Oaxaca de Juárez. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió al gobierno local establecer acciones para detener el alto número de agravios contra defensoras y defensores civiles de derechos humanos registrados en los últimos meses en el estado, y expresó su preocupación por la posible participación en ellos de autoridades estatales, de manera principal agentes policíacos.
Mediante una alerta temprana, la Defensoría señala que tuvo conocimiento de al menos 124 agravios cometidos en lo que va del año contra al menos 76 defensoras y defensores de derechos humanos; de estas imputaciones, 80 fueron atribuidas a servidores públicos de distintos niveles y ámbitos gubernamentales; 40 a personas desconocidas, y cuatro, a particulares identificados.
Al menos en 25 de estos incidentes hubo presencia evidente de armas de fuego, advierte el organismo.
De acuerdo con el documento dirigido al gobernador y al fiscal general del estado, del total de agravios 53 fueron contra mujeres y 71 contra hombres. La mayoría de los agravios fueron contra tres grupos específicos de defensoras y defensores: sindicalistas (29), defensoras y defensores de la tierra y el territorio (28), y quienes defienden causas relacionadas con el derecho de acceso a la justicia (26).
De las autoridades señaladas, el grupo mayoritario incluye a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (40 agravios) –principalmente agentes de la Policía Estatal y de la Policía Vial (27)–, seguido de lejos por autoridades de diversos municipios del estado (12); otras autoridades estatales y federales (28) completan el registro de casos.
En razón de ello, la Defensoría pide al gobernador instruir a la Secretaría de Seguridad Pública que los agentes de cualquiera de sus corporaciones o agrupamientos policiacos frenen sin demora cualquier acción de intimidación u hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, aclarando la institución que dicha categoría incluye tanto a sindicalistas como a activistas sociales.
La Defensoría le pide también a la autoridad estatal garantizar que los servidores públicos de la misma Secretaría de Seguridad Pública se abstengan de causar a defensoras y defensores actos de molestia de cualquier tipo que no estén debidamente fundados y motivados, con el fin de evitar la continuidad o consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daño de difícil o imposible reparación.
Igualmente, el organismo autónomo solicita al gobernador instruir a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo a fin de que atienda de manera clara, expedita y eficaz las necesidades especiales de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, con el fin de propiciar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de su trabajo.
En el mismo sentido, la institución defensora le pide al Poder Ejecutivo instruir a la Secretaría de Seguridad Pública para que atienda, de manera eficaz y sin simulaciones, las medidas de protección a favor de defensoras y defensores de derechos humanos.
Asimismo, al fiscal general del estado la Defensoría le pide garantizar investigaciones a fondo y con la debida diligencia para evitar la impunidad sobre los agravios a defensoras y defensores de derechos humanos, con el fin de que éstos puedan desarrollar su trabajo en un entorno seguro y propicio.
En la alerta temprana, el organismo explica que los agravios más reiterados fueron el conjunto de intimidación, seguimiento y vigilancia, con 58 referencias. La institución puntualiza que tres incidentes de este tipo (uno de ellos implicaría a un agente de la Policía Vial) fueron en el exterior de las instalaciones de la Defensoría, “lo cual posiblemente busque inhibir la formalización de quejas por violaciones a derechos humanos”.
La Defensoría detalla que los siguientes grupos de agravios con frecuencias más altas entre las quejas recibidas son las amenazas (11 casos, cuatro de ellos amenazas de muerte) y la puesta en situación de vulnerabilidad. En el primer caso, las amenazas han sido principalmente por parte de personas desconocidas; en el segundo, la puesta en situación de vulnerabilidad, todos los casos obedecen al incumplimiento de medidas cautelares por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
