Rodrigo Islas Brito/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. Clemente Jesús López, encargado del despacho de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno de Oaxaca comentó en entrevista que hace poco asistió en su calidad de representante estatal a la Cumbre Solar, donde estuvieron presentes un cúmulo de instituciones del gobierno federal así como empresas interesadas en la inversión sobre proyectos de energía en la normatividad de la ley de las Zonas Económicas Especiales a implementarse en su totalidad en el 2017 que está por venir.
“Nos invitaron por una simple razón. Quieren conocer como podría ser el proceso de consulta que al respecto tiene que desarrollarse en pueblos indígenas, porque es prácticamente obligatorio que lo hagan”.
López aseguró que la obligatoriedad para la consulta de los pueblos sobre el uso de su territorio no deriva solamente de la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sino también del artículo primero y segundo de la Constitución Federal.
“Esto obliga prácticamente a todas las instituciones que quieran llevar a cabo proyectos de desarrollo que alteren o modifiquen las zonas donde viven los pueblos indígenas a que estos proyectos sean sometidos a consulta.”
Se le comentó al representante estatal de los pueblos originarios sobre las versiones que apuntan a que la ley indígena lista desde hace más de un año para ser votada en el Congreso Estatal , se mantiene en la congeladora porque contraviene los intereses de la ley de las Zonas Económicas Especiales, sostén de la reformas energética del gobierno federal.
“Lo único que esta reforma iba a regular en el marco constitucional local era el facilitar los procesos de consulta y establecer un marco regulatorio estatal que permitiera tanto a los pueblos indígenas como a los inversionistas acceder a un marco jurídico de estabilidad
“Eso es lo único que pretendía la reforma. Porque de todos modos se tendrá que hacer la consulta, mandatada por los fundamentos internacionales y una comisión federal”.
El entrevistado recuerda que la Suprema Corte de Justicia falló contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre un proceso de consulta que esta llevo a cabo en los Valles Centrales.
“Les dijo el proceso de justicia no debe ser así, y les ordenó que repitieran el proceso. Con 17 comunidades involucradas Ahora mismo continúan en ese proceso de consulta, va en la etapa deliberativa, los obligó la Corte, es decir que ya hay jurisprudencia sobre estos casos”.
Se le comentó que presidencia de la República nunca habla de una consulta a los pueblos indígenas en su promoción y defensa de la ley de las Zonas Económicas Especiales.
Clemente Jesús respondió que el derecho internacional en el marco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas es un marco más o menos reciente, con entre doce y quince años de aplicación.
“México siempre ha llegado tarde a todos los ordenamientos internacionales. Apenas en el gobierno de Felipe Calderón se aprobó reconocer convenios internacionales y elevarlos al rango de la Constitución del país”
“El artículo primero y segundo de la Constitución que es reformado hace menos de dos años por el Congreso Federal todavía no se reglamenta. El gobierno federal no habla del tema de la consulta porque tiene un gran adeudo con el pueblo de México”.
“Hay una iniciativa de ley de consulta nacional que no se ha aprobado en la Cámara Federal. No tenemos un marco regulatorio de consulta en el país
En este sentido, a poco más de mes y medio de abandonar su puesto ante el advenimiento del nuevo sexenio, el entrevistado comenta Secretaría de Asuntos Indígenas ha hecho esfuerzos por elevar varios preceptos que le han permitido a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establecer un primer protocolo de consulta.
“Las únicas consultas exitosas que se han llevado a cabo hasta ahorita, es el caso de las Eólicas de Juchitán, o el caso del agua que está en proceso en Oaxaca y los ha llevado esta secretaría como coadyuvante”.
De la propuesta de Ley Indígena respaldada por la Secretaría a su cargo y congelada por la 62 legislatura, de cuyos algunos diputados integrantes han declarado que a lo mejor la votan en un periodo extraordinario de sesiones que poca más de un mes de entrar en funciones la próxima 63 legislatura, aun no le han puesto fecha, Clemente considera:
“Mientras no exista la nueva ley indígena se seguirá aplicando al respecto un marco regulatorio no obligatorio, con la aplicación de la que ley que al respecto ya existe y que no tiene vigencia plena, Que queda a juicio de las instituciones aplicarla o no, lo cual es una deficiencia terrible”.
“También impide que esta Secretaría (la de los Pueblos Indígenas) tenga los presupuestos y las facultades normativas suficientes para atender las demandas de los pueblos indígenas. Entonces seguirá siendo una Secretaría como lo ha sido hasta ahora, con menos peso y fuerza institucional”, por lo que en consecuencia, “seguirá reproduciendo la visión de un racismo institucional”
Sobre la ley Indígena no aprobada, el funcionario comenta que la Secretaría a su cargo ha hecho una infinidad de veces un exhorto a la legislatura que está por salir (la 62) y también a la que viene (la 63) demandando el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano, aprobando la reforma constitucional que ya tienen en su manos.
“Es un iniciativa que tuvo un enorme esfuerzo de concertación. El que se realizaran tres foros regionales y un foro estatal, alrededor de cinco mil personas consultadas. 600 autoridades tanto agrarias como municipales, organizaciones sociales y académicas
“Tuvo un amplísimo proceso de consulta .Se le entrego a la Cámara. Y lo que los diputados han hecho es tomar pequeñas partes y colocarlos en otras leyes, pero la gran reforma integral constitucional sigue atorada”.
“Hay poca sensibilidad y entendimiento de la 62 legislatura, todos sabemos la tristeza con la que se va esta legislatura y esta iniciativa permitía lavarle la cara”.
En el contenido de la reforma constitucional propuesta no votada ni aprobada, Clemente enumera el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, al consentimiento libre e informado. El derecho a la autonomía, derecho a la libre determinación, al usufructo de sus territorios que no solamente va sobre el terreno que pisan sino sobre el espacio aéreo y el subsuelo que los circundan.
El Derecho a la comunicación indígena, el derecho a la enseñanza de su propia lengua, el derecho de asociación de las comunidades indígenas. Y el tema de la representación política.
“Si los pueblos indígenas somos el 62 por ciento de la población porque tenemos solamente el 0.2 por ciento de la representación política”.
