ley –el centro de la demanda de la llamada #Ley3de3–, en donde se señala que estas declaraciones serán públicas, “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
El “adéndum” del PRI y el Partido Verde le transfiere al Comité de Participación Ciudadana –que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción– la responsabilidad de emitir los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
Con esta reforma “se abre la puerta para que las leyes dispongan de manera discrecional a quién no se le podrán imponer responsabilidades”, destacó la senadora independiente Martha Tagle, una de las más firmes defensoras de la obligatoriedad de la #Ley3de3.
Tagle también reprochó en tribuna que la Ley General de Responsabilidades Públicas no contempla el tráfico de influencias, la obtención de beneficios como el “moche”, bienes muebles e inmuebles que se otorgan en “donación”.
La senadora lamentó que la propuesta aprobada carezca de un sistema de protección a denunciantes y testigos, y consideró una “gravedad mayúscula” que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo, puedan obtener el beneficio de que se les disminuya la sanción administrativa.
En su intervención, el senador del PRD Zoé Robledo afirmó que la #Ley3de3 no era el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, “pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política”, el más simbólico y que “le dé más significado a la existencia de todo el sistema”.
La panista Marcela Torres Peimbert intervino para demandar que se cambiara la redacción del “adéndum” del artículo 29, propuesto por el PRI y el Verde, porque las declaraciones patrimoniales, dijo, “no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México”.
A favor de la propuesta, la senadora priista Anabel Acosta Islas aseguró que el nuevo ordenamiento legal establecerá bases sólidas en la lucha anticorrupción.
“Analizamos la iniciativa ciudadana 3 de 3, analizamos las mejores prácticas que se llevan a cabo a nivel internacional”, sostuvo, y afirmó que en su partido “somos sensibles al sentir de la ciudadanía, estamos comprometidos con la construcción de mejores gobiernos”.
“La corrupción está en la Presidencia de la República”
Durante su intervención, el senador del PT Manuel Bartlett afirmó que “la madre de toda la corrupción está en la Presidencia de la República” y que en la medida “en que el presidente siga siendo impune, la corrupción seguirá siendo igual”.
Reprochó que el Sistema Nacional Anticorrupción crea un “mamotreto burocrático” que no servirá para combatir la corrupción, porque los servidores y magistrados que formarán parte de él serán designados por el jefe del Ejecutivo federal.
Bartlett subrayó que los administradores del sistema serán los mismos que serán vigilados, por lo que no puede ser un sistema eficaz, ya que no habrá independencia entre los vigilados y vigilantes. Puso como ejemplo a los magistrados que forman parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes fueron designados por “cuotas” de grupos de poder.
El legislador también subrayó que el sistema deja fuera a los empresarios que tengan contratos con el gobierno, ya que tampoco tendrán las obligaciones de hacer sus declaraciones.
En el mismo sentido, el senador del PAN Raúl Gracia Guzmán expuso que los empresarios no son tocados y son ellos los que se hacen millonarios con concesiones, licitaciones o con obras públicas, y son los que corrompen o se corrompen.
“Si queremos darle a la ciudadanía una herramienta integral y cabal se tiene que adicionar apertura plena y tapar los dos orificios”, afirmó Gracia.
El perredista Mario Delgado afirmó que la #Ley3de3 no es la “varita mágica” para resolver el problema de la corrupción, pero sí es importante para avanzar. Criticó el adéndum del PRI-Verde porque “cualquier gradualismo es simulación”.
La reserva que se aprobó fue la propuesta por el senador del PRI Miguel Romo Medina al artículo 9 de la ley, para que se investigue e imponga sanciones a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura conforme a lo establecido en los artículos 94 y 104 de la Constitución.
