Proceso.
Ciudad de México. El asedio, amenazas y persecución a defensores de derechos humanos y periodistas en México, particularmente en Veracruz, es un tema “extraordinario” y “muy grave” que ha tomado relevancia en América Latina, consideró Carolina Botero Marino, exrelatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En una charla en la Universidad Iberoamericana, Botero Marino puso de ejemplo a las madres de los colectivos por la Paz y Solecito en Veracruz, quienes por “cuenta propia” han sustituido a las autoridades locales y federales en la búsqueda de que sus hijos desaparecidos.
“Lo de Veracruz se ha vuelto atroz, por propia cuenta los familiares están encontrando o buscando a sus desaparecidos. Aquí los familiares están sustituyendo a la justicia, vemos que la sociedad civil juega un papel importante, ante la incompetencia gubernamental”.
Carolina Botero, de nacionalidad colombiana, explayó que hoy México pasa por una situación “muy grave” de violaciones a los derechos humanos, pues hay hostigamiento y persecución a los activistas, pero también a los periodistas.
“El asesinato de un periodista en México da pie al silenciamiento de todos los pares de una sociedad”.
Botero expuso que además de los asesinados de periodistas, las amenazas del crimen organizado y el hostigamiento del Estado, en México, hay otros tipos de violencia como son las denuncias penales, poniendo de ejemplo, el caso de Carmen Aristegui y de Sergio Aguayo.
“Sus denuncias son impresentables. Los periodistas no tienen tiempo de andarse defendiendo en juzgados, tienen que contratar unos abogados, eso cuesta plata y mina su trabajo profesional”, consideró.
En la institución privada, en el aula Xavier Sheifler, la defensora de derechos humanos en el continente americano lamentó que en Colombia y ahora en México los mecanismos de protección a periodistas sean deficientes e incluso muchas veces se utilicen para “investigarlos” y “espiarlos”.
“Los mecanismos de protección de periodistas tienen problemas, aunque antes eran inoperantes, pero hoy les entregan un botón de pánico que se descargan cada dos horas, protocolos que no se siguen”.
Carolina Botero lamentó que en diversas partes del país se utilice la “criminalización” del oficio periodístico, al ligar a comunicadores con el crimen organizado, situación que no debería de ocurrir y, por el contrario, cuando haya pruebas de reporteros con vínculos con la delincuencia “presentarlos ante un juzgado” y ponerlos a disposición del Poder Judicial.
“No hay que utilizar esas expresiones (de reporteros ligados con el narcotráfico), se tendría que prohibir a las autoridades públicas hacer esas expresiones. El Poder Judicial para eso existe, se puede llevar a un periodista a un debido proceso; pero con esa criminalización, el gobierno justifica su propia incompetencia, y dos, y la más grave, están justificando ese tipo de agresiones”.
Botero Marino expresó que en la persecución a defensores de derechos humanos y periodistas, cuando las agresiones vienen del gobierno, las procuradurías y las fiscalías locales no han funcionado, por su propia debilidad de investigar al interior del servicio público.
