La Jornada.
Ciudad de México. El pleno del Senado confirmó ayer el acuerdo previo de las tres principales fuerzas políticas y eligió a los siete magistrados integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre.
Fueron electos Janine Madeline Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña por un periodo de nueve años, por lo que su gestión concluirá en 2025. Igualmente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, por seis años, así como José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por tres años.
Los nuevos magistrados rindieron ayer mismo protesta y luego, en entrevistas por separado, la mayoría rechazaron que su elección sea producto de cuotas partidistas, como denunciaron antes en tribuna legisladores del PT.
‘‘No supimos cómo estuvieron las negociaciones, pero cada uno tuvimos casi 100 votos’’, comentó el ahora magistrado Vargas Valdez, quien ofreció actuar con imparcialidad. Su nombramiento fue el único de los siete que el PAN pretendió echar abajo.
Ello, y el periodo para el que serían electos los siete candidatos, motivó una discusión de más de seis horas que obligó a que se decretara un receso en la sesión y ésta se reiniciara después de las tres de la tarde.
El acuerdo de PRI, PAN y PRD, concretado la noche del lunes, incluía como el elegido de la terna uno a Vargas Valdez –a propuesta deltricolor–, quien fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el sexenio de Felipe Calderón.
Ayer por la mañana, el coordinador panista, Fernando Herrera, pidió que fuera sacado de la lista y que en su lugar entrara Daniel Cabeza de Vaca, ya que el senador Ernesto Cordero y otros legisladores de su bancada no estaban de acuerdo en la elección de Vargas Valdez.
El coordinador priísta, Emilio Gamboa, logró mantenerlo, pero a cambio tuvo que ceder para que una de las propuestas del PAN, Felipe de la Mata Pizaña, fuera electo por nueve años. Tricolores y blanquiazulespretendían que los tres espacios de nueve años en el tribunal electoral fueran para sus ‘‘prioridades’’ y otras para una de las candidatas, pero tanto el coordinador perredista, Miguel Barbosa, como el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes (PAN), pidieron que los ocuparan las dos magistradas que se integrarán al TEPJF.
Hubo un acuerdo adicional, propuesto por Emilio Gamboa, para impulsar una reforma a fin de elevar los periodos de los magistrados electos por tres y seis años, a seis y ocho.
Los senadores del PT David Monreal y Layda Sansores reprocharon que de nueva cuenta imperaran las cuotas partidistas y el criterio no haya sido el de seleccionar a los más capaces, sino a los que resultaron favorecidos por un acuerdo político. Ello en referencia a que tres fueron propuestos por el PRI, dos por el PAN y uno por el PRD.
En sus intervenciones, ambos legisladores coincidieron en que se trata de un proceso en que imperó ‘‘el descaro” y el cinismo’’, toda vez que fue la Junta de Coordinación Política, luego de un proceso de negociación, la que propuso los siete nombres.
‘‘Como diría el Divo de Júarez, pero qué necesidad, para qué tanto problema’’, recalcó Sansores parafraseando la canción de Juan Gabriel. Resaltó que debieron ahorrarse las comparecencias de los 21 aspirantes ante la Comisión de Justicia. ‘‘¿Cómo se puede garantizar así la legalidad y la imparcialidad del TEPJF?’’, preguntó Monreal.
La senadora independiente Martha Tagle deploró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya remitido al Senado dos ternas exclusivas de mujeres.
Se procedió después a votar por cédula los nombramientos previamente acordados. La mayoría obtuvo entre 96 y 97 votos, excepto el magistrado Vargas Valdez, con 95, e Indalfer Infante González, propuesto por el PRD y electo con 88 votos. Los petistas Manuel Bartlett, Monreal y Sansores invalidaron sus votos.
Al final, Madeline Otálora, la única que contó con el apoyo de todos los partidos, sostuvo que los integrantes de la nueva sala superior del tribunal llegan con el compromiso de fortalecer el estado de derecho y dar confianza a los ciudadanos en las próximas elecciones.
