Proceso.
Ciudad de México. La presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto del PRI, Samantha Caballero Melo, envió una carta pública al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para reprochar que “la inacción y las omisiones” de su gobierno son una manera de avalar la violencia política que enfrenta y que la orilló a acudir a los tribunales federales.
La misiva es consecuencia de la situación que ella y otras alcaldesas y regidoras municipales de Oaxaca han padecido los últimos meses debido a las presiones políticas y la falta de garantías de seguridad para desempeñar su labor.
En el caso de Caballero Melo, fue amenazada de muerte por el síndico municipal para que renuncie al cargo, presuntamente, porque fue un acuerdo político con el propio PRI.
Frente a este escenario, la presidenta municipal pidió a Murat Hinojosa que “voltee su mirada a la comunidad de San Juan Bautista Lo de Soto y se garantice la gobernabilidad; se respeten mis derechos político-electorales, así como los derechos político-electorales de la tesorera María Hernández Santiago”, quien fue destituida por el secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés, para imponer a una priista.
Caballero Melo también solicitó al gobernador girar las instrucciones necesarias para garantizar su vida e integridad física y la de sus colaboradoras; así como iniciar las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones en su contra.
En su carta, denunció: “han pasado 77 días desde el inicio de su gobierno, un mes después, el primero de enero, yo tomé protesta como presidenta municipal, ese mismo día el síndico y los regidores de obras, hacienda y educación, tomaron el palacio municipal: sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas”.
Continuó al decir que desde hace 46 días, “Pablo Anica Valentín, síndico municipal, busca que yo pida licencia para que él pueda ser el presidente municipal pues a su parecer una mujer no sabe gobernar”. Hasta la fecha, dijo, es el síndico quien tiene las llaves del municipio.
Por lo pronto, según la alcaldesa, la toma del edificio y la interrupción de los servicios que en él se brindan generan afectaciones a habitantes de la comunidad porque no se pueden prestar los servicios necesarios, ya que los recursos no han sido enviados como corresponde a la presidencia municipal.
“Estamos a punto de quedarnos sin el abastecimiento del agua y la luz pública, y tanto yo como mis colaboradores no tenemos acceso a las oficinas de manera plena y hemos recibido amenazas y agresiones, incluso amenazas de muerte”, puntualizó.
Samantha Caballero Mello hizo hincapié que “si bien el 2 de enero, junto con mi cabildo me acredité como presidenta municipal ante la Secretaría General de Gobierno del Estado, la propia Secretaría destituyó a mi tesorera y acreditó de manera improcedente a Nazario Bracamontes Clemente, esposo de la presidenta del PRI en la comunidad, y quien fue nombrado arbitrariamente por el síndico municipal”.
Por ello, dijo, “he acudido ante distintos servidores y servidoras públicas e instituciones estatales, sin que hasta la fecha haya tenido una respuesta efectiva ni la voluntad política para resolver la problemática que prevalece y que se agudiza ante el descontento de la comunidad, la cual me respalda y apoya como la primera presidenta municipal”, finalizó.
