La Jornada.
Ciudad de México. Javier Duarte de Ochoa llegó al Quinto Tribunal de lo Penal con sede la capital de Guatemala para que se desahoge la diligencia de notificación de cargos en su contra. El ex gobernador de Veracruz iba esposado y con un chaleco antibalas.
Guatemala. En la audiencia celebrada este miércoles se le decretó reclusión preventiva al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la prisión de Matamoros, y se informará a México que tienen 60 días para formalizar la petición de extradición y que en caso de no cumplir ese lapso con la formalización, cesarán las acciones en su contra.
Los magistrados resolvieron que existe un compromiso entre Guatemala y México para entregarse a mutuamente a las personas que son perseguidas por la comisión de algún delito.
En tanto, Duarte de Ochoa, pospuso hoy su decisión sobre si acepta o no la demanda de extradición que ha presentado México a Guatemala.
Durante la dilighencia Duarte dijo: “No puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal” de extradición, dijo Duarte en la audiencia ante el tribunal que inició el procedimiento legal.
“No quiere decir que no lo voy a hacer”, agregó Duarte.
El magistrado que preside la audiencia preguntó a Duarte si se allana a la extradición o prefiere un proceso ordinario.
El ex mandatario veracruzano señaló que no es que rechace el derecho de allanarse. “Me reservo ese derecho hasta que mi defensa pueda evaluar su contenido”, señaló.
En la sala estaba presente el abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora.
El defensor guatemalteco señaló que se debe garantizar la defensa del ex gobernador tanto en Guatemala como en México, y pidió que Campuzano sea autorizado a participar como asesor de la defensa.
El tribunal aceptó la petición.
La fiscalía pidió que en esta audiencia se formalice la petición de extradición, y que se informe a México que ya se realizó dicho procedimiento.
El Ministerio Público también dijo que se debe informar a México que contará con 69 días para formalizar la solicitud de extradición, así como con la entrega de las pruebas que acreditan la comisión de delitos por parte de Javier Duarte.
