Detrás de la noticia dominical: ¿Juicio Político a Gabino Cué por la corrupción?  

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Alfredo Martínez de Aguilar

Oaxaca de Juárez. Al poner de manifiesto la estupidez del ser humano, la soberbia siempre será mala consejera. Especialmente lo es entre los gobernantes, políticos y servidores públicos. ¡Y vaya que abunda la arrogancia entre éstos en los últimos sexenios!

La soberbia atenta abiertamente contra la inteligencia. Ésta última es la parte divina del ser humano que nos asemeja a Dios, hechos a su imagen. Es, por tanto, el peor sentimiento y defecto humano, y el peor pecado espiritual.

Muy caro podría pagar su soberbia el ex gobernador Gabino Cué y su mafia de saqueadores. Presumen su arrogancia públicamente en fiestas faraónicas. Equivocadamente están convencidos que gozan de total impunidad.

Los diputados integrantes de la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado podría iniciar Juicio Político contra el ex mandatario estatal. El motivo es la escandalosa corrupción sin parangón en la historia de Oaxaca.

La legislatura local inició la revisión de la denuncia de Juicio Político presentada contra el ex gobernador Gabino Cué, congelada desde marzo del año pasado, en la que se le acusa de violar reiteradamente múltiples disposiciones constitucionales y legales, que pueden constituir las conductas de Desvío de Recursos Públicos Federales, Enriquecimiento Ilícito y Tráfico de Influencias, establecidas en el artículo 81 de la Constitución de Oaxaca.

De acuerdo con la imputación presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, Amira Cruz Ramírez y Alejandro Cruz Pimentel, se solicitó al poder legislativo iniciar formalmente Juicio Político contra el ex gobernante oaxaqueño por “distraer las rentas públicas del estado de los objetos a que están destinados por las leyes, por el desvío de recursos públicos que trastocan el funcionamiento normal de las instituciones y por violaciones graves a la Constitución”.

En la denuncia, dada a conocer por José Luis Sarmiento, se solicita a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por el posible daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.

Acusan a los “personajes públicos” cercanos al primer cuadro del ex gobernante, de mancillar la confianza que les fue depositada, quienes a través de sus acciones u omisiones se beneficiaron económicamente en detrimento del erario federal y estatal y más aún en perjuicio del pueblo de Oaxaca.

La corrupción, denuncian, ha tocado los sectores más sensibles de la sociedad oaxaqueña, frente a los escándalos del desfalco y fraude de programas sociales, adjudicaciones directas a empresas de amigos y familiares, el lucro con los pagos y sueldos de servidores, usurpación de funciones y actos de ilegalidad cometidos con esa personalidad.

“El principal responsable de conducir al estado de Oaxaca a una situación de lastre económico y de altos niveles de corrupción, es Gabino Cué Monteagudo”, resalta la denuncia, “es penoso y triste observar que Oaxaca no cambió y que las cosas siguen peor después de seis años”.

La condición indispensable para llevar a Juicio Político a Gabino Cué es que exista la voluntad política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Alejandro Murat. Es todavía una posibilidad, pero real, ni tan remota ni tan lejana como pudiera creerse.

El juicio político puede comenzar durante el ejercicio de las funciones del servidor público o dentro del año posterior a la conclusión de su encargo, y deriva en una resolución administrativa y una sanción política. Aún estamos en tiempo.

Es un procedimiento de orden constitucional que realiza El Poder Legislativo federal, a través de las cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia.

 

Corrupción, materia

del Juicio Político

 

El juicio hace efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha razón.

Se exige responsabilidad en juicio político por cometer actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho, tales como: ataques a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno democrático, representativo y federal.

Asimismo, a la libertad de sufragio; por violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México.

Por usurpación de atribuciones; también por cualquier infracción a la Constitución o a leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a una o varias entidades federativas o a la sociedad; o porque motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

No procede juicio político contra el Presidente de la República; sin embargo, puede operar la declaración de procedencia, es decir, se le puede exigir responsabilidad penal.

El artículo 110 de la Constitución federal establece que podrán ser sujetos de juicio político los

ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.

Solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables

De nada sirvió que el gobierno de Gabino Cué recibiera uno de los presupuestos históricamente más altos del país, mismo que se fue incrementando en cada ejercicio fiscal, como se explica en la denuncia de Juicio Político, en los que se etiquetaron durante el sexenio recursos del orden de 438 mil 219 millones de pesos.

