La Jornada.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la existencia de al menos seis fosas clandestinas en las que se encontraron 28 cadáveres en los municipios de Pachuca, Mineral del Chico y otros, de acuerdo con un informe del organismo de 2007 a 2016.
La CNDH reveló que estos hallazgos los hizo a pesar de la negativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de colaborar con la entrega de expedientes sobre las tumbas halladas en jales y pozos de minas. Entre agosto y septiembre de 2016, detalló, se pidió información al entonces procurador Alejandro Straffon, referente a las inhumaciones; sin embargo, el funcionario se negó a hacerlo.
De acuerdo con el Informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, de la CNDH, la falta de colaboración de Straffon constituyó un obstáculo para que la sociedad mexicana pudiera conocer con claridad el problema
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Para elaborar el capítulo correspondiente al estado de Hidalgo la CNDH recurrió al monitoreo hemerográfico de publicaciones locales y nacionales.
Respecto de personas ausentes en la entidad, la CNDH destacó que con el argumento de que en el Código Penal de Hidalgo no está catalogada la desaparición forzada de personas, Cuauhtémoc Granados, subdirector de averiguaciones previas de la PGJE, informó que no había un solo caso registrado.
El argumento esgrimido por Granados, señala la CNDH, pone de manifiesto el desconocimiento de la norma penal vigente por el citado servidor público, pues ese tipo penal sí está contemplado en el ordenamiento jurídico aludido, en específico en el artículo 322 tercero
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Con información recabada de otras fuentes, la CNDH documentó que en los 20 años recientes, en Hidalgo se tienen registros de 491 personas desaparecidas, de las cuales 233 son hombres y 258 mujeres. De éstas, 220 eran menores.
Revelaciones de zetas
Ex integrantes de la banda de secuestradores Los Cotorros –identificada como célula del grupo criminal Los Zetas– que fueron detenidos el pasado 25 de marzo tras una balacera con fuerzas federales en el rancho Dagotey de Huichapan, Hidalgo, revelaron la existencia de las fosas e incluso panteones clandestinos.
Con base en copias certifica- das de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009, iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra Daniel Viveros, éste dio a conocer la forma en que Los Cotorros secuestraban personas con ayuda de policías de varios municipios, así como la forma en que desaparecían sus cadáveres cuando los ejecutaban. En su declaración ante el agente del Ministerio Público Federal, El Dani mencionó, con detalles, que los cuerpos eran incinerados o bien arrojados en tiros de minas abandonadas de Pachuca y Mineral del Chico. Los cementerios clandestinos aludidos por el indiciado nunca fueron localizados.
No obstante, sus afirmaciones coinciden con las de Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, ex policía municipal de Pachuca detenido por secuestro y por trabajar para Los Zetas: Eran arrojados (los cuerpos) a los jales de una mina que se halla en la salida de Pachuca rumbo a Mineral del Monte
, dice el documento en el que trascribió su declaración.
Los cadáveres se deshacían no sólo arrojándolos a los jales, sino incluso utilizando fosas de cementerios rurales, añadió.
El Oso aseguró que en una ocasión, la última vez que los vi
, Eduardo Mendoza, El Moroco, y otro sujeto apodado El Fox, lugartenientes de El Mascafierros, ex jefe de plaza de Los Zetas, “me comentaron que habían conseguido tres panteones en las afueras de Pachuca (que se utilizarían) para las carnitas”.
Meses después, la PGR hizo una inspección en los tiros de una mina abandonada en un cerro de la colonia El Castillo, de Pachuca, y otra en la zona boscosa del municipio de Mineral del Chico y localizaron 10 cadáveres. Ninguno fue identificado, informó días después el entonces procurador de Hidalgo, Alberto Rodríguez Calderón.
