Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. La organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) denunció que sin consultar a las comunidades que serán afectadas por la medida, la Secretaría de Energía presentó este 28 de septiembre la lista definitiva de ganadores de la Segunda Subasta de Largo Plazo para proyectos de generación de energía.
Entre ellos mencionaron se encuentra el proyecto “Gunaa Sicarú”, acusan que se trata de “un parque eólico de 252 mega watts que la empresa Eólica de Oaxaca pretende construir en tierras ilegalmente privatizadas de los Bienes Comunales de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec”.
Bettina Cruz Velázquez, representante de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), afirmó:
“Nuevamente el Gobierno mexicano otorga un contrato a un megaproyecto eólico, de 252 MW, que se pretende instalar ilegalmente en las tierras comunales de Juchitán, contradiciendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU tras su visita a México”.
Cruz dijo que el gobierno federal está disponiendo de un territorio que no le corresponde para beneficio de empresas privadas, incluyendo industrias sumamente contaminantes.
“Nos les importa los impactos destructivos que estas tendrán en nuestros pueblos y cultura”.
Betina aseguró que estas consecuencias están claramente reflejadas en el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adoptado por el Directorio Ejecutivo del BID el 14 de septiembre de 2016.
El cual concluye que: “consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo.”
Este informe del BID atribuye directamente este grave impacto social “al intenso y rápido desarrollo eólico en la región del Istmo’. También reconoce que estos proyectos ocasionan serios conflictos que ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes defendemos los territorios, valores y derechos comunitarios.
Por su parte la activista Nashieeli Valencia Núñez, integrante también de APOYO, precisó:
“Estamos a favor de la generación de energía basada en fuentes renovables siempre y cuando esté en manos de las comunidades. Se debe eliminar lo más rápido posible la emisión de gases de efecto invernadero, pues somos las comunidades indígenas, campesinas y pescadoras quienes más sufrimos las nefastas consecuencias del cambio climático, sin tener responsabilidad alguna en la generación del problema”.
Aseguró que dichas comunidades están en completo desacuerdo “con la forma en que el gobierno mexicano y las empresas privadas están imponiendo megaproyectos autoritarios y violentos.”
“Para que la transición energética sea socialmente viable, las comunidades indígenas debemos estar en el centro del proceso, por lo que la legislación debe facilitar la construcción de proyectos comunitarios de energía renovable que generen un verdadero desarrollo social y mantengan el territorio y nuestros bienes naturales bajo nuestro control”.
Dijo Valencia, a lo que agregó que la “Primera Reunión de Beneficios Sociales Compartidos de Proyectos de Energía”, celebrada hoy y mañana por la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un enfoque completamente equivocado”.
“No queremos dádivas de proyectos privatizadores, sino que se democratice la transición a las energías renovables”.
