Alfredo Martínez de Aguilar.
Hace meses vimos venir la embestida de los Sindicatos Nacional e Independiente de Trabajadores contra la Secretaría y Servicios de Salud de Oaxaca. De ninguna manera fue una jalada o tomada de pelo o una simple especulación protagónica para llamar la atención.
Por el contrario, fue resultado de un responsable e informado ejercicio de creación de escenarios políticos futuros que nos permitió adelantarnos a los acontecimientos que se han dado en los últimos tiempos en la lucha a muerte por el botón del presupuesto del sector salud.
Al escandaloso saqueo en el Sistema Estatal de Protección Social en el Estado de Oaxaca mejor conocido como Seguro Popular ha sobrevenido, ahora, la “huelga loca”, como se denomina jurídica a la suspensión de actividades, de hecho y de manera injustificada e ilegal.
En un nuevo ejercicio de creación de escenarios futuros obligado es preguntar de quién es la mano negra que mueve la cuna de la violencia instrumentada por el secretario general del SITYPS, Raúl Ulises Cortés Maldonado, a quien se vincula con la CNTE y Benjamín Robles.
Es por demás evidente, público y notorio, que la demanda de Contrato Colectivo de Trabajo del SITYPS, se trata de una perversa maniobra de chantaje político-sindical, toda vez que el titular del mismo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).
Más interesante es no descartar que detrás del paro ilegal de actividades en el Seguro Popular, se encuentre nada más ni nada menos que la mano negra de su último director, Rogelio Hernández Cázares, operador político-financiero de Manuel Andrés López Obrador en Oaxaca.
Posibilidad que se fortalece a la luz de las investigaciones financieras de la escandalosa corrupción en ese organismo en particular y en general en el sector salud por parte del propio operador político-financiero del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pero sobre todo, de Jorge Enrique Castillo Díaz y de Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, amigos y colaboradores íntimos del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien, fue informado documentadamente del saqueo en salud por el ejecutado Rafael Pérez Gavilán.
Indispensable es precisar que estos crímenes no los cometen única y exclusivamente los gobernantes, servidores públicos y políticos en su inmensa mayoría, sino también sus familiares, amigos, compadres, socios y finalmente cómplices disfrazados de honorables empresarios.
Muy grande debe ser la desesperación de Gabino Cué y su mafia de rateros para insistir en agredir al gobierno de Alejandro Murat con estas maniobras perversas, agravando el colapso político y financiero que le heredaron y que llevaron al Gobierno de Oaxaca Buró de Crédito.
Más ahora que la Comisión Instructora de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el acuerdo de radicación del juicio político promovido contra el ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué, y cuya demanda fue ratificación por el senador Benjamín Robles Montoya.
Claro, es más fácil que Gabino Cué termine en la cárcel por la violación de derechos humanos de las víctimas del desalojo del bloqueo de maestros y ciudadanos en Nochixtlán, el 19 de junio de 2016, con un saldo de 8 muertos y 190 lesionados, al ordenar un operativo con policías armados, según la CNDH. Delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles.
Ante la falta de acreditamiento de legitimidad de la causa, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, doctor Francisco Martínez Sánchez, declaró improcedente el estallamiento de huelga en el Sistema Estatal de Protección Social en el Estado de Oaxaca.
En la “huelga o paro loco” en las instalaciones del Seguro Popular en la capital oaxaqueña participan aproximadamente un diez por ciento de los trabajadores administrativos y de brigadas pertenecientes al Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud.
Con fecha 24 de febrero del año en curso, mediante resolutivo del expediente 127/2017, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resolvió como improcedente el emplazamiento a huelga demandado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud.
Por tanto, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Dr. Francisco Martínez Sánchez, determinó la conclusión y archivo de dicho expediente. Sin embargo, el dirigente del SITYPS, Raúl Ulises Cortés Maldonado, estalló una “huelga loca” y realiza acciones, de hecho.
En nuestra entrega del sábado 29 de octubre DE 2016 advertimos sobre la formación de un peligroso frente subversivo en Oaxaca, en dos de las áreas más sensibles políticamente, educación y salud, al atender a los sectores sociales más amplios y vulnerables.
El objetivo, dijimos, no es otro que seguir ensayando en Oaxaca el incendio del país para tomar por asalto el poder en México en las elecciones presidenciales de 2018 por parte de Manuel Andrés López Obrador, presidente del concejo nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Con el apoyo presuntamente del magnate Carlos Slim Helú, a quien López Obrador entregó los principales edificios coloniales del Centro Histórico de la Ciudad de México, Morena y la CNTE pretender tomar por asalto la presidencia de la República en un año más, en 2018.
Reportes de inteligencia revelan presuntamente que llevado de su odio y sed de venganza contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que debilitó su monopolio en materia de telecomunicaciones con la reforma del ramo, Slim financia la revuelta magisterial en el país.
De igual manera, ha trascendido que, a través de Miguel Torruco Márquez, renunciado Secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México y consuegro de Carlos Slim Helú, se proporciona hospedaje a los dirigentes de las diversas secciones de la CNTE durante sus movilizaciones.
Oaxaca, la Gran Señora del Sur, sigue siendo laboratorio político nacional desde los 70 en el que a semejanza de los 16 grupos étnicos que hablan más de 50 dialectos, se confunden los intereses de los grupos políticos nacionales con sus cómplices de las mafias locales en el estado.
Las organizaciones radicales y los grupos armados a los que apoyan tienen a su favor la creciente indignación de amplios sectores de trabajadores al servicio del Gobierno federal y estatal, por la escandalosa corrupción y saqueo de los multimillonarios recursos presupuestales.
La creciente descomposición económica, política y social, pudrió a Oaxaca y a la mayoría de los oaxaqueños al corromper hasta la médula a los corruptos, sin límite ni llenadera alguna. Es de lamentar que hasta ahora éstos grandes corruptos tienen garantizada completa impunidad.
Las organizaciones radicales que apoyan a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lograron infiltrar a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y al SITYPS, a través de la disidencia sindical.
Éste es el caso, particularmente, del Frente Popular Revolucionario (FPR), brazo político de grupos armados que operan en Oaxaca, cuya estrategia y logística evidencia la similitud de las acciones realizadas por los activistas y milicianos que manipulan a la CNTE y al SNTSA.
Las movilizaciones sindicales de ambos sectores de trabajadores, a través de marchas, plantones, toma de oficinas y bloqueos de calles y carreteras, son acciones de presión, chantaje y terror, semejantes entre la Sección XXII de la CNTE y la Sección 35 del SNTSA y SITYPS.
