El Economista.
Ciudad de México. Para muchos europeos, la decisión de la administración Trump de restringir a algunos estadounidenses transgéneros el uso de baños que coincidan con sus identidades de género era otra indicación de que Estados Unidos se aleja de los valores liberales.
Los derechos de las personas transexuales se han convertido en una preocupación más acuciante para los activistas y legisladores europeos en los últimos años. Pero en comparación con la indignación que ha recibido el actual debate estadounidense, el continente parece preocuparse poco por las violaciones de derechos en Europa, que los activistas consideran igualmente severas.
Lo que preocupa a activistas y defensores de los derechos humanos aquí es la legislación en muchos países europeos que obliga a las personas a someterse a la esterilización para ser reconocidas oficialmente como transgénero. Mientras que las personas transexuales no se ven obligadas a realizar la esterilización, aquellos que no tienen su género legalmente reconocido enfrentan una serie de problemas.
“El reconocimiento legal del género es también un elemento esencial de otros derechos fundamentales”, escribió Human Rights Watch en su informe anual del 2016, “incluyendo el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar libre de arrestos arbitrarios y los derechos relacionados con el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la justicia y la capacidad de moverse libremente”.
Los afectados también se ven obligados a explicar al personal de aeropuertos, empleados del banco y otros por qué su apariencia física no coincide con su género oficial. La vergüenza resultante, argumentan los defensores de los derechos humanos, puede detener a muchas personas que se identifican como transgénero, pero no quieren ser obligados a la esterilización, a “salir del closet”.
Los transexuales también deben ser diagnosticados con “disforia de género” en varios países europeos antes de poder cambiar oficialmente su identidad de género, otra práctica que ha sido duramente condenada. La Organización Mundial de la Salud mencionó la “disforia de género” como una enfermedad mental hasta el año pasado, cuando el término fue abandonado.
El grupo de derechos humanos Transgender Europe (TGEU) ha estado liderando los esfuerzos para luchar contra las normas, que estaban en vigor en al menos 17 países europeos el año pasado. Once de esos países son miembros de la Unión Europea: Bélgica, Finlandia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Croacia y Grecia.
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Mina Tolu, responsable de comunicaciones de TGEU, dijo que el grupo está optimista frente a cómo las cosas están cambiando para mejor, ya que algunos países han ablandado recientemente su postura sobre el tema.
Francia abandonó su norma de esterilización el año pasado, después de Noruega, Irlanda y otras naciones. “Lenta pero seguramente hay un cambio hacia la autodeterminación y la eliminación de los requisitos discriminatorios para acceder a un cambio de documentos como certificados de nacimiento, tarjetas de identidad o pasaportes”, dijo Tolu.
El gobierno sueco fue más allá cuando anunció el pasado mes de abril que pagaría compensación a las personas transexuales que fueron forzadas a someterse a esterilización antes de que la ley se suspendiera en el 2013. “Ningún otro país ha retomado eso”, dijo Tolu.
Pero a pesar de las crecientes críticas, los partidarios de las estrictas leyes de cambio de género dicen que la esterilización sigue siendo necesaria para asegurarse de que las personas que buscan cambiar su género van en serio acerca de sus planes.
Es un argumento que es poco probable que dure mucho más tiempo, defienden quienes trabajan por los derechos de los transexuales. Casi todos los países donde los legisladores han examinado recientemente la legislación existente optaron por anularla. El problema, dicen, es la falta de debate público en las naciones donde estas leyes persisten.
