La Jornada.
Ciudad de México. La eutanasia es un asunto polémico, muy discutido y su desarrollo jurídico en el mundo aún está rezagado: apenas un puñado de países, que no llegan a 10, la han regulado. De acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Muerte Digna 2016, el 68.3 por ciento de los mexicanos considera que un paciente en fase terminal y dolorosa de su enfermedad debería tener la opción de adelantar su muerte si así lo desea.
Además, 58.3 por ciento está de acuerdo en que el doctor aplique directamente sustancias letales al enfermo terminal que lo solicite para acelerar su deceso (eutanasia) y 56.4 opinó que se proporcione al paciente las sustancias letales para que él las tome por sí mismo (muerte o suicidio médicamente asistido).
En la mesa de diálogo La eutanasia en el mundo, derecho a la muerte digna, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas lamentaron que no haya un reglamento adecuado en la materia por la oposición de la jerarquía católica y de otras religiones, las cuales asumen que existe un dios y éste es el único que da y quita la vida.
Explicaron que ante las proyecciones demográficas del envejecimiento en el país se debe modificar el marco legislativo y promulgar leyes en favor de la eutanasia que respondan a los dilemas éticos y condiciones de salud que los mexicanos enfrentarán en el siglo 21. De acuerdo con cifras oficiales, 21.5 por ciento de la población en el país (32 millones) tendrá 60 años o más en 2050.
Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de Por el Derecho a Morir con Dignidad, asociación que realizó el estudio, deploró que en México estas prácticas sean ilegales. La penalización por (practicar) la eutanasia es de 12 a 24 años de prisión y por la muerte médicamente asistida es de dos a cinco años, dependiendo de la razón de compasión, según valore el juez. Los intentos recientes en la Ciudad de México para regularla no han prosperado.
Expuso que a 62 por ciento no le preocupa, o muy poco, la forma de morir. Trivializar la muerte se traduce en ceguera de la población a los avances legales y de salud que existen para hacerla más amable.
Así, únicamente 19 por ciento de los entrevistados sabe que puede firmar una voluntad anticipada para dejar claros sus deseos respecto de cómo quiere ser tratado en el proceso final de su vida, y sólo 4.3 por ciento ha firmado uno de esos documentos.
Un dato sorpresivo fue que cerca de 70 por ciento de los entrevistados, que se definieron a sí mismos católicos, dijeron estar de acuerdo con que el enfermo terminal adelante su deceso. Y 63.6 por ciento del total quisiera tener la posibilidad de pedir ayuda en esos casos.
Entre médicos de la Ciudad de México y Puebla, en instituciones públicas y privadas, la opinión sobre la eutanasia y la muerte asistida está dividida en la mitad en favor y la mitad en contra. El freno principal son las limitaciones de la legislación actual, acotó.
Laicidad en proceso
Diego Valadés, jurista e investigador de la UNAM, consideró que la laicidad del Estado se encuentra todavía en proceso de construcción en todo el planeta. En 2013 tuvimos una reforma constitucional para instituir la naturaleza laica del Estado mexicano; hemos dado pasos a retazos, pero no se trata de prescindir de conceptos de naturaleza religiosa, sino de partir de la idea de que las decisiones que se toman con fundamento en convicciones personales no tienen por qué aplicarse de manera general a quienes tienen otra forma de pensar.
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