La Jornada.
Ciudad de México. Si bien Veracruz ha concentrado la atención por el número de denuncias penales promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su contra y el monto de recursos federales involucrados en irregularidades, hay 25 estados que enfrentan procesos judiciales en la Procuraduría General de la República (PGR). Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco encabezan la lista por el elevado número de litigios y los procesos administrativos en marcha.
En total, la ASF ha interpuesto 266 denuncias contra gobiernos estatales por diversas anomalías, las cuales involucran a los sectores salud y educativo, así como de infraestructura y seguridad pública. Sin embargo, la auditoría ha señalado que una de las faltas más graves cometidas recurrentemente es la simulación de reintegros, es decir, ante señalamientos de recursos desviados se reponen temporalmente para aprobar las revisiones y luego se vuelven a retirar. Veracruz, Michoacán y Baja California Sur encabezan esa práctica.
En cuanto al resto de las acciones legales o administrativas, de acuerdo con las auditorías realizadas por la ASF que han tenido consecuencias penales y encauzamientos de orden administrativo para que las instancias competentes investiguen las acciones y omisiones, en el caso de Michoacán –relacionados con las cuentas públicas de 2011 a 2013– los señalamientos de la Auditoría Superior se refieren esencialmente a partidas federales destinadas al sector educativo.
En las auditorías asociadas con denuncias de hechos se hace referencia a desvíos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, indebida realización de pagos de éste, haber liquidado bonos y compensaciones de manera irregular a sindicalizados del magisterio, entre otras.
Sin embargo, el gobierno michoacano dejó de pagar cuotas al Issste y al Fovissste. Además, malversó recursos del Seguro Popular a otros rubros. Todo ello derivó, en la mayoría de los casos, en procesos administrativos, pero también en 19 denuncias penales promovidas por la ASF que involucran mil 451 millones de pesos, la mayoría por destinarse a fines ajenos a los de los programas, cantidad sujeta a aclaración que no ha sido acreditada.
Otra entidad con problemas legales en la PGR de la cual poco se ha dado cuenta es Jalisco, cuyas anomalías se concentran en la cuenta pública de 2012, sin que a la fecha el gobierno de ese estado las haya subsanado. En este caso, las inconsistencias y desvíos se concentraron en el sector salud.
Partidas destinadas a diversos propósitos fijados en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud fueron irregularmente canalizadas a otras cuentas, utilizadas para pagos indebidos y otros rubros por 342 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2012, aunque también de los ejercicios 2010 y 2011.
En el caso de Chiapas, las auditorías de la ASF han detectado que en el rubro educativo es en el que mayores inconsistencias hubo, en especial del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, como el pago de compensaciones y bonos al sindicato no autorizados por la Secretaría de Educación Pública, la dispersión de recursos hacia otras cuentas no asociadas con el programa, entre los que sobresalen 207 millones de pesos vinculados directamente con una denuncia de hechos ante la PGR. Además, otra demanda por un desvío del Fondo de Aportaciones a Entidades Federativas, que involucra 445 millones de pesos.
Por lo que respecta a Tabasco, las auditorías que han derivado en denuncias de hechos se asocian con el manejo irregular del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que involucran casi 900 millones de pesos.
La mayoría, según las observaciones de la ASF, se trata de dispersión de recursos hacia otras cuentas, sin acreditar el destino del gasto. Además, no fue asignado a los fines para los cuales originalmente estaban previstos.
