Detrás de la noticia: Corrupción en Centro SCT; urge el cambio de delegado

Alfredo Martínez de Aguilar.

Oaxaca de Juárez. La prefabricada ingobernabilidad amenaza salirse de control. Tiene fuerte tufo futurista hacia las elecciones federales de 2018. No solo está en juego la presidencia de la República, sino también las diputaciones locales y federales del Congreso del Estado y de la Unión.

Es por demás evidente, pública y notoria, la ineficiencia e ineficacia del secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, traducida en buen castellano, simple y sencillamente en ineptitud. No es lo mismo ser ‘grillo’ en el PRI y hacer “grilla” con dinero en el Congreso.

Tan es un rotundo fracaso el desempeño del responsable de la política interior del Estado que ayer, otra vez, transportistas y organizaciones radicales, como el Frente Popular Revolucionario (FPR), desquiciaron la capital oaxaqueña, por falta de atención adecuada y oportuna.

Alejandro Avilés está más interesado en seguir haciendo negocios con el saqueo del presupuesto municipal en donde impuso administradores que, no tienen porque disponer de éstos recursos, como lo tuiteó el ex gobernador y ex secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez,

Entendible, jamás aceptable porque, hoy más que nunca, requiere de manera urgente dinero para amarrar la senaduría, aventura que permitirá al gobernador Alejandro Murat nombrar a un responsable de la política interior del Estado, eficaz, eficiente, responsable y, sobre todo, leal.

Decenas de transportistas de diversas secciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), bloquearon la carretera internacional Cristóbal Colón y los accesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Los inconformes exigen el pago de los trabajos de acarreo de materiales pétreos y de construcción en diversas obras, particularmente por los consorcios ICA-CARSO-MT en las supercarreteras, contratos otorgados por esa dependencia del Gobierno de la República.

Desde temprana hora los camioneros de vehículos pesados, arribaron a esas oficinas y bloquearon también la carretera hacia el panteón Jardín y San Andrés Huayapam. De igual forma apoyan en la movilización, conductores de transporte público de pasajeros.

Lamentablemente, la corrupción ha sentado sus reales en el Centro Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al permitir la manipulación de licitaciones millonarias para obras de caminos y carreteras, con el fin de favorecer a empresas familiares.

Según informaron ayer varios medios, el 5 de enero de este año, la SCT emitió la licitación numero LO-009000967-E85-2016 (un paquete de 9 obras en la costa oaxaqueña), por un monto de 48 millones 424 mil pesos, en cuyo dictamen fue favorecido un consorcio de empresas ligadas a un funcionario.

Se trata de ARACENA Construcciones S.A. de C.V. de Jorge Aroche, padre del actual  subsecretario de Planeación y Programación de la Secretaria de las  Infraestructuras (SINFRA) del estado de Oaxaca, Alejandro Aroche Tarasco.

Para acceder a las millonarias obras, ARACENA se alió con Servicio de Terracerías, Asfaltos y Construcción S.A. de C.V., propiedad de Antonio Vargas, así como Estudios, Proyectos y Dibujos S.A. de C.V. de Víctor Palacios, todos afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

De acuerdo con socios del gremio empresarial, dichos constructores intentaron manipular las elecciones internas del organismo, quienes buscan favorecerse de manera económica.

Un texto en poder de los medios consigna que “cuando vieron perdida la elección se levantaron y amenazaron con usar sus influencias políticas para anular y reponer la elección. La historia no termina aquí porque la ambición desmedida de Toño Vargas es tal que ya está planeando el próximo golpe”.

A unos meses de iniciar este gobierno, funcionarios ya se reparten obras con la complacencia de la delegación federal de la SCT e irrumpiendo en la vida interna de la cámara empresarial, por lo que urge el cambio de delegado del Centro Oaxaca y la llegada de Adolfo Toledo Infanzón.

