La Jornada.
Ciudad de México. Donald Trump y sus asesores no han ofrecido una visión detallada de su política hacia México y América Latina, aparte de la construcción de un muro fronterizo, retórica sobre deportaciones masivas de inmigrantes, la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio y, más allá del país vecino, examinar
y revertir las políticas de apertura con Cuba.
Rex Tillerson, ex ejecutivo en jefe de Exxon Mobil, designado para ser el próximo secretario de Estado, respondió a una serie de preguntas por escrito presentadas por legisladores como parte del proceso de ratificación de su nombramiento en el Senado. Las respuestas revelan algunas indicaciones adicionales del giro, o no, de la política exterior hacia México y América Latina.
En cuanto a México, Tillerson afirmó lo de rutina: que es de gran importancia
como vecino y socio comercial. Aunque probablemente tendremos diferencias con el gobierno de México en la aplicación de nuestras leyes sobre migración, aún necesitaremos continuar cooperando sobre asuntos importantes de interés común, como el narcotráfico
. Agregó que si es ratificado, evaluará
la Iniciativa Mérida y continuará con proyectos que mejoren la capacidad del vecino del sur respecto de su reforma judicial y capacitación para policías.
Sobre Cuba fue poco preciso y evitó confirmar si procederá a cumplir la promesa de Trump en la campaña de anular la apertura de Barack Obama con La Habana. Tillerson sólo declaró que habrá una evaluación integral de las políticas y las órdenes ejecutivas respecto de la isla para determinar cómo presionar mejor a La Habana para el respeto de los derechos humanos y la promoción de cambios democráticos
.
A la vez, escribió que se comunicará con Cuba, pero que continuará “presionando por la reforma de su régimen opresivo… apoyaré a defensores de derechos humanos y a activistas democráticos”, y agregó que respaldará a la sociedad civil, la defensa de la libertad de expresión, promoveré mayor acceso a Internet y solicitaré a nuestros aliados hacer lo mismo
.
Añadió que continuará el apoyo a Radio y TV Martí, trabajará con el Departamento de Tesoro para asegurar que ningún ingreso de negocios estadunidenses sea canalizado en apoyo al gobierno cubano, y que podría considerar imponer condiciones sobre comercio o viajes
para motivar la liberación de prisioneros políticos.
Venezuela, considera, enfrenta una “calamidad… en gran parte producto de su gobierno incompetente y disfuncional, primero con Hugo Chávez y ahora con su sucesor designado Nicolás Maduro”. Afirmó que llamará a una cooperación con nuestros amigos
en el hemisferio, en particular Brasil y Colombia, así como la Organización de Estados Americanos (mencionó específicamente el apoyo a los esfuerzos de su secretario general, Luis Almagro, según la Carta Democrática), para buscar una transición negociada a un gobierno democrático en Venezuela
. Indicó que serán las instituciones políticas reconstruidas, encabezadas por valientes defensores de democracia y derechos humanos
, los que llevarán a cabo las reformas para la recuperación económica de ese país.
En respuesta a otra pregunta, Tillerson indicó que Estados Unidos debería apoyar el diálogo legítimo para resolver la crisis política entre el gobierno de Maduro y la oposición
. Afirmó: debemos continuar denunciando las prácticas no democráticas del gobierno de Maduro, pugnar por la liberación de prisioneros políticos y aplicar sanciones contra violadores de derechos humanos y narcotraficantes venezolanos
. Acusó que desde 2005 Venezuela ha incumplido con sus obligaciones en los acuerdos internacionales antinarcóticos.
En este contexto, elogió los resultados del Plan Colombia como un éxito de política exterior estadunidense, y calificó a ese país como uno de nuestros aliados más cercanos en el hemisferio
. Indicó que continuará la cooperación con ese país, pero también escribió que evaluará los detalles del reciente acuerdo de paz, y determinaré el grado en el cual Estados Unidos debería continuar apoyando
.
Las preguntas también abordaron el narcotráfico y los refugiados de Centroamérica, la situación en Haití y las relaciones con Canadá, en las que Tillerson dijo que tendría que estudiar más a fondo esos asuntos, o que se continuará con la misma política.
Por otro lado, la gran pregunta sobre quién definirá y se encargará de las relaciones con América Latina sigue en el aire. Una lista de latinoamericanistas que trabajan con el equipo de transición y/o bajo consideración para ocupar puestos claves en el manejo de la política exterior del gobierno de Trump hacia la región fue recién elaborada por Global Americans.
Según Global Americans, el doctor Craig Deare, coronel retirado, ha sido nombrado director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca (aún no se ha confirmado oficialmente). Experto en relaciones militares interamericanas y especialista en México, Deare ha sido profesor en la Universidad de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios de Defensa Hemisféricos, entre otros cargos. Es uno de los expertos sobre seguridad y la relación bilateral con México de mayor experiencia en Washington (está por publicar un libro sobre las relaciones México-Estados Unidos este año).
Otto Reich, quien ocupó altos cargos en los gobiernos de Reagan, Bush padre y Bush, incluido el puesto más alto en el Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental, es conocido por estar en varias controversias, como la promoción ilegal de apoyo estadunidense a la contra en Nicaragua, en una maniobra que fue formalmente declarada prohibida
. Ayudó a formular la ley Helms-Burton y es, obviamente, opositor a la apertura de las relaciones bilaterales.
Junto a él están en la lista John Barsa, integrante del equipo de transición, quien ha trabajado dentro y fuera del gobierno, por ejemplo para el legislador republicano Lincoln-Diaz Balart; Robert Blau, quien trabajó en el servicio exterior estadunidense en El Salvador y La Habana; José Cardenas, quien trabajó en el Departamento de Estado, la USAID y con la Fundación Nacional Cubanoamericana; Mauricio Claver-Carone, integrante del equipo de transición, cofundador de uno de los grupos pro embargo más activos en Washington.
Otros en la lista son William Brownfield, actual subsecretario de Estado para Narcóticos y Orden Público, y anteriormente embajador en Colombia, Venezuela y Chile; Leah Campos Schandlbauer, asesora del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, trabajó anteriormente en el área del Servicio Nacional Clandestino de la CIA en Europa y en América Latina; Carl Meacham, anteriormente director del programa de las Américas para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales; Mercedes Viana, Yleem Sarmento de Poblete (vinculada con la diputada Ileana Ros-Lehtinen), y Charles Glazer, ex embajador en El Salvador.
