El Economista.
Ciudad de México. Los niños, niñas y adolescentes de México y el continente americano son parte de uno de los sectores de la población más afectados por diversas formas de violencia y de vulneraciones a derechos, así como por el actuar del crimen organizado, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH concluye sobre el tema que las políticas de control y de represión hacia los grupos criminales han llevado en la práctica a frecuentes abusos y arbitrariedades ejercidos por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de los adolescentes.
Al dar a conocer el sitio especializado en violencia e infancia de este organismo multilateral, la comisión refiere que las respuestas de los países miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no son suficientes para prestar una adecuada protección a la niñez; garantizar sus derechos y prevenir que sean captados, utilizados y explotados por el crimen organizado.
De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, que cita la CIDH, en el 2015 la mayoría de las ciudades, con más de 300,000 habitantes, más violentas del mundo (41 de un total de 50), se ubican en el continente americano.
El estudio puntualiza que de las 50 ciudades del ranking, 21 se localizan en Brasil; ocho en Venezuela; cinco en México; cuatro en entidades de países de África; cuatro en Estados Unidos; tres en Colombia y dos en Honduras.
En la lista de ciudades mexicanas se encuentran Acapulco, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Ciudad Obregón, Sonora.
La comisión observa que los adolescentes suelen ser estigmatizados por la sociedad. Los varones de barrios pobres y periféricos —que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados— son señalados como responsables del clima de inseguridad y acusados de “potenciales peligros sociales” que deben ser controlados.
En paralelo, la CIDH destaca que su realidad “puede llegar a ser abrumadora”. Muchos de ellos sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía.
A su vez, advierte que las actuales políticas de mano dura no toman en cuenta las consecuencias específicas de estos contextos para los y las adolescentes, quienes se encuentran en una situación de desprotección que los expone a ser captados y utilizados por el crimen organizado, a vincularse a actividades violentas y delictivas, y a ser víctimas de ellas.