Por otro lado, el Frente Popular Revolucionario (FPR), demandó que se instalen mesas de diálogo con el gobierno estatal para que se atiendan temas que se encuentran pendientes.

El dirigente de esa organización radical Macario Atalo Padilla, dijo que el gobierno de Gabino Cué dejó conflictos graves los cuales no tuvieron atención durante su administración, los cuales se agudizaron. exigen la presentación con vida del indígena chatino Lauro Juárez, para que se aplique la justicia.

Como parte de sus protestas bloquearon Ciudad Judicial y Administrativa, así como la entrada del aeropuerto de Puerto Escondido; en Putla, en la Mixteca, el crucero de Yucudaa; en Huajuapan el crucero a Tehuacán; en Nochixtlán en la supercarretera y en la federal, y en la Cuenca en los puentes Caracol y Coatzacoalcos.

El FPR informó que conjuntamente con la Unión Campesina Indígena Popular “Emiliano Zapata” y la Coordinadora de Comunidades Campesinas y Proletarias, acordaron emprender la Jornada Estatal de Lucha en las 8 regiones del estado.

“Hasta el día de hoy, y después de varias mesas de diálogo, observamos que la presente administración no pretende resolver los problemas sociales que aquejan al pueblo, es por eso que nos vemos en la necesidad de hacer uno de la manifestación como forma de protesta”, manifestaron.

Indicaron que las demandas son la exigencia de justicia para los pueblos y organizaciones, la presentación con vida de Lauro Juárez y Gregorio Alfonso Alvarado López, víctimas del estado mexicano.

La libertad de los presos políticos Fernando Cruz y Marino Cruz, reclusos desde 2007 sin sentencia, cuyo único delito fue luchar en contra del cacicazgo en Santo Reyes Nopala; Así como para Cornelio Canseco, preso desde 2012 por defender los recursos naturales de su comunidad y la vida ante la imposición de las mineras en San José del Progreso.

“Nos sumamos a la exigencia de justicia por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en donde perdieron la vida 11 pobladores de Nochixtlán en la lucha contra la reforma educativa. El Estado mexicano intenta imponer sus medidas de hambre en contra del pueblo trabajador a través de la violencia y el terrorismo de estado”, señalaron.

Subrayaron que lo anterior se refleja en los asesinatos constantes de luchadores sociales en donde también han sido víctimas como en la Sierra Sur en los casos de Juan Acevedo y Galdino Mendoza.

Apuntaron que el clima de violencia política tiene una vertiente en la confrontación que se genera por cacicazgos entre las comunidades por los límites de tierra y en donde se nota la intención del estado de llevarlos a un baño de sangre como en San Juan Quiahije y San José Ixtapan, Juquila.

Agregaron que la otra parte tiene que ver con las necesidades sociales que existen de manera evidente en las comunidades; la falta de agua potable, electrificación, drenaje, escuelas, centros de salud y vivienda.

“Nos sumamos de manera decidida a la lucha en contra de todas las medidas que afectan nuestras condiciones de vida, alzamos enérgicamente nuestra voz para declararnos en contra del gasolinazo, el alza a la tarifa de las eléctrica y el gas; estas como resultado de las reformas estructurales”, citaron.

Sentenciaron que hoy el país sufre mayor hambre y explotación, por lo que piden al pueblo organizarse de manera unitaria para detener los efectos de las reformas.

“Nuestra lucha es por defender nuestro territorio del despojo, la contaminación y el saqueo; nuestra premisa es que los pueblos originarios son los dueños de la tierra, por tanto, es preciso defenderla de la imposición de megaproyectos en contra de la voluntad de sus legítimos dueños”.

“Luchamos porque nuestros pueblos tengan el libre derecho a su autodeterminación, exigimos que se respete la vida de los pueblos y se eliminen los cacicazgos que, a través del sometimiento, quieren mantener a nuestros pueblos en la ignorancia, la miseria y el abandono, puntualiza su comunicado.