Excélsior.
Ciudad de México. Nuestro país continúa siendo profundamente violento contra las mujeres. Continuamos viendo agresiones y violencia en la calle, en el ámbito laboral, en los espacios públicos, en los hogares y en prácticamente todos los espacios de la vida privada y pública.
Los recientes escándalos, que han podido ser denunciados gracias a las redes sociales y a la posibilidad de documentar ya sea a través de audio o video, muestran el grado de impunidad con que se ejerce la violencia contra las mujeres: acoso callejero, acoso laboral, tocamientos y hasta el asesinato, como el reciente homicidio cometido contra la periodista Miroslava Breach, deben ser motivo de reflexión y de transformación de las políticas públicas y de todos los mecanismos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Este clima de violencia generalizada que opera en su contra está relacionado con las brechas que se mantienen en el poder público, en cuyas estructuras, a pesar de algunos avances, mantienen enormes rezagos que urge superar.
Juezas y magistradas
Éste es uno de los espacios en los que se mantiene un mayor conservadurismo, no sólo en las posiciones y perspectivas al momento de juzgar, sino también en lo respectivo a la estructura y distribución de cargos responsables de la impartición de justicia en el país.
En ese sentido es importante destacar la desigualdad en la proporción de mujeres juezas y magistradas, en los poderes judiciales de los estados de la República, lo cual sigue siendo uno de los principales rezagos en la construcción de relaciones más igualitarias en los poderes públicos.
De acuerdo con el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las entidades en donde existen mayores brechas en la distribución de los puestos señalados son: Chiapas, en donde la brecha es de 52 puntos porcentuales, pues 76% de los jueces y magistrados son hombres y 24% mujeres; le sigue Jalisco, donde 72.8% son hombres y 27% mujeres; en Colima, 71.8% de los jueces y magistrados son hombres, frente a 28.2% de mujeres; sigue en ese orden San Luis Potosí, con 70.7% de los jueces y magistrados hombres, frente a 29.3% de mujeres; y en quinto sitio Puebla, con 68.5% de los jueces y magistrados hombres, y 31.5% mujeres.
Legisladoras
Otro indicador de que dispone el Inegi, actualizado en su Atlas de Género a 2015, es el relativo a la composición de las legislaturas locales, en donde hay entidades en las que destaca la inequidad de género en la distribución de las curules. En primer lugar se encuentra el Congreso del estado de Nayarit, con 83.3% de los diputados hombres y 16.7% mujeres.
En segundo lugar se ubica el estado de Nuevo León, con 81% de sus diputados hombres y 19% mujeres; le siguen los estados de Querétaro y Yucatán, con 75% de los legisladores hombres y 25% mujeres, en cada uno de ellos; en cuarto sitio está el estado de Tamaulipas, con 73.3% de los diputados hombres y 26.7% mujeres; mientras que en Veracruz la proporción es de 70% de los diputados hombres y 30% mujeres.
Ayuntamientos
Si hay un espacio del poder público en México en el cual no ha logrado permear ni la perspectiva de derechos humanos ni la perspectiva de género es a nivel de gobiernos municipales. Igualmente, con datos al 2015, el Inegi documenta que en Baja California, Campeche y Quintana Roo 100% de las presidencias municipales están ocupadas por hombres.
En Zacatecas el porcentaje es de 80% hombres y 20% mujeres; en Guanajuato, Coahuila y Chihuahua el porcentaje es de 97% presidentes municipales hombres y 3% mujeres; en Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca la proporción es de 96%; en Jalisco y Nayarit la proporción de hombres es de 95%.
Destaca que el estado con menor porcentaje de alcaldías presididas por hombres en 2015 era Querétaro, con 55%; y Baja California con un porcentaje de 60%; en el resto de las entidades el porcentaje es de 70% o más, lo cual evidencia la infinita desigualdad en las oportunidades de participación política de las mujeres a nivel municipal.
Trabajo doméstico no remunerado
Otro de los espacios en donde se registra una enorme inequidad en la distribución de cargas y responsabilidades es el de los hogares; en ellos, el trabajo doméstico no remunerado es desarrollado fundamentalmente por las mujeres; en efecto, según los datos del Inegi, las cinco entidades con mayores brechas en este rubro son: Aguascalientes, en donde las mujeres aportan en promedio 60.8 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres aportan en promedio 23.5 horas a la semana. En segundo lugar se encuentra Zacatecas, con un aporte semanal de 58.4 horas de las mujeres, por semana, frente a 23.03 horas de los hombres.
En tercer sitio está Sonora, con 58.17 horas semanales aportadas por las mujeres, frente a 22.9 de los hombres; en Coahuila la diferencia es entre las 58.05 horas semanales aportadas por las mujeres, frente a 22.9 de los hombres; y en quinto sitio se encuentra Jalisco, con 55.97 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado aportado por las mujeres, frente a las 21.4 horas semanales que aportan los hombres.
