Ignacio Martínez Platas/RIOaxaca.
Oaxaca de Juárez. La intromisión de las “organizaciones sociales”, en los conflictos agrarios de las comunidades de la sierra sur, mixteca, mixes y en el Istmo de Tehuantepec, se ha convertido en una “bomba de tiempo” para las comunidades y en un botín político y económico para los dirigentes.
La diputada local, Adriana Atristaín Orozco, exhortó al Ejecutivo del Estado y a los delegados federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, (SEDATU) y a la Procuraduría Agraria, (PA), para que en el ámbito de sus atribuciones, elaboren un programa integral matriz de concurrencia para la atención y resolución de la problemática agraria en el estado.
De la misma manera, el exhorto estaría dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para el diseño de los protocolos de reacción inmediata cuando se presenten hechos de violencia derivados de la problemática agraria.
La diputada por el distrito de Ejutla de Crespo, reconoció que las luchas sangrientas han cobrado un alto número de vidas humanas, que han dejado cientos de huérfanos, principalmente en las regiones de la sierra sur, en la mixteca alta y baja, valles centrales y parte del Istmo de Tehuantepec.
Más adelante, enumeró las comunidades de San Mateo Yucutindó, Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Zaniza, que mantienen conflictos agrarios por límites con su colindante, Santiago Amoltepec.
De la misma manera, en la mixteca oaxaqueña, se encuentran latentes los conflictos por límites entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, al igual que entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, que en solo 4 años por la disputa de tierras han muerto unos campesinos.
Mientras que en el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Vicente Coatlán, mantiene una disputa ancestral por límites de tierras con Sola de Vega, en el que también, la violencia ha cobrado decenas de víctimas.
La diputada priista, sostuvo que lo más grave es que los dirigentes “sociales” han logrado imponer su decisión en las comunidades en conflicto y son los principales interesados en que éstos no se resuelvan por convenir así a sus intereses económicos y políticos, además de manipular a modo a los habitantes para movilizarse las veces que sea necesario.
De los más de 40 conflictos agrarios existentes en el estado, un 10 por ciento de ellos han sido resueltos por el Tribunal Unitario Agrario, sin embargo, las sentencias no han podido ser ejecutadas físicamente por lo que las comunidades que lograron ganar los juicios, no han podido tomar posesión de las áreas en disputa.
En la ejecución de las sentencias emitida por el Tribunal Unitario, no ha sido posible por los intereses obscuros de los “líderes sociales” que se oponen al finiquito de los conflictos agrarios,
por lo que el gobierno federal coadyuvará en la solución de éstos asuntos, de lo contrario la justicia seguirá siendo nula en materia agraria, expuso la diputada Atristaín Orozco.
