Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. Con 37 votos a favor se aprobó por parte de la 62 legislatura local un dictamen con proyecto de decreto que le devuelve al gobernador del Estado la facultad de nombrar administradores municipales en las comunidades y población de Oaxaca, que presente conflictos postelectorales y se rijan bajo los Sistemas Normativos Internos, la cual era hasta hace unas horas facultad del Congreso Estatal.
La diputada panista Alejandra García Morlan fue una de las legisladoras que votó en contra de este dictamen aduciendo que era “inconstitucional”. Al respecto la legisladora comentó que existe el antecedente del municipio de Mazatlán de Villa de Flores que promovió una acción de inconstitucionalidad porque se le impuso un administrador municipal.
“Fue un juez distrital el que dio esta resolución. Dijo que era inconstitucional porque la carta magna solo prevé la existencia de los Consejos Municipales, mas no de los administradores municipales”.
Dijo que además la figura del administrador municipal, es una franca violación a los artículos primero y segundo de la ley, donde se habla de la autonomía y la libre determinación que tienen los pueblos y comunidades indígenas, donde se le tiene que consultar y se les da el derecho de resolver sus propios problemas internos”.
Recuerda que el municipio demandante citado es el único que actualmente funciona con un consejo municipal, y no con una figura, administrador municipal, que no viene contemplada ni en la constitución local ni federal.
Dijo que habría de preguntarles a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política por qué promovieron este cambio.
“Hay una contradicción de argumentos, hace dos años y medio el argumento era que tenían que jugar los pesos y contrapeso del ejecutivo y legislativo. Hoy se arrepienten y lo devuelven al poder ejecutivo”.
Morlan define que la inconstitucionalidad de esta reforma radica simplemente en que la figura del administrador municipal legalmente no existe.
La diputada considera que el legislador promovente del dictamen que ha llevado al cambio de asignación entre Congreso y Ejecutivo, Jaime Bolaños Cacho, consideró el antecedente legal de Mazatlán de Villa de Flores.
“Y están obligados a hacerlo”.
