Entre defensores de derechos humanos y diplomáticos latinoamericanos no hay duda y denuncian: México quiere debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dejarla sin dientes por haber derrocado la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Me da la impresión de que el enemigo principal de la CIDH en este instante es México”, dice a Proceso José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Las acusaciones contra México, en las que coinciden defensores de los derechos humanos y diplomáticos latinoamericanos, se refieren al cabildeo sordo que lleva a cabo el gobierno de Peña Nieto para debilitar los poderes y alcances de la CIDH, aprovechando que el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra en una grave crisis financiera.
“Históricamente, este esfuerzo por debilitar a la Comisión ha sido orquestado por los países que conforman el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), liderados por Venezuela y Ecuador; pero a raíz de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa (en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), la batuta la tomó el gobierno mexicano”, apunta Vivanco.
El pasado 22 de mayo, días después de que el gobierno de Peña Nieto diera por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, la CIDH develó detalles de su debacle financiera.
“La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos de 40% del personal y no se cuenta con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre”, se lee en el comunicado de prensa que la CIDH difundió el 23 de mayo.
