Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. “Hoy el administrador local maneja todos los recursos de la hacienda municipal de una comunidad, todos los recursos sin candados expresos que lo obliguen a rendir cuentas, y además cuentan con la protección política de quienes los nombraron. Al final lo que tenemos es un círculo vicioso que alienta a la corrupción”.
Comenta sobre esta figura de gobernabilidad, hoy nombrada por el Congreso Local , Víctor Leonel Juan Martínez, ex consejero electoral y quien presidió la comisión de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en la administración pasada.
Pero antes Juan Martínez, quien sobre estos temas ha investigado y escrito artículos periodísticos y académicos, recuerda que fue en 1995 cuando se reconoció legalmente la autonomía de los municipios indígenas para elegir a sus propias autoridades, con lo que llegó a la ley el término Usos y costumbres.
En 1997 este se cambia a Normas al derecho consuetudinario, “en una concesión”, explica el entrevistado, “que se le hizo entonces a la fracción parlamentaria local del PAN que no veía con buenos ojos que los Usos y Costumbres tuvieran carácter de ley”.
Martínez comenta que fue en el 2012 cuando llega la denominación de Sistemas Normativos Internos, que armoniza con instrumentos internacionales, trayendo a las comunidades una mayor certidumbre y fortaleza jurídica y legal.
Hoy a los administradores locales los nombra el Congreso del Estado, situación que según el entrevistado, presentó particularmente en los últimos años sus puntos más flacos.
“El administrador local es una figura inconstitucional pues en los hechos viene a sustituir a las autoridades locales”, insiste.
Víctor recuerda que la legislación establece que sea un máximo de tres meses la gestión del administrador, únicamente con el objetivo expreso para realizar una nueva elección después de un conflicto político electoral que ha dejado a una comunidad sin autoridades electas o con una desaparición de poderes.
“En los hechos esto es letra muerta”, refiere. “Lo que sucede al final es que los administradores se perpetúan en el cargo. Hay un uso instrumental de esta figura”.
“Durante el sexenio de José Murat se desaparecieron poderes municipales en poco más de treinta municipios, porque eran de oposición, o en otros casos solo porque convenía a los intereses del gobernante en turno, y así establecía una línea clientelar y de control corporativo de estos municipios”.
“En los hechos era el gobernador en turno el que nombraba a los administradores, quienes dependían de la Secretaria General de Gobierno, esto cambio con el gobierno de Gabino Cué , quien abdica esta facultad , no manda la lista de administradores municipales y pierde unos de los instrumentos de control político que pudo haber tenido en el inicio de su sexenio”.
“La legislatura vio entonces un rico filón en sus distintos partidos y fracciones, y se empiezan a repartir por cuotas los nombramientos de los administradores. En otros casos son cuotas directas de los diputados, cuyos partidos tienen un interés especial en el municipio”.
El entrevistado considera que esto llevó a que la línea de mando se perdiera, pues la Secretaria General de Gobierno afirma que no controla a los administradores, y la legislatura como cuerpo colegiado tampoco.
“Ya que solo responden a los diputados que los nombraron y a las fracciones parlamentarias que los auspiciaron. En este vacío legal los administradores se convierten en la caja chica de los diputados y de las fracciones parlamentarias a las que sirven”.
“De ahí salen recursos para campañas políticas o cuestiones de enriquecimiento inexplicable que han presentado algunos diputados”.
“Permanecen ilegalmente todo el periodo de gobierno municipal, en la ley se marca que si en tres meses no hay condiciones para llamar a elecciones se debería de llamar a conformar un consejo de administración municipal, pero en la práctica son los administradores a los que dejan y los que finalmente se quedan”.
Martínez recuerda que ha habido comunidades en la que durante varios trienios no hubo autoridades.
“Hay un manejo discrecional de esta figura. En la legislatura pasada hicieron reformas de ley en el que quitaban la facultad de nombrar administradores a la legislatura estatal. Y se la otorgaban reglas más precisas, donde se marcaba que los administradores no podían durar más de tres meses y no podían manejar dinero público”.
El ex consejero del IEEPCO, recuerda también que con la actual 62 legislatura vino otro cambio a la legislación y la facultad de nombrar administradores regresó a la legislatura local.
“Tan solo en el 2014 los administradores municipales en Oaxaca manejaron poco mas de 300 millones de pesos en el estado. Hay toda una carrera, hay administradores que han hecho su trabajo, tres o cuatro y son la excepción, quienes si han sentado sientan las bases para una elección o reconstruyan el tejido social”.
Pero, reconoce que “la mayoría lo que hacen es buscar exacerbar el conflicto para que no haya mecanismo de arreglo ya haya posibilidad de que continúen”.
Del actual y reciente caso Nochixtlán con una comunidad dolida después del 19 de junio y sin presidente municipal presente, Víctor Leonel Juan Martínez concluye que lo hay que precisar ya es las condiciones y los señalamientos en la comunidad establecen ya los requerimientos de ley para iniciar una desaparición de poderes.
