La Jornada.
Ciudad de México. Cuando el helicóptero sobrevuela Casa Xitla, en el sur de la Ciudad de México, los niños de Nochixtlán que temporalmente se hospedan allí corren despavoridos a esconderse. El sonido del pájaro de hierro sobre sus cabezas revive el miedo y la desesperación que vivieron en su pueblo el 19 de junio, cuando la policía masacró a sus familiares y paisanos.
Han pasado casi dos meses de la agresión, y los pequeños no olvidan lo sucedido. La violencia policial aparece en sus dibujos y en sus sueños, en sus conversaciones y en su futuro. Cuando sea grande, cuenta uno de los niños, quiere ser policía para matar a los uniformados que lo gasearon y machacaron a palos a sus familiares.
Ese 19 de junio, 26 pequeños vieron a sus papás salir a defender a su pueblo de la agresión de los gendarmes y luego correr a esconderse. Durante días, en la explanada del templo de Nochixtlán dos cartulinas tenían los nombres de los menores que perdieron a sus padres en el ataque de la Policía Federal.
Ese día, en la humilde colonia 20 de Noviembre, que no cuenta con agua ni con electricidad, unos 30 uniformados lanzaron gases contra viviendas construidas de láminas, cartón, latas y escasos materiales. Allí estaban 32 niños, ninguno mayor de 11 años. Los pequeños, sentados en una colchoneta narraron a Arturo Cano cómo se ahogaban y vomitaban con el humo de los lacrimógenos.
Uno de ellos le platicó cómo escuchaban vociferar a los policías: Vénganse por acá, aquí van a tener su chinga. Otro le contó que gritaban groserías y provocaban a los maestros. Uno más describió cómo usaron sus pistolas y empezaron a matar gente. Y otro le dijo que aventaron una cosa redonda detrás de una casa, que explotó, sacó lumbre.
En total, fueron víctimas directas de la agresión policiaca cerca de 70 menores. El daño sicológico que sufrieron está a flor de piel. A la cuenta de damnificados infantiles hay que sumarle la de otros hijos de los asesinados y discapacitados por la agresión policial. A partir de ahora, sin alguien que lleve el sustento a su casa, ellos y sus madres tendrán que trabajar para ganarse la vida.
La masacre de Nochixtlán dejó un saldo trágico de ocho civiles asesinados (11 en Oaxaca), 94 heridos de bala, 150 víctimas directas y entre 300 y 400 indirectas. Quienes sufrieron lesiones mayores, quienes aún tienen balas en el estómago, ¿de qué vivirán ahora? Ciertamente, no de cultivar el campo.
En su inmensa mayoría, las víctimas de Nochixtlán son gente humilde, que vive sin ahorros y con muy pocos recursos. Ante la negativa gubernamental a brindarles atención médica y ante el miedo a ser perseguidos, debieron gastar sus pocos ingresos en curarse de mala manera con médicos particulares.
Dolor sobre dolor, tragedia sobre tragedia, los familiares de los ocho asesinados sufren hoy no sólo la pérdida de un ser querido, sino una pesada deuda económica. Enterraron a sus difuntos como la tradición manda, dando de comer a quienes durante días los acompañan en su dolor. Un funeral así cuesta, al menos, entre 100 y 150 mil pesos, gasto que sólo puede solventarse con préstamos que deben pagarse a tasas de interés usureras.
Decenas de esas víctimas se concentraron el pasado 31 de julio en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en Tlaltelolco, con muletas y vendajes. Con rabia y coraje narraron a la prensa su dolor y le mostraron su heridas. ‘‘Aquí estamos –dijeron–; tenemos nombre, tenemos rostro, tenemos miedo. Aquí estamos, hemos venido a exigir justicia, no dinero”.
Indignados por los señalamientos de diputados priístas como Mariana Benítez (subprocuradora cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y coautora de la verdad histórica), denunciaron que ‘‘hubo balas que entraron por la boca y salieron por la oreja; disparos que impactaron en piernas, tobillos, ingles, en el estómago, en el pecho, en la espalda, en los pies, en los dedos’’.
El enojo de los nochixtlecos con la diputada Benítez y con otros integrantes de la comisión legislativa especial para investigar los hechos de Nochixtlán proviene del enorme desprecio con que los han tratado. Su palabra no vale. Aunque esa comisión se formó desde el pasado 6 de julio, sus integrantes han sido incapaces de reunirse con los representantes de la Asamblea de Víctimas. Han hablado con la PGR, con el presidente de la CNDH, con el ombudsman de Oaxaca, pero no con los directamente afectados.
Más aún, varios legisladores han puesto en entredicho la versión de los hechos de las víctimas. Así sucedió, por ejemplo, el pasado 26 de julio. Ese día, el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, cuestionó ante la comisión que no está claro qué perseguía el operativo de la Policía Federal (PF) en Nochixtlán, porque si querían lograr el desalojo de la autopista en 15 minutos, lo consiguieron, y preguntó: ¿Por qué incursionaron y entraron a la zona urbana, a colonias como la 20 de Noviembre? Varios integrantes de la comisión respondieron iracundos poniendo en duda la versión del defensor.
Lo mismo hicieron cuando, en la misma reunión, denunció, recogiendo los testimonios de los afectados, que en los hospitales donde la PF tomó el control impidió al personal médico atender a la población civil y a los maestros. “Fue –dijo ante el visible malestar de los legisladores– en varios hospitales, y tenemos un oficio que nos escribe el propio IMSS explicándonos esta situación; es gravísima. A los lesionados se les acosó, se les intimidó y persiguió”.
Han pasado casi dos meses de la masacre de Nochixtlán, y el gobierno federal ha sido incapaz de ofrecer un relato coherente y creíble sobre lo sucedido. Sin embargo, se han filtrado a la prensa versiones que exculpan a la PF y a la Gendarmería de la represión, al tiempo que se inculpa a cinco organizaciones populares de la región. Está en marcha una nueva verdad histórica.
Urge conocer la verdad de los sucedido en Nochixtlán, castigar a los responsables y reparar el daño. Urge que niños y afectados sanen. Como dicen los víctimas: si el gobierno invirtió tanto para asesinarnos, que invierta ahora en curarnos.
