Alfredo Martínez de Aguilar.
Oaxaca de Juárez. En medio del colapso económico, político y social, heredado por Gabino Cué y su mafia de rateros a su sucesor, Alejandro Murat, resulta harto alentador que, por primera vez, el gabinete legal del Ejecutivo presente su declaración 3 de 3, fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
Sin ser agorero del desastre, sino por el contrario sumamente optimista en cuanto a ser realista informado, en un ejercicio de creación de escenarios futuros podemos adelantar que la presentación de la declaración 3de3 no basta, porque persiste la opacidad en los funcionarios.
Para los servidores públicos es muy fácil, simple y sencillo, refugiarse en el eufemismo legaloide de la reserva por razones de seguridad personal y familiar, para no ocultar gran parte de su fortuna, las más de las veces mal habida. ¡Quien hace la Ley hace la trampa!
O de qué otra manera explicar que instalados como altos servidores públicos algunos de los colaboradores más cercanos del gobernador Alejandro Murat inauguren negocios familiares con cuantiosas inversiones, cuyo origen jamás se conocerá por la opacidad que les rodea.
Para combatir la corrupción a fondo, es innegable que la 3d3 es uno de los primeros pasos positivos en el largo camino que espera a los ciudadanos de México en general y en particular a México en el anhelado reclamo en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Del politólogo argentino Guillermo O’Donnell aprendimos que, hoy en día, la calidad de los regímenes democráticos en el mundo occidental se mide, entre otros indicadores, por el grado de Transparencia y Rendición de Cuentas con que cuenten como estados nacionales.
Arribar a este deseable estadío político-social requiere de manera indispensable pasar de la simple democracia representativa y delegativa a la democracia participativa como parte sustancial de la normalidad democrática, meta todavía muy lejana en el horizonte de México.
Lamentable y dolorosamente, mientras no se termine la impunidad que garantizan las amplísimas redes de complicidad de los grupos políticos a nivel nacional, no se logrará abatir la escandalosa corrupción que pudre a la nación. En Oaxaca el peculado dejó de ser delito grave.
Por otro lado, han empezado a circular en las redes sociales insistentes versiones que los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado perdonarán a Gabino Cué y acordarán declarar improcedente el Juicio Político demandado en su contra por Benjamín Robles.
Asimismo, O’Donnell se refirió a las llamadas “zonas marrones”, donde la legalidad estatal se ha evaporado y rige una legalidad mafiosa en la que sólo queda perversamente un Estado, a través de los fondos públicos o los uniformes. El Estado pierde entonces su carácter público, aparece con una cara mafiosa y su credibilidad se reduce a cero.
Prueba de ello, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ubica a Oaxaca dentro de los estados que presentan rezagos en la aprobación del Sistema Local Anticorrupción, a 4 meses de que venza la fecha límite para ponerlo en marcha el próximo 18 de julio.
Mediante su programa Semáforo Anticorrupción ubica al estado de Oaxaca dentro de las 23 entidades federativas con problemas o retrasos para su instrumentación, entre estos, Tabasco, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Campeche y Coahuila.
Y es que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). Rezago que pretende subsanar la Agenda Común Legislativa del Congreso del Estado
Éstos deben respetar el modelo federal de distribución de competencias y deben de contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades.
El “Semáforo Anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción” es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación.
La herramienta documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales, en donde Oaxaca todavía no avanza.
El IMCO expone que los Sistemas Locales Anticorrupción necesitan una base sólida desde las constituciones locales y tienen para su implementación hasta el 18 de julio de este año.
Solo 10 estados tienen una reforma constitucional satisfactoria, mientras que nueve aún no cuentan con reforma constitucional, mientras que solo dos estados –Baja California Sur y Querétaro– contemplan que su Entidad Superior de Fiscalización sea la que sancione las faltas administrativas no graves, expone el organismo civil.
Advierte que Morelos, es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos, dado que el CPC lo elige el congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA.
De la misma forma, el Semáforo Anticorrupción indica que Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, mientras que 24 entidades aún no cuentan con ella.
De acuerdo a lo establecido por el Jefe del Ejecutivo del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, el total del Gabinete legal que conforma su estructura de gobierno ha cumplido a esta fecha, dentro del plazo conferido de 90 días, con su declaración patrimonial dentro de la plataforma denominada 3 de 3., programa que incluye no solo la declaración patrimonial como tal, sino la de conflicto de intereses y la fiscal.
Este 28 de febrero en que se cumplió el plazo comprometido por el mandatario al inicio de su administración, el Secretario de la Contraloría del Estado, José Ángel Díaz Navarro, lo confirmó, la totalidad de los titulares del gabinete legal cumplió con la directriz, y recordó que esta acción de transparencia y legalidad fue uno de los compromisos de la campaña del actual Gobierno.
Enseguida, subrayó como relevante informar que el portal que concentra toda la información, es totalmente ajeno al control administrativo del Estado de Oaxaca, por lo que los procedimientos, formatos, y protocolos que determinan el tiempo y forma en que se publica la información, dependen enteramente de dicha plataforma., es decir, una vez presentadas las declaraciones, pasan por filtros exhaustivos que observan cada rubro, por lo tanto, los tiempos de la publicación de la información quedan supeditados a dicho sistema.
La ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, establece claramente quienes son los sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial; dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas, el Gobernador ha instruido al gabinete legal ampliar el alcance de esta obligación y abarcar no solo la declaración patrimonial, sino la de conflicto de intereses y la fiscal.
Lo anterior en aras de lograr la máxima transparencia posible en nuestro Estado y en nuestro País, misma que es posible dentro de la plataforma denominada 3 de 3.
