Alfredo Martínez de Aguilar

Participar en Huajuapan de León en la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, a invitación del presidente de la Fundación LG, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, me permitió compartir algunas reflexiones con los ciudadanos del corazón de la Mixteca.

Con todo y los avances de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos al ser la primera en reconocer los derechos sociales colectivos en el mundo, gracias a la visión de estadistas de los constituyentes de 1917 nos preguntamos por qué México sigue hundido en el subdesarrollo.

Para abrir boca, en plan provocador, sostuve que el balance de los primeros cien años de la Carta Magna vigente es negativo, toda vez que, de entrada, su modelo es una imitación extralógica de la Constitución de los Estados Unidos, incongruente y hasta contradictorio.

Mientras los Estados Unidos son realmente una Federación de Estados nosotros diciéndonos serlo resultamos, de hecho, una especie de Confederación sin serlo realmente, ya que a diferencia de Estados Unidos en México los estados no son libres ni menos soberanos.

Por su origen, por el contexto en el que se dio y por sus resultados, la Constitución de 1917 fue paradójicamente un producto “híbrido” entre el espíritu liberal y el restaurador. El texto permitió distintas interpretaciones y resultó compatible con diversos diseños institucionales, que al desarrollarse, conformaron de manera facciosa el Proyecto Nacional de la Revolución.

Dicho proyecto abarca combinaciones de diseños institucionales e interpretaciones de los mismos, como respuesta a las modificaciones en una sociedad que se ha transformado dramáticamente sin abandonar del todo sus características originarias.

Por ello, el cuerpo jurídico que dio lugar al Proyecto Nacional del PNR, PRM y PRI, para mantenerse en el poder –cada vez más alejado de su versión originaria-, se sostiene sin ruptura jurídica hasta nuestros días. La Constitución presenta, en su redacción actual, una amalgama multiforme, resultado de más de 600 reformas frente a solo 27 de la Constitución de EUA, en la que todavía es posible identificar algunos de sus principios orientadores como la división del poder, la protección de los derechos humanos, el federalismo, cuya base es el poder municipal, y la independencia del Estado y las Iglesias.

Como es lógico y natural la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

no define con toda claridad y precisión un proyecto integral de nación a largo plazo, fincado en la libertad y la soberanía. En consecuencia, el país no tiene rumbo ni hoja de ruta que sirva de norte al abandonarse el nacionalismo revolucionario y el liberalismo social.

Nuestro futuro, por tanto, no se ve con claridad, pues ni se ha logrado constituir realmente un Estado de derecho, ni se acortaron las desigualdades que llevaron al movimiento armado de 1917; ni se ha alcanzado un desarrollo moderno equilibrado. La pobreza, corrupción e injusticias, destruyen al país.

Somos ciertamente, un Estado de Derecho, pero no plenamente democrático. Hay avances en cuanto que la alternancia cobró carta de naturalización. Pero seguimos luchando por consolidar electoralmente la transición democrática para arribar finalmente a la normalidad democrática

La Constitución de 1917 en su versión primigenia, ofrece una mezcolanza de varios modelos de Estado que proceden de diversas épocas, y tienen una concepción y visión distinta no sólo sobre el Estado, sino también sobre el ejercicio mismo del poder y el proyecto de nación.

En ésta se puede identificar la presencia de tres modelos contradictorios de Estado: liberal, central y social, el primero, o sea, el liberal, representado por una parte significativa de su antecesora, la Constitución de 1857, de corte liberal y origen del modelo “fundacional” vigente.

El segundo, o sea el central, se configura con elementos de tipo autoritario, que es la forma en que se ejerce el poder, a pesar de la reforma de la Constitución liberal para fortalecer los poderes federales y presentar a la federación como la protagonista principal del desarrollo económico, político y social del país.

Y por último, el modelo social, que comprende principios emanados de las demandas de este tipo y que buscan ampliar las bases sociales del Estado surgido de la Revolución sin desarticular el perfil autoritario que caracteriza al modelo central.

El texto asumía además dos concepciones diferentes de poder público: una que limitaba sus acciones para permitir el respeto del individuo y otra que limitaba las acciones de los individuos para garantizar a otros individuos determinadas condiciones de vida.

La primera concepción es considerada la parte liberal de la Constitución, y la segunda, la social. El Título I, Sección I de la Constitución de 1857, reconocía los derechos del hombre; esta parte en la Constitución de 1917, se denominó “de las garantías individuales”, hoy llamados derechos humanos, y establecía que dichas garantías son otorgadas por la Constitución.

La concepción social no estaba en el proyecto de reformas que presentó Venustiano Carranza al Constituyente y es resultado de los ásperos debates que sobre algunas materias se dieron en el seno de la Magna Asamblea; se encuentra fundamentalmente en los artículos 27 y 123.

A partir de este marco general de obligada referencia abordé el tema “Los Poderes Públicos y las Reformas Estructurales”. De manera irreverente y contestataria, recordé que a los habitantes de nuestro país consta que la división de poderes en México es inexistente por irreal.

El positivo y saludable equilibrio de pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sigue siendo un sueño largamente acariciado por los mexicanos y más todavía por los oaxaqueños. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. La partidocracia degeneró y prostituyó la división de poderes.

A la luz de esta realidad es posible entender por qué el Pacto Federal es en estricto sentido una ficción o, si lo prefiere, una entelequia, que muy pocas veces funciona al ser medianamente respetado, según la visión sensibilidad y compromiso del presidente de la República en turno.

En tales condiciones, no hemos logrado pasar de la simple alternancia a la consolidación de la transición democrática y arribar a la plena normalidad democrática, a través de un Pacto político con visión a largo plazo como el de la Moncloa en España o el de La Moneda en Chile.

Al igual que los presidentes de la República y los gobernadores de los estados, los dirigentes políticos nacionales y locales de los partidos políticos, han actuado tras el poder como miopes, con metas inmediatistas a corto plazo, sin visión de futuro, en un simple ‘quítate tú para ponerme yo’.

Para cumplir la consigna de impulsar 22 reformas estructurales, 11 aprobadas por el Congreso de la Unión, impuestas en el Tratado de Libre Comercio por el imperio norteamericano y la globalización, a Enrique Peña Nieto no le quedó de otra que impulsar el Pacto por México.

Con la participación y/o complicidad del PAN y del PRD, como quiera vérsele, se aprobaron la reforma hacendaria, educativa y la energética dentro de las de mayor trascendencia, puesto que, incluso, tenemos también en lista de espera una reforma político-electoral más.

En 2008, iniciaron las grandes reformas al incorporarse en la constitución el sistema penal acusatorio y los juicios orales. Las reformas de 2011, en materia de amparo y derechos humanos, marcaron un nuevo paradigma en nuestro país, al obligar al Estado mexicano a respetar y hacer efectivos los derechos humanos, con un sistema eficaz de defensa y protección.

En 2012 la reforma laboral, legal, no constitucional, de la que se habló mucho en su momento pero que a cinco años de haberse dado, no se ha visto una repercusión mayor. Y en este sexenio, el Pacto por México ha arrojado la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la educativa y anticorrupción, las tres aún esperando la legislación secundaria y su implementación.

Si realmente queremos cambiar el actual estado de cosas en México sonó la hora de cambiar personal, familiar, social y nacionalmente como individuos, personas y ciudadanos. Es una necesidad imperiosa recuperar la dignidad y la unidad nacional. ¿Seremos capaces de hacerlo?