Excélsior.
Ciudad de México. Agentes Estatales de Investigación (AEI) ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Cirilo Jerónimo Cruz, de 55 años de edad, presunto responsable del delito de violación a una niña, y a quien la autoridad local le impulso una “multa” de dos cartones de cerveza para reparar el daño.
Los elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplieron hoy viernes el ordenamiento legal por el delito de violación sexual en contra del imputado, pastor de la iglesia evangélica de la localidad mazateca de Santiago Quetzalapa, en la región de la Cañada.
De acuerdo con el artículo 46 del Código Penal Estatal, la pena por el delito de violación va de 12 a 18 años de prisión, así como el pago de una fianza de 500 a mil salarios mínimos.
La captura ocurrió una semana después de que se difundiera el caso de una niña de 8 años edad presuntamente violada por el pastor evangélico, a quien Damián Albino Sánchez, agente municipal de Quetzalapa, impuso una multa de dos cartones de cerveza.
Reportes detallan que el presunto ataque sexual ocurrió el 12 de septiembre cerca del puente colgante de Santiago Quetzalapa, localidad de San Pedro Sochiapam, en zona indígena mazateca.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga posibles violaciones a los derechos humanos de la víctima, cometidas por la autoridad municipal al no haber dado seguimiento a la denuncia que interpusieron los padres.
El organismo defensor requirió que Damián Albino Sánchez, agente municipal de Santiago Quetzalapa, rinda un informe sobre el conocimiento que tenga del caso y las acciones que tomó al respecto.
Asimismo, le requirió a la Fiscalía medidas cautelares para salvaguardar la integridad y derechos de la víctima, así como informar si existe una averiguación previa por este caso y los avances de la indagatoria. Lo que pudo concretarse esta semana.
Asimismo, la DDHPO solicitó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que realice las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y los derechos de la niña.
Los familiares de la víctima afirmaron que el acusado gozó de total impunidad en Santiago Quetzalapa por no ser sancionado adecuadamente, mientras la niña sufre secuelas físicas y psicológicas por el ataque.