Es fundamental señalar el desproporcionado aumento de la deuda contraída, que en tan sólo seis años se incrementó en 10 mil millones de pesos, pasando de 4 mil 615 en 2010 a 14 mil 139 en 2016, sin que hasta la fecha se haya explicado con claridad al pueblo de Oaxaca en qué se utilizaron esos recursos que tendrán que pagar los contribuyentes.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió constantes señalamientos al Gobierno de Gabino Cué por no contar con manuales de organización y procedimientos para el ejercicio de recursos del Fondo para Infraestructura Social Estatal (FISE), así como por la carencia de mecanismos de control por parte de la Secretaría de Finanzas, los cuales se desglosan en la denuncia por distintos montos y durante varios ejercicios fiscales.

De acuerdo con las pruebas aportadas en la denuncia de Juicio Político, el organismo fiscalizador detectó del 2011 al 2014 un monto de 5 mil 870 millones 967 mil pesos de recursos federales no solventados, así como 4 mil 841 millones 127 mil pesos que no fueron ejercidos.

Durante ese mismo lapso, se tuvieron que devolver por detrimento a la hacienda estatal 137 millones 701 mil pesos. “Lo anterior implica no sólo un verdadero desvío de recursos sino también la actualización de delitos en contra del erario estatal”, subraya la denuncia.

 

Fiscalía recibirá denuncias

contra gobierno de Gabino

 

La esperanza que el estado de cosas cambie para bien, renace con el arribo de cada nuevo gobierno trianual y sexenalmente en México y Oaxaca. Es uno de los mayores activos intangibles de los gobernantes, políticos y servidores públicos.

Es de lamentar que no todos los gobernantes, políticos y funcionarios, tengan la visión y sensibilidad para capitalizar de manera óptima este estado de ánimo del pueblo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible alcanzarlo.

Es un gran activo positivo con un indiscutible efecto multiplicador que permite, primeramente, recuperar la confianza y credibilidad perdidas por los últimos gobiernos priistas, pero sobre todo, por el gobierno aliancista de la primera alternancia.

La esperanza de combatir la escandalosa corrupción del gobierno de Gabino Cué y su mafia de rateros surgida con el triunfo de Alejandro Murat, se fortalece con el anuncio que la Fiscalía General del Estado abrirá una mesa de recepción de denuncias.

El fiscal Joaquín Carrillo Ruiz, informó que será una mesa especial para recibir las denuncias de empresarios, organizaciones sociales, ciudadanos y todo aquel sujeto que se considere defraudado por la anterior administración estatal y desee iniciar un expediente penal.

La Fiscalía recibirá las denuncias de todo aquel oaxaqueño que crea que fue afectado en su patrimonio, bienes o condición económica por actos de funcionarios públicos de la anterior administración, según información dada a conocer por Alfonso Cruz López.

“Por el momento, no hemos iniciado ningún expediente porque, tal vez, la misma Contraloría está recabando la información e integrando los expedientes necesarios para formalizar una denuncia, pero hasta este momento no tenemos nada contra ninguno de los funcionarios del gobierno de Gabino Cué Monteagudo”, señaló el fiscal general.

Expuso que no se trata de una ‘cacería de brujas’, sino de dar cumplimiento a las denuncias no sólo de ciudadanos, sino de organizaciones sociales, empresarios y todos aquellos que, en su momento, prestaron servicios, entregaron artículos o proveyeron de determinados bienes al gobierno estatal pasado, pero no les cumplieron con el pago.

Detalló que las averiguaciones previas que se iniciarán con motivo de estas denuncias, deberán de estar soportadas legalmente para el procedimiento respectivo.

Rechazó que no tener expedientes penales abiertos contra los integrantes de la administración de Gabino Cué se pueda tomar como tibieza o complicidad del gobierno estatal actual, “creemos que simplemente se están revisando las quejas y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en su momento, hará lo procedente”, expuso.

De acuerdo al fiscal general, el inicio de un procedimiento implica una investigación que culmina con una sentencia, pero la oficina a su cargo no tiene expedientes abiertos contra ex funcionarios estatales.

Sin duda, resulta muy alentador que una actitud eminentemente institucional, el Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, ponga de manifiesto que aun cuando fue nombrada por Gabino Cué y ratificado, en su momento, por el Congreso del Estado, ello no entraña complicidad alguna, ni menos impunidad para aquellos que violaron la Ley.