La Jornada.
Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inválidas las leyes anticorrupción aprobadas por el Congreso del estado de Sinaloa.
Arely Gómez González titular de la PGR, presentó ante el máximo tribunal del país una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 768, con el cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, que fueron publicadas en el Diario Oficial de esa entidad el pasado 19 de agosto.
La PGR considera que el citado decreto viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, ya que permite que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo, contraviniendo la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
Éste es el cuarto recurso de este tipo que promueve la PGR en contra de reformas anticorrupción, las dos primeras fueron en contra de las legislaciones de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
